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Decreto Nacional de Telecomunicaciones

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Bs.As.

VISTO el artículo Nº 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, las Leyes Nº 19.798, Nº 22.802, Nº 23.696,

Nº 24.240, Nº 25.000 y Nº 25.156; los Decretos Nº 731/89, Nº 62/90, Nº 1185/90 y modificatorios, Nº 2284/91, Nº 264/98, Nº 266/98 y Nº 465/00; la Instrucción Presidencial del 9 de junio de 2000 y las Resoluciones SC Nº 16.200/99, Nº 92/99, Nº 2363/99, Nº 4033/99, Nº 18.971/99 y Nº 170/2000 y la Resolución Conjunta Nº 439/2000 y Nº 160/2000 del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y del MINISTERIO DE ECONOMIA y el Expediente Nº 225001138/00 del Registro del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

y 900129740016 P.N., y CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1842/87 primero, y el posterior proceso de privatización, fueron los puntos de partida para reestructurar el sector de las telecomunicaciones en la REPUBLICA ARGENTINA y establecieron las bases para abrir a la competencia un mercado que, a nivel mundial, opta por aquélla; y en el que, por efecto de la permanente innovación tecnológica, se verifica una tendencia sostenida a la diversificación en la oferta de servicios.

Que la Ley de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa, calificada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION como el "estatuto para la privatización", en su artículo 10, dispuso la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias, aunque derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación de los servicios públicos.

Que el Anexo de la citada ley incluyó a la exENTel como sujeto a privatizar y, en razón de ello, se dictó el Decreto Nº 731/89, por el que se establecieron los lineamientos para la privatización del servicio básico telefónico, modificando para ello la Ley Nº 19.798 de Telecomunicaciones.

Que el Pliego de privatización de la prestación del servicio de telecomunicaciones, aprobado por Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, cumple, al privatizar la prestación del servicio de telecomunicaciones, con el primer objetivo señalado por el legislador, estableciendo un plazo de hasta DIEZ (10) años para alcanzar con plenitud los objetivos de desregulación y desmonopolización, al haber permitido que, tan sólo durante ese período, se mantenga en

el país la prestación en exclusividad del servicio básico telefónico y de los servicios internacionales.

Que, desde el primer día de la privatización y como condición aceptada pacíficamente por todos los actores del sector, el Pliego estableció que, de otorgarse la prórroga de la exclusividad, se produciría indefectiblemente la apertura total a la competencia del mercado de las telecomunicaciones a partir del 8 de noviembre de 2000.

Que, de manera concordante con la política privatizadora, por el Decreto Nº 2284/91, ratificado por Ley Nº 24307, se adoptó en el país el régimen jurídico de la desregulación y de la desmonopolización.

Que el referido régimen, se sustenta en los principios que gobiernan la libertad de comercio, el libre acceso al mercado, la fluida y libre circulación de toda información útil, la ausencia de intervenciones que lo distorsionen y la exclusión del ordenamiento jurídico de toda disposición que favorezca los monopolios y/o privilegios.

Que, posteriormente, el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL estableció expresamente

el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Que, conforme a esos principios y normas, la República Argentina suscribió el Cuarto Protocolo

Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por Ley Nº 25.000, asumiendo el compromiso de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones, sin restricción alguna, con posterioridad al 8 de noviembre del año 2000, exceptuando los servicios satelitales.

Que el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones se encuentra sometido al cumplimiento estricto de cláusulas constitucionales, de tratados internacionales y de normas legales, tendientes a garantizar los derechos de opción de los usuarios y a establecer definitivamente la competencia, evitando toda forma de distorsión de los mercados.

Que el Decreto Nº 264/98 estableció un sistema de competencia de sólo cuatro prestadores, por un período limitado que concluye el 8 de noviembre de 2000, con limitaciones a la competencia que deben cesar para cumplir con las obligaciones de apertura irrestricta del mercado, asumidas por el Estado Nacional.

Que, asimismo, el marco regulatorio del sector, conjugado con los principios constitucionales, requiere que se adopte una regulación exenta de todo privilegio, que garantice la igualdad y la libertad de comercio y de industria en el mercado de las telecomunicaciones, sin barreras a la incorporación de nuevos operadores, ni obstáculos a la dinámica de servicios e incorporación de nuevas tecnologías.

Que el Gobierno Nacional, por imperio del bloque de legalidad y en defensa de los principios que éste instaura, ha asumido la obligación de levantar las barreras de acceso establecidas previamente; haciendo cesar privilegios explícitos o subyacentes derivados del régimen de exclusividad; estableciendo la competencia sin más transiciones, impidiendo que se mantengan rémoras de un régimen de monopolio o de competencia restringida.

Que el término perentorio e improrrogable otorgado al régimen de exclusividad o de restricción a la competencia implica, una vez cumplido, el deber de reconocer tanto los derechos adquiridos de los usuarios a consumir servicios de telecomunicaciones en un marco de libre competencia, cuanto el derecho de los prestadores, presentes o entrantes, a operar en el mercado bajo reglas competitivas claras, estables, igualitarias, no discriminatorias e imparciales.

Que la experiencia indica que en los mercados donde imperan reglas competitivas, se logra reducción de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de las actividades económicas del país.

Que los principios establecidos para el dictado del Reglamento General de Licencias, previstos por el artículo 9 del Decreto Nº 264/98, podrían provocar distorsiones que condicionen el marco de la libre competencia en el que deben desarrollarse los servicios de telecomunicaciones.

Que es rol indelegable del Estado, en esta etapa, regular para la competencia y, en el ejercicio de tal potestad, fundar toda la regulación en el derecho de los usuarios, razón última legitimante de todas y cada una de las disposiciones de la reglamentación propuesta.

Que la clave de estas reformas, en aras de la promoción de mercados competitivos, es posibilitar el ingreso de nuevos operadores a la industria de las telecomunicaciones.

Que, con relación al régimen de licencias, en un mercado liberalizado, éste debe ser lo suficientemente flexible como para facilitar la entrada de prestadores competitivos de servicios

de telecomunicaciones, de manera que garantice una competencia efectiva.

Que la apertura a la competencia debe traducirse en una amplia oferta de servicios disponibles para los consumidores, aumento de la productividad por el mayor acceso a la información y a la tecnología y fomento del desarrollo económico, en beneficio de la comunidad en general.

Que el anterior régimen establecía divisiones de servicios que no se correspondían con la evolución real de su prestación en el mundo, observándose por ejemplo, que se establecían distingos entre el servicio telefónico, los servicios de telecomunicaciones —excepto telefonía—  y los servicios de valor agregado.

Que dichas distinciones no responden a tendencias cada vez más actuales toda vez que, poco a poco, Internet —denominada red de redes— podría transformarse en servicio básico y configurar la red básica, absorbiendo en su prestación a los demás servicios de datos y de telefonía en un período relativamente corto.

Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, dada la necesidad de dictar regulaciones superadoras del régimen de transición dispuesto por el Decreto Nº 264/98, por Resolución S.C. 170/00, llevó a cabo el procedimiento de documento de consulta previsto en el artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por la Resolución S.C. Nº 57/96.

Que, en el marco de consultas referido, la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA recibió propuestas de la mayoría de los destinatarios mencionados en el artículo 4º de la Resolución S.C. Nº 170/00, así como de otros interesados, las que fueron debidamente evaluadas.

Que el régimen de licencias no debe constituir una traba, sino un incentivo a los prestadores, tanto para los ya instalados como para los que ingresen al mercado, que encuentren en él las garantías de respeto por sus inversiones y por su capacidad de propuesta de servicios, generando mecanismos responsables y suficientemente flexibles, para que el sector pueda receptar de incorporar toda innovación que permita atender mejor al usuario, haciendo a la Argentina un país líder en materia de prestación de servicios de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes.

Que diferentes actores del mercado han señalado que deben eliminarse las distinciones artificiales

vigentes entre servicio telefónico, de telecomunicaciones en general y de valor agregado, indicando que las tecnologías existentes en un momento determinado, no pueden condicionar los criterios de prestación de los servicios.

Que el esquema de licencias anterior tenía sentido cuando una empresa escogía un servicio o varios servicios específicos para prestarlos, pues por lo general, se usaban tecnologías diferentes para cada uno de ellos. Que, de mantenerse el régimen anterior, las restricciones impuestas por estas licencias limitarían, de forma artificial, los tipos de servicios que las empresas están en condiciones de brindar a sus clientes y sofocarían la aptitud de los prestadores de responder velozmente a los requerimientos de aquéllos y a una mayor demanda de servicios. Que otros actores del sector sugirieron la sustitución de licencias individuales por un esquema de licencias generales de clase, por la cual se autorizaría la provisión de cualquier combinación de servicios, conforme reglas de aplicación general. Que la mayoría de los países con larga tradición regulatoria en telecomunicaciones, como los que conforman la Unión Europea, poseen un régimen que prevé el otorgamiento de dos tipos de licencias, las individuales por servicio y las genéricas. Que, en la actualidad, la Comisión Europea propone la introducción del criterio de otorgamiento de autorizaciones generales para todos los servicios y específicas —ex individuales (para el caso de utilización de algún recurso escaso como espectro radioeléctrico o numeración)— de conformidad a "La Revisión de Telecomunicaciones de 1999 COM 1999 539". Que, dadas las actuales políticas en telecomunicaciones aplicadas por los países de vanguardia, se estima necesario establecer un régimen que permita a todo prestador responsable que esté en condiciones de invertir y contribuir a aumentar la oferta de servicios y la posibilidad de elección de los clientes y consumidores, que pueda hacerlo sin restricción alguna, tal como lo disponen los compromisos internacionales recientemente asumidos y ratificados por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.  

Que, para hacer ello posible, es necesario elaborar un régimen de licencias que resista el  paso del tiempo, en un sector en donde la convergencia tecnológica y la integración de servicios tornan impropias, en pocos meses, definiciones que imponen restricciones artificiales; que no ciña con normas rígidas a cambiantes tecnologías; que no pretenda imponer un diseño de prestación de servicios preestablecido por la Administración, en un campo en donde debe ser respetada la libre iniciativa de los prestadores, quienes sabrán adaptar sus modos de brindar servicios a las cambiantes realidades del mercado. Que el Reglamento General de Licencias aprobado por la Resolución S.C. Nº 16.200/99, y sus modificatorias, dictado en base a los pautas previstas en el artículo 9º del Decreto Nº 264/98, establece requisitos para la provisión de servicios, que implican graves obstáculos para  los operadores entrantes, en contradicción con los principios y plexo normativo citados en los anteriores considerandos. Que, asimismo, resulta incompatible con los compromisos asumidos ante la OMC, el mantener un régimen de licencias que imponga barreras o condiciones que limiten severamente el ingreso de prestadores, por lo que es imperioso substituirlo por un esquema acorde con el compromiso de apertura.

Que deviene necesario dictar un nuevo reglamento de licencias que regule en su integridad el régimen de licencias, que promueva el desarrollo del mercado, la iniciativa de los operadores e incentive la competencia, garantizando a su vez la evolución, calidad, eficiencia y continuidad de los servicios de telecomunicaciones en resguardo del interés general. Que, en lo sustancial, el Reglamento de Licencias que por el presente se aprueba confiere título para la prestación de servicios de telecomunicaciones cuyo otorgamiento es sin límite de tiempo, a requerimiento del interesado y siempre que éste cumpla con los requisitos previstos en el mismo. Que el título habilita al prestador a brindar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, con o sin infraestructura propia, en todo el territorio de la Nación Argentina y su otorgamiento es independiente de la asignación de los medios requeridos para la prestación del servicio. Que se optó por un régimen de licencia única, abierto, no discriminatorio, con un procedimiento de adjudicación transparente —a demanda—, sobre la base del cumplimiento de requisitos documentales y de información enumerados en el Reglamento, cuyo contenido no impone condicionamientos que obstaculizan el acceso al mercado de las telecomunicaciones.

Que se ha independizado la obtención de la licencia del título habilitante, del uso de determinados recursos escasos como lo son las frecuencias del espectro radioeléctrico. Que, no obstante el régimen de licencia única, el Reglamento prevé para el supuesto de prestación de servicios no informados originariamente, la obligación del prestador de informar a la Autoridad de Aplicación los nuevos servicios, que brindará al amparo del título vigente y la facultad de la Autoridad de Control de solicitar toda información aclaratoria o complementaria acerca de los servicios que el prestador se propone brindar.

Que el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento, a verificar por la Autoridad de Control, garantizan que los servicios se presten en condiciones de regularidad, continuidad, calidad y de manera no discriminatoria y que los prestadores aseguren no sólo el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en materia de equipos y aparatos, sino también el debido cumplimiento de las reglas del buen arte y calidades del servicio exigidas por las normas vigentes, así como las metas de calidad y eficiencia que defina la Autoridad de Aplicación. Que el PODER EJECUTIVO, conforme a las previsiones de los artículos 42 y 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, posee facultades para fijar las reglas bajo las cuales los operadores deben interactuar resguardando el principio de la libre competencia, en beneficio de los usuarios y consumidores en general y respecto de cada mercado en particular.

Que las previsiones del Reglamento referidas al respeto, por parte de los operadores, de las normas de la sana competencia, importan un control general y apriorístico de la actividad de quienes intervienen en el mercado de las telecomunicaciones, sin perjuicio de la potestad de los órganos de Defensa de la Competencia de actuar, a posteriori, frente a casos particulares en los que se comprueben conductas violatorias de las disposiciones de la Ley Nº 25.156. Que el capítulo de disposiciones transitorias prevé la continuidad de los servicios que se venían prestando al amparo de los títulos vigentes, cumpliendo con los términos y condiciones originales establecidos, con las adaptaciones necesarias en los casos que proceden, en orden a concretar la inserción de éstos en el régimen de liberalización total del mercado.

Que, en síntesis, las condiciones fijadas por el Reglamento de Licencias resguardan el libre acceso al mercado de los eventuales operadores, estableciendo requisitos que no son obstáculos para el desarrollo de un mercado competitivo y garantizan razonablemente, entre otros, el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) la eliminación de las restricciones que impidan el acceso de operadores al mercado de las telecomunicaciones; b) la prestación del servicio bajo requisitos técnicos y de calidad; c) el comportamiento competitivo de los operadores, los que deberán abstenerse, conforme el principio general prohibitivo contenido en la reglamentación, de incurrir en conductas anticompetitivas o de precios predatorios; d) la protección de los usuarios en todo cuanto se relaciona con la calidad, alcance y costo de los servicios; e) la interconexión de redes necesaria para asegurar la interoperabilidad de los servicios, en los términos del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) que por el presente se aprueba y f) la protección de los intereses de la defensa nacional y de la seguridad pública.

Que, por otra parte, el Decreto Nº 266/98, mediante el artículo 3º, aprobó el Reglamento General de Interconexión, por el cual se introdujeron disposiciones, pautas y principios de interconexión que deben ser modificadas por resultar contradictorias al bloque de legalidad, ya que provocan distorsiones y condicionan el marco de la libre competencia en el que deben desarrollarse los servicios de telecomunicaciones. Que el eje central del régimen de competencia, la denominada clave de bóveda, cruz del sistema, es el régimen que regula el acceso a las redes existentes, por lo que, si desaparece o se dificulta la garantía de acceso, no hay mercado ni competencia. Que la economía de la red es un medio elemental para el desarrollo de un mercado de telecomunicaciones altamente competitivo.

Que sólo un acceso expedito, eficaz y eficiente, por parte de terceros prestadores a la Red Telefónica Pública Nacional (RTPN), permitirá el desarrollo de una competencia efectiva. Que los prestadores que tienen la titularidad de la RTPN controlan recursos y facilidades indispensables, que deben estar interconectados y deben ser ínter operables, sin los cuales el desarrollo de una competencia efectiva y sostenida se transforma en una utopía. Que, entre los objetivos tenidos en cuenta por el GOBIERNO NACIONAL, al encarar el proceso de privatización de la prestación de servicios de telecomunicaciones en el país, se encontraba el de asegurar una prestación competitiva de servicios conforme lo dispuesto por los considerandos del Decreto Nº 1185/90: "…mediante el establecimiento de un sistema privado y progresivamente competitivo integrado en una red pública interconectable de extensión nacional", atribuyendo de esta manera a la RTPN la función de soporte del sistema de telecomunicaciones.

Que es en función de ello que los prestadores deben proporcionar la interconexión solicitada por terceros prestadores que necesitan, para la prestación de sus servicios y su estabilidad económica, acceso a la RTPN o a los clientes y servicios de otros prestadores. Que lo expuesto se halla estrechamente relacionado con la imposición de obligaciones positivas tendientes a prevenir comportamientos anticompetitivos por parte de los prestadores con Poder Dominante y con Poder Significativo, debido a que ciertos elementos y funciones de ésta constituyen un recurso esencial, sin cuya disposición, el acceso al mercado de nuevos prestadores resulta imposible.

Que la determinación de un marco jurídico para la interconexión debe evitar abusos de posiciones dominantes o barreras de entrada que distorsionan el mercado, permitiendo así la efectiva incorporación de nuevos prestadores y la diversificación de la oferta de servicios de buena calidad, a precios accesibles, en beneficio de los usuarios.Que, en esta instancia del proceso de apertura del sector a la competencia, resulta imprescindible establecer un marco que otorgue a los prestadores de servicios de telecomunicaciones,la posibilidad de concretar acuerdos de interconexión a precios razonables y en condiciones transparentes y no discriminatorias que garanticen la libre elección del usuario. Que, en el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que opera en el marco institucional de la OMC, nuestro país asumió una serie de compromisos específicos aplicables al sector de telecomunicaciones de los cuales se desprenden principios y definiciones relativos a la prevención de prácticas anticompetitivas; transparencia, acceso y utilización de las redes y servicios públicos en condiciones razonables y no discriminatorias; obligación de acceso y puesta a disposición de la información técnica y comercial pertinente.

Que, aún cuando el régimen jurídico anterior estableció ciertas pautas y principios para la interconexión, resulta necesario precisar y corregir su alcance y determinar las cuestiones no previstas, ya que fueron establecidas en un mercado con prestadores en régimen temporario de exclusividad y en virtud de normas de inferior jerarquía y anteriores a la Ley Nº 25.000. Que, para determinar los precios referenciales para el origen y terminación de las llamadas se tienen en cuenta los valores de la canasta de varios países (ya considerados en los cargos e interconexión vigentes), los que son actualizados y a los cuales se les agregan los valores de los precios de interconexión vigentes en la Unión Europea y Canadá. Que, en el procedimiento de consulta efectuado por la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, la mayoría del sector solicitó la adecuación del excesivo cargo de interconexión relacionándolo a costos, la ampliación de las facilidades esenciales, el mejoramiento y especificación de las condiciones de coubicación, la fijación de los plazos para las distintas etapas del convenio de interconexión y que cada una de las partes asuma los costos de los elementos de red necesarios para transportar su propio tráfico.

Que, a tal fin, es necesario que los prestadores de servicios de telecomunicaciones celebren acuerdos de interconexión basados en los principios que se establecen en el Reglamento Nacional de Interconexión que por el presente se aprueba. Que resulta útil destacar que, independientemente de los intereses de los prestadores en pugna, es el bienestar del usuario el objetivo principal de la interconexión, en la medida que ésta permite a los usuarios de una red conectarse con los usuarios de otra red o acceder a servicios prestados desde otra red.

Que, para asegurar una competencia efectiva en el mercado, la regulación para la competencia debe prever la imposición de obligaciones positivas a aquellos operadores que, por su condición de dominantes o con poder significativo, se encuentran en una posición de ventaja competitiva, respecto de sus competidores. Que la regulación en materia de interconexión, está dirigida a permitir la competencia leal, pese a las diferencias que existan, en cuanto a ventajas de infraestructura, de penetración comercial y de participación en el mercado, técnicas, financieras y de otro orden, entre los operadores dominantes, los con poder significativo y los prestadores más pequeños, para los cuales las facilidades de aquéllos son esenciales para el desarrollo de su servicio.

Que, a los fines de preservar las condiciones no discriminatorias en materia de interconexión, resulta procedente que sus precios estén orientados a costos y que éstos puedan ser fácilmente verificados, exigiéndose en la regulación a los prestadores con poder dominante y otros que la Autoridad de Aplicación determine, un sistema de contabilidad de costos, que incluya la desagregación de todos sus componentes. Que la desagregación de los distintos elementos y funciones de red, así como la identificación de aquéllos que tienen carácter de esenciales, deviene de suma importancia para la generación de un mercado altamente competitivo. Que resulta apropiado que la reglamentación contemple un procedimiento para establecer los términos y condiciones de interconexión, que privilegie el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, previsto en nuestro ordenamiento jurídico, sin dejar de contemplar las situaciones en que el acuerdo de voluntades no se verifique, habilitando, para estos casos, la intervención del regulador, a requerimiento de cualesquiera de las partes.

Que, en virtud de la razones precedentemente expuestas resulta conveniente dictar un nuevo Reglamento Nacional de Interconexión. Que, con relación al Servicio Universal, durante muchos años se ha argumentado que a raíz de la provisión en régimen monopólico del servicio telefónico, se ha alcanzado la penetración actual del servicio, por lo que cualquier reestructuración del sector, habría de operar en detrimento de los objetivos de su universalización del servicio. Que la experiencia mundial ha demostrado que cuando crece la competencia, los precios bajan y la penetración del servicio aumenta. Que el avance tecnológico puede posibilitar la conversión del cliente rural de un área remota, en uno rentable, mediante la selección de la tecnología adecuada.

Que también debe tenerse en cuenta que los clientes hasta hoy no rentables generan, para los prestadores, beneficios relacionados con las externalidades de red, así como la posibilidad de que dichos clientes cambien su condición al aumentar su consumo. Que es necesario desarrollar todas las acciones tendientes a asegurar que la prestación del Servicio Universal se desarrolle con la apertura del sector, así como determinar su alcance y los costos asociados a su prestación y financiamiento.

Que resulta conveniente asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas. Que, en ese marco, en el Reglamento General del Servicio Universal que por el presente se aprueba, se ha establecido que el propósito del Servicio Universal es lograr que aquella parte de la población que no podría recibir los servicios esenciales de telecomunicaciones en condiciones normales del mercado, tenga acceso a ellos. Que, asimismo, se establecen los principios y normas que lo rigen, los servicios que comprende, los sectores beneficiados, los prestadores obligados a brindarlo, el método de cálculo  de los costos netos de la prestación y su financiamiento.

Que, respecto del alcance del concepto, cabe señalar que la experiencia internacional demuestra que la prestación del Servicio Universal ha comenzado a comprender servicios de mayor complejidad, abarcando en algunos casos servicios de acceso a Internet. Que, en nuestro país, el estado de desarrollo de las redes y servicios no hace aconsejable extender inicialmente el Servicio Universal a otros servicios que no sean el servicio básico telefónico, sin perjuicio de que se instrumenten mecanismos de revisión de los servicios que se encuentran comprendidos, cuando el desarrollo de la competencia y la evolución tecnológica tornen imperativo garantizar el acceso de la población a un conjunto mayor de servicios de telecomunicaciones. Que se establecen mecanismos que garantizan la neutralidad competitiva, de manera de no beneficiar a ningún prestador en particular, ni privilegiar una tecnología en desmedro de otras, por lo que se prevé la instrumentación de subastas de subsidios mínimos y de financiación conjunta de servicios deficitarios, tal como lo sugiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Que el régimen del Servicio Universal: i) establece las zonas de altos costos y deficitarias cuyos clientes son elegibles a los fines de la percepción de los subsidios del Servicio Universal y ii) define: a) aquellos clientes o grupos de clientes que, por sus características de consumo, son deficitarios a los efectos de la prestación del servicio telefónico fijo, independientemente de su localización geográfica, incluyéndose a aquellos clientes que, por sus impedimentos físicos, requieren una prestación más onerosa del servicio y b) aquellos servicios de telecomunicaciones que, por razones de política nacional, el Estado decide promover —fijando por ejemplo las tarifas— y generando con ello condiciones de prestación ajenas a los estándares comerciales. Que el Servicio Universal persigue facilitar el acceso de la población al servicio telefónico fijo, así como subsidiar aquellos servicios no rentables cuyo déficit tiene su origen en los mayores costos derivados de: i) las características regionales específicas del área de prestación del servicio (zonas de altos costos) o ii) el bajo consumo de los clientes, en especial el de jubilados y/o pensionados, o iii) las condiciones de promoción tarifaria u otras condiciones de prestación definidas por el Poder Ejecutivo Nacional o iv) las condiciones onerosas de la prestación del servicio debido a las limitaciones físicas de los clientes.

Que el objeto es subsidiar a clientes de conformidad con las condiciones especificadas en los Reglamentos y no a grupos de población que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio telefónico fijo; ello así, sin perjuicio de que se ha previsto la definición de programas específicos para atender el acceso general de la población al servicio telefónico fijo a través de, por ejemplo, el desarrollo de planes de telefonía pública. Que el acuerdo suscripto por el Estado Nacional con la OMC garantiza el derecho de todo Estado miembro a definir el tipo de obligación de Servicio Universal que desea mantener, que no se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas de manera transparente, no discriminatoria, con neutralidad en la competencia y que no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de Servicio Universal definido por el Estado miembro.

Que, para el cálculo del déficit que origina al prestador el cumplimiento de las obligaciones del Servicio Universal, se ha recurrido al concepto de costos evitables, comúnmente adoptado en la práctica internacional. Que, consecuentemente, se ha definido el costo neto de la prestación de dichas obligaciones como la diferencia entre el ahorro de largo plazo que obtendría un prestador eficiente si no prestara el Servicio Universal y los ingresos directos e indirectos que le produce su prestación, incrementando estos últimos con los beneficios no monetarios derivados de las ventajas inmateriales obtenidas por el prestador por brindar el Servicio Universal. Que, tal como lo aconseja la experiencia mundial, para el cálculo de los costos incrementales de largo plazo de la prestación, se utilizará un modelo de cálculo ingenieril compatibilizando as técnicas contables empresarias, asignando costos para los diferentes servicios según generadores de costos predeterminados (descendente) con las de ingeniería económica destinada a la agregación de elementos y funciones de red (ascendente).

Que, por ello, es conveniente el dictado de un nuevo Reglamento General del Servicio Universal Que, ante las modificaciones efectuadas en el mercado de las telecomunicaciones, resulta imprescindible marcar un nuevo punto de partida para la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Que, a efectos de hacer realidad la apertura a la competencia de los servicios de telecomunicaciones, es necesario el dictado de normas que garanticen la asignación competitiva del

espectro radioeléctrico, como vehículo que asegure la libre elección de los consumidores, así como la publicidad de las asignaciones que se efectúen. Que, en relación al espectro radioeléctrico, se dispone que todo procedimiento para su asignación y utilización debe realizarse de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Que la naturaleza escasa y limitada del espectro radioeléctrico requiere una administración razonable y transparente que, a efectos de la asignación de sus frecuencias, resguarde: i) la igualdad de condiciones de acceso como, ii) la concurrencia y selección competitiva de prestadores de servicios de radiocomunicaciones y usuarios allí donde sea aplicable y iii) su uso eficiente.

Que, en materia de gestión del espectro radioeléctrico, bien considerado como patrimonio común de la humanidad, el ESTADO NACIONAL debe administrarlo dinámicamente, de la manera más eficaz, eficiente y racional posible, a fin de que su atribución y uso por parte de los usuarios permitan el mejor aprovechamiento posible en beneficio de los ciudadanos, adaptándose a las diferentes etapas de la evolución tecnológica. Que corresponde respetar el principio de llamado a concurso toda vez que hubiere o pudiere preverse escasez de frecuencias, así como la imparcial y razonable evaluación y selección de los adjudicatarios, disponiendo la inmediata publicidad de los procedimientos y otorgamiento. Que, para transparentar los procesos de gestión del espectro radioeléctrico resulta conveniente dar a publicidad el estado de ocupación de las bandas de frecuencias, así como implementar las pautas para un adecuado seguimiento y fiscalización en el cumplimiento de las obligaciones y condiciones emergentes de los permisos de uso.

Que la reglamentación en la materia no respondía a los principios precedentemente expuestos. Que, en razón de ello, resulta conveniente el dictado de un nuevo Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico. Que es firme convicción del GOBIERNO NACIONAL que la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, generará importantes inversiones que redundarán en la creación de fuentes de trabajo y en la creación de recursos que podrán ser redistribuidos por vía impositiva entre los distintos sectores de la sociedad. Que es preciso crear equipos de profesionales y técnicos especializados en el ámbito de la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMIA que complementen a los ya existentes en la SECRETARIA DE COMUNICACIONES y en la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. Que a efectos de dotar a la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR de los recursos que le permitan asumir las tareas que le son encomendadas,así como de fortalecer a las Autoridades de Aplicación y de Control de los reglamentos que por el presente se aprueban, para el mejor cumplimiento de sus fines, al iniciarse un período de una notable expansión del mercado de las telecomunicaciones, de los prestadores de servicios, así como de la introducción de nuevas tecnologías y prestaciones, en beneficio del usuario, se establece una asignación permanente de fondos.

Que en ejercicio de las funciones que prevé el artículo 104 inciso i) de la Ley Nº 24.156, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, se expidió en respuesta al pedido de asesoramiento solicitado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Que en virtud de dicho asesoramiento, se han introducido en los Reglamentos que por el presente se aprueban, las adaptaciones que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha considerado convenientes, al amparo del marco regulatorio del sector conjugado con los principios constitucionales que requieren se adopte una regulación exenta de todo privilegio, que garantice la igualdad y la libertad de comercio y de industria en el mercado de las telecomunicaciones, sin límites a la incorporación de nuevos operadores y tecnologías, ni obstáculos a la dinámica de servicios. Que conforme lo prescribe el artículo 14 de la Ley Nº 23.696 e Instrucción Presidencial de fecha 09/06/00, ha tomado la intervención que le compete la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES, expidiendo su dictamen. Que dicho dictamen introduce recomendaciones relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones en el marco de la apertura de la competencia y ha sido tenido en cuenta en la redacción final de los reglamentos que por el presente se aprueban. Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, juntamente con la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMIA, han elevado al PODER EJECUTIVO NACIONAL los reglamentos que por el presente se aprueban (Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, Reglamento Nacional de Interconexión, Reglamento General del Servicio Universal y, Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico), juntamente con un informe debidamente fundado.

Que ha intervenido el PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION como asesor jurídico de la REPUBLICA ARGENTINA. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 19.798, la Ley 23.696 y el artículo 99 incisos 1º y 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase el Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, que como ANEXO I forma parte del presente.

Art. 2º — Apruébase el Reglamento Nacional de Interconexión, que como ANEXO II forma parte del presente.

Art. 3º — Apruébase el Reglamento General del Servicio Universal, que como ANEXO III forma parte del presente.

Art. 4º — Apruébase el Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, que como ANEXO IV forma parte del presente.

Art. 5º — Establécese, a partir del 1 de enero de 2001, una asignación permanente de recursos tal como se indica a continuación: de la totalidad de los ingresos obtenidos en concepto de la tasa de control, fiscalización y verificación, establecida en el artículo 11 del Decreto Nº 1185/90, sumándose el TREINTA POR CIENTO (30%) de los ingresos obtenidos por las tasas, derechos, aranceles y cánones por uso del espectro radioeléctrico, se asignará un TREINTA POR CIENTO (30%) a la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR y un SETENTA POR CIENTO (70 %) a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES y COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES.

 Art. 6º — Deróganse el artículo 9º del Decreto Nº 264/98 y las siguientes Resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones: Nº 16.200/99, 92/99, Nº 2363/99 y Nº 4033/99.

Art. 7º — Deróganse los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 266/98.

Art. 8º — Derógase la Resolución Nº 18.971 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, del 5 de julio de 1999 y sus modificatorias.

Art. 9º — Deróganse las Resoluciones Nº 163 del 25 de octubre de 1996, Nº 3.738 del 30 de diciembre de 1997, Nº 432 del 12 de febrero de 1998 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES y sus respectivas modificatorias y otras disposiciones que se opongan al presente.

Art. 10. — Las disposiciones del presente Decreto regirán a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

     DE LA RUA. — Rodolfo H. Terragno. — José L. Machinea. — NIcolás V. Gallo.

 

ANEXO I

REGLAMENTO DE LICENCIAS PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

INDICE

Artículo 1. Objeto del Reglamento

Artículo 2. Competencias

Artículo 3. Definiciones

Artículo 4. Principios Generales

Artículo 5. Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones

Artículo 6. Otorgamiento de la licencia

Artículo 7. Proveedores de facilidades de telecomunicaciones a prestadores

Artículo 8. Reventa

Artículo 9. Requisitos para la obtención de la licencia

Artículo 10. Obligaciones de los prestadores

Artículo 11. Tarifas

Artículo 12. Separación Contable de los Servicios

Artículo 13. Cesión o transferencia de la licencia

Artículo 14. Areas locales del servicio básico telefónico de baja teledensidad.

Artículo 15. Costos de tramitación de las solicitudes de licencia

Artículo 16. Sanciones. Condiciones de caducidad de las licencias

Artículo 17. Disposiciones Transitorias

Artículo 1. Objeto del Reglamento

El objeto del presente Reglamento es establecer los principios y disposiciones que regirán el otorgamiento de las licencias y la prestación de servicios de telecomunicaciones, excluyendo la prestación de los servicios de radiodifusión, los que están regidos por la ley N. 22.285 y sus normas modificatorias y complementarias.

Artículo 2. Competencias.

2.1. La modificación de este Reglamento se realizará por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención previa, conjunta, de las Secretarías de Comunicaciones y de Defensa de la Competencia y del Consumidor.

2.2. Cuando se menciona la Autoridad de Aplicación, y se trate de los siguientes temas, se entenderá que ésta resolverá e interpretará, en forma conjunta, con la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor:

a) Diseño de los parámetros económicos de las subastas para adjudicación de frecuencias.

b) Análisis de la metodología de identificación para la existencia de subsidios cruzados.

c) Análisis y modificación de la Estructura General de Tarifas.

d) Elaboración de los reglamentos de clientes de servicios de telecomunicaciones

e) Comprobación de la existencia de competencia efectiva según los apartados 11.7 y 11.8 de este Reglamento.

f) Definición de normas sobre separación contable y sistemas de información.

g) En caso de transferencia o cesión de la licencia en los términos y con los alcances previstos en la Ley Nº 25.156 y en su declaración de caducidad. En aquellos casos que no se refieran a los ítems mencionados en este apartado, resolverá e interpretará exclusivamente la Autoridad de Aplicación.

2.3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, los Ministerios a los que pertenezcan las dos Secretarías respectivamente, pueden, a través de una resolución única, decidir otros casos en los que ambas Secretarías deban resolver en forma conjunta.

Artículo 3. Definiciones

A los fines del presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:

Area del Prestador Histórico: Zona geográfica definida, para la prestación del servicio básico telefónico, según las licencias otorgadas a las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico, conforme el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios.

Area Local del Servicio Básico Telefónico: Zona geográfica de prestación en la cual el tráfico telefónico del Prestador Histórico se cursa sin un prefijo de acceso al servicio de larga distancia —nacional e internacional— independientemente de que dicho tráfico se origine o termine en su red de telecomunicaciones, alámbrica o inalámbrica y por el que se cobra una tarifa independiente de la distancia.

Areas del Prestador: Zonas geográficas definidas libremente por el Prestador para la prestación de sus servicios.

Autoridad de Aplicación: Es la Secretaría de Comunicaciones.

Autoridad de Control: Es la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Cliente: Es el Usuario vinculado contractualmente a un prestador.

Operadores Independientes: Los licenciatarios del servicio básico telefónico en áreas locales, conforme fueran definidos en el Capítulo XIX del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Decreto N. 62/90 y sus modificatorios.

Prestador: Es el licenciatario de servicios de telecomunicaciones.

Prestador con Poder Significativo: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Significativo en la prestación de un servicio, cuando los ingresos generados por su prestación superen el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

Prestador con Poder Dominante: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Dominante en la prestación de un servicio cuando los ingresos generados por su prestación superen el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio de que se trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

Prestador Histórico: Se consideran tales a cada una de las licenciatarias del servicio básico telefónico (LSB) en la región norte o sur, en los términos del Decreto Nº 2347/90 y del Decreto Nº 2344/90, respectivamente.

Red Pública Nacional de Telecomunicaciones: está constituida por el conjunto de redes por las que transita la correspondencia pública de telecomunicaciones, la que debe permitir la comunicación de los Usuarios desde o hacia cualquier otro servicio o red pública de telecomunicaciones, nacional o internacional.

Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radio electricidad, medios ópticos y/u otros sistemas electromagnéticos,

Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área.

Usuario: es toda persona física o jurídica que utiliza los servicios de un Prestador.

Artículo 4. Principios Generales

4.1. as licencias se otorgan sin límite de tiempo, a demanda y en forma reglada, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente Reglamento y habilitan a la prestación al público de cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia.

4.2. Las licencias que se otorguen tendrán validez en todo el territorio de la Nación Argentina.

4.3. El otorgamiento de la licencia es independiente de la existencia y asignación de los medios requeridos para la prestación del servicio. Si un servicio requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, la licencia no presupone la obligación del Estado Nacional de garantizar su disponibilidad. La autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá tramitarse ante la Autoridad de Aplicación de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico vigente y en la demás normativa aplicable.

4.4. La prestación de los servicios es independiente de la tecnología o medios utilizados para ofrecerlos. El Prestador podrá seleccionar libremente la tecnología y la arquitectura de red que considere más adecuada para la eficiente prestación del servicio.

4.5. En caso que un servicio requiera la utilización de espacios de dominio público, la licencia no presupone la obligación de la autoridad de garantizar su disponibilidad. La Autoridad de Aplicación hará sus mejores esfuerzos para que dicho recurso sea asignado por la autoridad competente en la materia.

4.6. Los prestadores de servicios de radiodifusión podrán solicitar a la Autoridad de Aplicación el otorgamiento de una licencia en los términos del presente Reglamento.

4.7. Conforme a la normativa de fondo vigente, no se establece restricción alguna para la participación de capitales extranjeros en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

4.8. Los Prestadores podrán iniciar la prestación de los servicios de telecomunicaciones una vez que éstos hayan sido registrados.

Artículo 5. Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones

Se establece una licencia única para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con  las siguientes características:

5.1. Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones: habilita a la prestación al público de todo servicio de telecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional,con o sin infraestructura propia.

5.2. Si la prestación del servicio de telecomunicaciones al público requiere el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico como elemento constitutivo del servicio a brindar, el Prestador deberá tramitar, ante la Autoridad de Aplicación, el otorgamiento de la correspondiente autorización y/o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico vigente y en la demás normativa aplicable.

5.3. Si el Prestador optara en el futuro por brindar un nuevo servicio de telecomunicaciones, distinto del originariamente informado, deberá poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación tal decisión con no menos de TREINTA (30) días de anticipación a la fecha en que prevé la iniciación del servicio. Dicha presentación deberá contener la información que se indica en el apartado 9.2. del presente Reglamento. Dentro de los VEINTE (20) días de efectuada la presentación, la Autoridad de Aplicación, a través de la Autoridad de Control, podrá requerir al Prestador la información adicional o aclaraciones que resulten necesarias. Cumplido satisfactoriamente el trámite de presentación, la Autoridad de Aplicación procederá a registrar el nuevo servicio.

5.4. La Autoridad de Aplicación llevará un registro de los servicios que brinde cada Prestador, el que será publicado en su página institucional de Internet.

Artículo 6. Otorgamiento de la licencia

6.1. La Autoridad de Aplicación otorgará la licencia una vez que el solicitante hubiera acompañado la totalidad de la información y/o documentación que se indica en el artículo 9 del presente Reglamento, registrando los servicios a brindar.

6.2. La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, respecto de la solicitud de licencia, dentro del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud por parte del peticionante, salvo en aquellos casos en que la Autoridad de Aplicación hubiera requerido al solicitante información y/o documentación aclaratoria y/o complementaria en los términos del punto 5.3. del presente, en cuyo caso, el cómputo del plazo indicado precedentemente se reiniciará a partir de la fecha de presentación de la información y/o documentación solicitada.

6.3. La Autoridad de Aplicación comunicará las razones de la denegación de la licencia.

Artículo 7. Proveedores de facilidades de telecomunicaciones a Prestadores

7.1 El arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a Prestadores de servicios, requerirá la titularidad de una licencia de servicios de telecomunicaciones.

7.2 La mera autorización otorgada a Prestadores, gratuita u onerosa, de "derechos de vía", de elementos o bienes ajenos a la prestación de servicios de telecomunicaciones, no requerirá la titularidad de la mencionada licencia.

Artículo 8. Reventa

8.1 Los interesados que deseen revender a terceros servicios de telecomunicaciones ofrecidos por un Prestador, deberán previamente obtener una licencia de servicios de telecomunicaciones.

8.2 Los Prestadores que revendan servicios de telecomunicaciones deberán ofrecerlos indicando claramente las condiciones de calidad del servicio ofrecido.

8.3 El Prestador que revenda servicios de telecomunicaciones es responsable ante su Cliente por la prestación del servicio, por lo que se hace pasible de aplicación del régimen sancionatorio respectivo.

Artículo 9. Requisitos para la obtención de la licencia

Para obtener una licencia deberá efectuarse ante la Autoridad de Aplicación una presentación, suscripta por una persona con facultades suficientes para ello, que contenga la siguiente información y/o documentación:

9.1 Documentación personal y societaria

a) Instrumento que acredite la personería de quien suscribe la presentación. b) En el caso de personas jurídicas: copias certificadas por escribano público del acta constitutiva, estatutos o contratos sociales y todas sus reformas, con la respectiva constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio, CUIT y copia de las inscripciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); nómina y copia, bajo declaración jurada de su autenticidad, de los instrumentos que acrediten la designación de las autoridades vigentes. Balance o estado patrimonial correspondiente al último ejercicio anual, certificado por profesional en ciencias económicas, con su firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo. En el caso de sociedades cuya antigüedad fuere inferior a un ejercicio, deberá presentarse un estado de situación patrimonial certificado, con las mismas formas que las previstas para los balances. c) Las sociedades extranjeras deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 118 y concordantes de la Ley de Sociedades Nº 19.550. d) En el caso de personas físicas: apellido y nombre completos; tipo y número de documento; CUIT y copia de las inscripciones en el Registro Público de Comercio y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); domicilio legal; declaración patrimonial firmada y certificada por un contador público nacional, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo Profesional respectivo; certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con una antigüedad no mayor a NOVENTA (90) días corridos, contados desde la fecha de la presentación. La firma del solicitante deberá estar certificada ante escribano público y legalizada por el Colegio Profesional respectivo. No se otorgarán licencias a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos y cuya pena no se hubiera cumplido. e) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, respecto de cualquier incidencia que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir o derivar, frente a la Autoridad de Aplicación o la Autoridad de Control, de su actuación como Prestadores. f) Declaración jurada por la que el peticionante manifiesta conocer y se obliga a cumplir todas las normas del marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones. Esta declaración deberá ser suscripta por un representante del Prestador con facultades suficientes para tal acto, debiendo la firma y la personería estar certificada por escribano público. g) Declaración jurada por la que el peticionante se compromete a adoptar sistemas y procedimientos de seguridad, tendientes a resguardar la confidencialidad de las comunicaciones que se cursen por medio de sus instalaciones y equipos, conforme las reglas del buen arte. Esta declaración deberá ser suscripta por un representante del Prestador, con facultades suficientes para tal acto, debiendo la firma y la personería estar certificadas por escribano público.

9.2 Información de los servicios a brindar.

a) Descripción de los servicios a brindar, objetivos y modalidades.

b) Plan Técnico y cronograma para los TRES (3) primeros años, que contenga la descripción y ubicación de la red que utilizará para brindar su servicio. Si el solicitante no tuviera experiencia previa en la prestación de servicios de telecomunicaciones, el Plan Técnico deberá ser presentado por un ingeniero matriculado con competencia técnica en la materia.

c) Descripción de la cobertura geográfica prevista para los TRES (3) primeros años. Para el caso de los servicios telefónicos se deberán presentar mapas indicando las Areas del Prestador donde se ofrecerá el mismo.

d) Plan de Inversión. Se deberá informar el programa de inversiones generales a efectuar, así como las inversiones en materia de instalación y operación de la red para los TRES (3) primeros años. El Plan de Inversión deberá ser consistente con el Plan Técnico presentado. De no ser consistente, el o los servicios informados, no podrán ser registrados.

e) El registro del servicio no podrá efectuarse si el Plan de Inversión y el Plan Técnico presentados, tomando en cuenta la o las áreas a cubrir y las exigencias del servicio a prestar, no fueran consistentes con la información económica brindada por el solicitante acerca de los recursos propios y de terceros, previstos de obtener, así como de los ingresos futuros por la prestación del servicio.

9.3 Una vez recibidas las solicitudes y previo a que la Autoridad de Aplicación dicte resolución, la Autoridad de Control podrá requerir al solicitante la información o aclaraciones que considere convenientes sobre su solicitud o sobre los documentos adjuntos a los que se refiere el presente artículo.

9.4 No es requisito que la sociedad solicitante de la licencia tenga como objeto social exclusivo la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 10. Obligaciones de los Prestadores

Todo Prestador deberá:

10.1 Obligaciones Generales

a) Iniciar la prestación de los servicios registrados, dentro del plazo de DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha de su registración, salvo que la Autoridad de Aplicación haya otorgado prórroga expresa. Los servicios registrados deberán prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, calidad y respetando el principio de no discriminación.

b) Suministrar anualmente a la Autoridad de Control, datos relevantes acerca de la prestación de sus servicios, como ser su cobertura, número de Clientes por Area del Prestador, minutos de tráfico,ingresos totales y toda otra información que la Autoridad de Aplicación o de Control le solicite en forma general.

c) Suministrar anualmente a la Autoridad de Control, información respecto del estado de implementación del Plan Técnico y del Plan de Inversiones y en su caso, de las adecuaciones de aquéllos.

d) Informar a la Autoridad de Control acerca de cualquier falla o interrupción en el servicio que afecte al CINCO POR CIENTO (5 %) de Clientes o QUINIENTOS (500) Clientes, el que fuera mayor, y que superara los CIENTO VEINTE (120) minutos de duración. La mencionada información deberá ser suministrada dentro de los TRES (3) días, contados a partir del acaecimiento de dichas circunstancias.

e) Abonar la tasa en concepto de control, fiscalización y verificación, equivalente a CINCUENTA CENTESIMOS PORCENTUAL (0,50%) de los ingresos totales devengados por la prestación de susservicios, netos de los impuestos y tasas que los graven, excepto la prevista en este apartado, según lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 1185/90.

f) Realizar las inversiones para el desarrollo del Servicio Universal, a brindar por sí o por intermedio de terceros, por los montos y conforme los mecanismos establecidos en el Reglamento de Servicio

Universal vigente.

g) Asegurar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en materia de equipos y aparatos de telecomunicaciones y de los requisitos técnicos que, en cada caso, resulten aplicables.

h) Prestar los servicios cumpliendo debidamente las reglas del buen arte y las calidades de servicio exigidas por las normas vigentes. Los Prestadores deberán cumplir con las metas de calidad y eficiencia que defina la Autoridad de Aplicación.

i) Adoptar las medidas necesarias para:

1. asegurar el funcionamiento adecuado de sus instalaciones,

2. no interferir a otros servicios o Cliente y/o Usuarios,

3. garantizar la seguridad de los bienes y de las personas,

j) Atender a los requerimientos en materia de defensa nacional y de seguridad pública que le sean formulados por las autoridades competentes.

k) Cumplir con las obligaciones derivadas del Reglamento General del Servicio Universal, del Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, del Reglamento Nacional de Interconexión, del Plan Fundamental de Numeración, del Plan Fundamental de Señalización, del Reglamento de Tarifas cuando fuere aplicable, del Reglamento de Calidad de Servicio, y toda otra norma y/o Reglamento aplicable a los servicios de telecomunicaciones.

l) Obtener autorización previa de la Autoridad de Aplicación, con dictamen previo de la Autoridad de Control, ante cualquier modificación de las participaciones accionarias en las sociedades titulares, que impliquen la pérdida del control social en los términos del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 25.156, la que no le podrá ser denegada si el Prestador transferente:

i) ha cumplido con los compromisos asumidos con el Estado Nacional para la prestación del servicio de telecomunicaciones;

ii) no registrare deuda alguna con el Estado Nacional referida a:

a) La tasa establecida por los artículos 10 y 11 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios.

b) Los derechos y aranceles establecidos por el Reglamento de Administración, Gestión y Control

del Espectro Radioeléctrico.

iii) acredite el cumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso f) del presente artículo.

iv) hubiere dado cumplimiento a los requisitos y condiciones que su título original establece para

el cambio del control social.

v) haya obtenido, en su caso, la autorización para el cambio del control en la sociedad titular de la autorización y/o permiso de uso de frecuencias radioeléctricas en los términos de la reglamentación correspondiente.

El adquirente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 9.1. del presente Reglamento. La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, respecto de la solicitud de modificación de las participaciones accionarias que importen las condiciones previstas en el punto l) del presente artículo, dentro del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de la misma.

m) Mantener actualizada la información y/o documentación que corresponda, presentada en los términos del apartado 9.1. del presente artículo.

10. 2 Obligaciones hacia los prestadores:

a) Interconectarse a la Red Pública Nacional de Telecomunicaciones y permitir la interconexión de sus redes y servicios a otros Prestadores en los términos del Reglamento Nacional de Interconexión.

b) De ser requeridos, dar en arrendamiento a otros Prestadores todo segmento libre de sus ductos terrestres y todo espacio libre en los mástiles de antenas radioeléctricas que le pertenezcan, si fuera técnicamente factible y si la construcción de nuevos ductos o mástiles de antena fuera inconveniente debido a razones relacionadas con la protección del medio ambiente, la zonificación urbana o la planificación regional, y/o si los canales de cable y los espacios de antena no resultaren razonablemente necesarios para satisfacer las necesidades presentes y futuras del titular de dichas facilidades y de los Clientes y/o Usuarios de aquél. El arriendo deberá retribuirse en las formas y modos propios del mercado.

c) Respetar los principios de sana competencia, no incurrir en conductas anticompetitivas, prácticas predatorias y/o discriminatorias, conforme lo establecido en la legislación vigente. El incumplimiento de lo aquí indicado, será considerado falta grave a los efectos del régimen sancionatorio  

10. 3 Obligaciones hacia los Clientes y/o Usuarios

a) Garantizar a los Clientes y Usuarios los derechos que les corresponden, de acuerdo con la

normativa aplicable.

b) Garantizar a los Clientes y Usuarios la transparencia de la información y de las condiciones de

contratación, así como la publicidad de los precios de los servicios que presten, sin establecer condiciones

irrazonables que impidan el ejercicio de la libertad de opción entre Prestadores.

c) Garantizar a los Clientes y Usuarios la confidencialidad de los mensajes transmitidos y el secreto

de las comunicaciones.

d) Ofrecer a sus Clientes y Usuarios, toda vez que se trate de un servicio telefónico o si la naturaleza

del servicio lo requiriera, el acceso a servicios de llamadas gratuito para emergencia, policía, bomberos,

ambulancias y relativas a siniestros de navegación. Si se encontrare disponible, este servicio deberá

ofrecerse con numeración uniforme de carácter nacional, dentro de lo técnicamente posible.

Artículo 11. Tarifas

11.1 Los Prestadores podrán fijar libremente las tarifas y/o precios de los servicios brindados,

para categorías objetivas de Clientes, las que deberán aplicarse con carácter no discriminatorio, garantizando

la transparencia de los precios que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al

público.

11.2 Los Prestadores con Poder Dominante se sujetarán a las pautas establecidas por el artículo

26 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios. Los demás Prestadores deberán informar, a requerimiento

de la Autoridad de Control, sus planes generales de tarifas y promociones.

11.3 Los Prestadores podrán establecer libremente los períodos de facturación, siempre que sean

regulares y sus condiciones se ajusten a lo dispuesto por la Ley Nº 24.240.

11.4 La Autoridad de Aplicación, con criterio general y no discriminatorio, podrá ajustar los servicios

de los Prestadores a las pautas establecidas en el artículo 26 del Decreto N. 1185/90 y sus

modificatorios.

11.5 Si no existiera competencia efectiva, en la prestación de los servicios de telefonía local, de

telefonía de larga distancia nacional o de telefonía internacional, en cada Area Local del Servicio

Básico Telefónico, los Prestadores de dichas Areas deberán respetar las tarifas máximas establecidas

en la Estructura General de Tarifas, como lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N. 62/90 y modificatorios.

Por debajo de los valores establecidos por la Estructura General de Tarifas, los Prestadores

referidos podrán determinar libremente sus tarifas, por áreas, rutas, tramos de larga distancia y/o

grupos de clientes.

11.6 Los Prestadores Históricos tendrán libertad para la fijación de tarifas del servicio de telefonía

local, o de larga distancia nacional, o de larga distancia internacional, en un Area Local del Servicio

Básico Telefónico, una vez que exista competencia efectiva.

11.7 Para demostrar la existencia de competencia efectiva, el Prestador Histórico interesado deberá

presentar a la Autoridad de Aplicación un dictamen que demuestre que otro u otros Prestadores

de un mismo servicio, han alcanzado el veinte por ciento (20%) de los ingresos totales, generados por

los Prestadores de dicho servicio en el Area Local del Servicio Básico Telefónico en cuestión. Dicho

dictamen deberá ser emitido por un auditor externo en telecomunicaciones, de primer nivel nacional o

internacional, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación. Esta podrá requerir al Prestador y/o a terceros

la información aclaratoria y/o complementaria que estime necesaria. Una vez aprobado el dictamen,

la competencia efectiva se considerará iniciada desde el primer día del próximo período de

facturación del servicio.

11.8 Aunque no se verificara aún el supuesto previsto en el apartado precedente, se considerará

que existe competencia efectiva en la prestación del servicio de larga distancia nacional, o del internacional,

para las llamadas originadas en un Area Local del Servicio Básico Telefónico, si los Clientes y/

o Usuarios en dicha Area pueden elegir Prestador, mediante la modalidad de selección por marcación,

entre más de dos (2) Prestadores del servicio de que se trate, si, cada uno de ellos, ofreciera más de

un destino de larga distancia.

11.9 Los Prestadores de servicios de telefonía deberán informar trimestralmente, a la Autoridad

de Control, los ingresos obtenidos, desagregados por Area Local del Servicio Básico Telefónico y por

servicio de telefonía local, de larga distancia nacional, o internacional. Esta información estará a disposición

de los Prestadores, debiendo ser publicada en la página institucional de Internet de cada Prestador.

Artículo 12: Separación Contable de los servicios

12.1 Los Prestadores de servicios de telefonía local y de larga distancia, nacional e internacional,

deberán tener un régimen de separación de cuentas y de contabilidad de costos según los términos

previstos en la Resolución Nº 26.874 SC/96 y sus modificatorias, toda vez que dichos servicios sean

técnicamente identificables. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación podrá extender esta obligación

a otros Prestadores, estableciendo los criterios y condiciones de la contabilidad de costos que

correspondan.

12.2 Todo Prestador, cuyo objeto social admita otras actividades distintas a la prestación de servicios

de telecomunicaciones, deberá tener para estas últimas, un régimen de separación de cuentas y

de contabilidad de costos acorde a las pautas, criterios y condiciones que establezca la Autoridad de

Control. En su caso, serán de aplicación los términos previstos en la Resolución SC Nº 26.874/96 y

sus modificatorias.

Artículo 13. Cesión o transferencia de la licencia

13.1 El Prestador podrá ceder o transferir la licencia, previa autorización de la Autoridad de Aplicación,

la que no le podrá ser denegada si el Prestador transferente o cedente:

i) no registra deuda alguna con el Estado Nacional en concepto de:

a) tasa establecida por el artículo 11 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios;

b) derechos y aranceles establecidos por el Reglamento General de Administración, Gestión y

Control del Espectro Radioeléctrico

ii) ha realizado las inversiones previstas en el inciso f) del apartado 10.1. del presente Reglamento;

iii) ha cumplido con los compromisos asumidos con el Estado Nacional relacionados con la prestación

del servicio de telecomunicaciones; y

iv) ha dado cumplimiento a los requisitos y/o condiciones que su título original impone a la cesión

o transferencia de su licencia, en caso de corresponder;

v) ha obtenido, en su caso, la autorización para la transferencia de la autorización y/o permiso de

uso de frecuencias radioeléctricas en los términos de la reglamentación correspondiente; y

siempre que el Prestador cesionario:

a) hubiera presentado la información requerida por el apartado 9.1. el presente Reglamento.

b) manifieste y acepte, bajo declaración jurada, que conoce y se obliga a cumplir todas las obligaciones

asumidas por el Prestador cedente, con motivo de la licencia objeto de la cesión.

13.2. La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, respecto de la solicitud de cesión o transferencia

de la licencia, dentro del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de presentación

de la misma.

13.3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 13.1., los Prestadores Históricos, conforme al

Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, deberán respetar las normas que sobre la materia les rige

según las licencias oportunamente otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Areas Locales del Servicio Básico Telefónico de baja Teledensidad

14.1 Todo Prestador, incluido el Prestador Histórico y los Operadores Independientes, que brinde

el servicio de telefonía local fijo, y/o móvil, y/o de Internet, en las Areas Locales del Servicio Básico

Telefónico, cuya Teledensidad fuere igual o inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %), estará exento de:

i) el pago de la tasa establecida por el artículo 11 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios,

únicamente respecto de los ingresos devengados por la prestación del servicio telefónico local fijo y/o

de Internet en el Area del Servicio Básico Telefónico de que se trate, y

ii) cumplir con las obligaciones de inversión para el desarrollo del Servicio Universal establecidas

en el inciso "f" del apartado 10.1. del presente reglamento, únicamente respecto de los ingresos devengados

por la prestación del servicio telefónico local fijo y/o de Internet en el Area del Servicio

Básico Telefónico de que se trate.

14. 2 A fin de determinar la Teledensidad de las Areas Locales del Servicio Básico Telefónico

iguales o inferiores al QUINCE POR CIENTO (15 %), la Autoridad de Aplicación requerirá anualmente

que los Prestadores Históricos, para cada una de esas Areas, presenten una declaración jurada, avalada

por un dictamen técnico de un auditor externo, de primer nivel, que indique la Teledensidad alcanzada.

Los nuevos prestadores de telefonía local que se acojan a dicho régimen deberán informar,

anualmente, el número de líneas fijas de telefonía básica instaladas en dichas áreas. Si la información

recibida fuera satisfactoria, a criterio de la Autoridad de Aplicación, el o los Prestadores de los servicios

indicados se considerarán incluidos en lo establecido por el apartado 14.1 precedente. Dicha información

será transmitida al Consejo de Administración del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

14.3 Los Operadores Independientes gozarán de las dos exenciones establecidas en el apartado

14.1, respecto de todos los servicios de telecomunicaciones brindados en el área de prestación correspondiente

a su licencia original, a partir del 1 de enero de 2001.

Artículo 15. Costos de tramitación de las solicitudes de licencia

Los solicitantes de una licencia de servicios de telecomunicaciones deberán, para iniciar los trámites

para la obtención de la licencia, abonar a la Autoridad de Control la suma de CINCO MIL PESOS

($5.000) en concepto de costos de tramitación, la que percibirá los montos por cuenta y orden de la

Autoridad de Aplicación.

Artículo 16. Sanciones. Condiciones de caducidad de las licencias.

16.1 Será de aplicación en materia de infracciones, sanciones y procedimientos lo establecido en

el artículo 38 del Decreto Nº 1185/90, sus modificatorios y lo previsto a continuación.

16.2 La Autoridad de Aplicación podrá declarar la caducidad de las licencias conferidas en los

términos del presente Reglamento, ante el acaecimiento de alguna de las siguientes causales:

16.2.1. La verificación de que el Prestador no brinde al público uno o más de los servicios registrados,

pasados DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de su registración, salvo que la Autoridad de

Aplicación haya otorgado prórroga expresa, en cuyo caso, dicho plazo se computará a partir de su

vencimiento.

16.2.2 La interrupción total de los servicios;

16.2.3 Falta reiterada de pago de:

a) las tasas establecida por los artículos 10 y 11 del Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios, y

b) los derechos y aranceles establecidos por el Reglamento General de Administración, Gestión y

Control del Espectro Radioeléctrico;

16.2.4 Incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el inciso f) del apartado 10.1.

del presente Reglamento;

16.2.5 Cesión o transferencia a terceros de la licencia o el cambio de control social, que no hubiera

sido autorizada previamente por la Autoridad de Aplicación, conforme lo previsto por el inciso m) del

apartado 10.1. y el artículo 13 del presente Reglamento;

16.2.6 Todo acto jurídico, cualquiera fuera su naturaleza o modo, de los Prestadores, que establezca

gravámenes, directos o indirectos, sobre la licencia, sin la previa autorización por parte de la

Autoridad de Aplicación, previo dictamen de la Autoridad de Control;

16.2.7 Quiebra, disolución y/o liquidación del Prestador.

16.2.8 Reiterado incumplimiento de lo prescripto en el apartado 10.2.(c) del presente Reglamento.

16.3 La caducidad de las licencias se regirá por las siguientes reglas:

16.3.1 La declaración de caducidad basada en las causales previstas en los apartados precedentes,

deberá ser precedida por una intimación a remediar el incumplimiento bajo apercibimiento de

caducidad, otorgándose un plazo no mayor a TREINTA (30) días para subsanar el incumplimiento;

16.3.2 La declaración de caducidad con causa en la declaración de quiebra, disolución o liquidación

de la sociedad será aplicable sin necesidad de requerimiento previo alguno.

16.4 Declarada la caducidad de una licencia, no podrá otorgarse otra a su titular original o a una

afiliada de aquél, por el término de CINCO (5) años, contados a partir de que la declaración de caducidad

quede firme en sede administrativa y/o judicial. Afiliada significa, en relación a cualquier persona

y al momento en que la determinación deba efectuarse, cualquier otra persona que, directa o indirectamente,

la controle o esté controlada por, o bajo el control común de tal persona. A los efectos de esta

definición el término control en relación a determinada persona significará la posición directa o indirecta,

por cualquier título, de la potestad de establecer o fijar los lineamientos y políticas de dirección de

tal persona.

Artículo 17. Disposiciones transitorias

17.1. Los solicitantes que obtuvieran una licencia para servicios de telecomunicaciones, bajo los

términos del presente Reglamento, podrán dar comienzo a la prestación de sus servicios inmediatamente,

con la excepción de los servicios incluidos en los apartados 8.1, 8.7.1 y 9.2 del Anexo 1 del

Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios, los que se podrán brindar, sin restricción alguna, desde el 9 de

noviembre de 2000.

17.2. Los titulares de licencias otorgadas con anterioridad al presente, quedan habilitados para

prestar servicios de telecomunicaciones, en los términos del artículo 5 y demás disposiciones de

este Reglamento, debiendo respetar los procedimientos previstos para la prestación de nuevos servicios

de telecomunicaciones, con idéntica excepción temporal que la establecida en el apartado precedente.

17.3. Los titulares de licencias y/o frecuencias que hubieran sido otorgadas y/o autorizadas mediante

licitación, concurso o subasta, así como los operadores independientes, brindarán los servicios

concedidos respetando los términos y condiciones establecidos en sus títulos originales, quedando

habilitados para la prestación de todos los demás servicios en los términos del apartado precedente.

17.4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 17.2 del presente reglamento, los prestadores

que hubieran obtenido una licencia en los términos del Artículo 5º, puntos 1 y 2, del Decreto Nº 264/98

o del Reglamento General de Licencias y Plan General de Licencias, aprobado por la Resolución Nº

16.200/SC/99, que autoricen la prestación de servicios de telefonía:

17.4.1. Deberán dar cumplimiento a las obligaciones que de dichos títulos derivan y cuya ejecución

debió haberse cumplido o deba cumplirse hasta el 8 de noviembre del año 2000.

17.4.2. Dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de vigencia del presente

Reglamento, estos Prestadores podrán optar, para la prestación del servicio de telefonía local, entre:

a) cumplir con los compromisos asumidos en cuanto a cobertura geográfica y cobertura poblacional

para el servicio de telefonía local previsto en su correspondiente licencia, para los primeros DOCE

(12) meses posteriores al período que se inicia el 8 de noviembre de 2000, o

b) concretar una inversión mínima en infraestructura de telecomunicaciones por un valor equivalente

a DOS (2) dólares estadounidenses por cada habitante de cada Area Local del Servicio Básico

Telefónico, en la cual desee iniciar la prestación del servicio de telefonía local. La referida inversión

deberá concretarse antes del 30 de junio de 2001.

17.4.3. Sin perjuicio del respeto de las demás disposiciones del presente Reglamento, cumplidas

las obligaciones que se derivan de la opción ejercida, dichos Prestadores no tendrán otro requerimien

to a satisfacer para la prestación de servicios de telefonía local, así como de telefonía de larga distancia

nacional o de larga distancia internacional.

17.5. Todo aquél que, en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia del presente

Reglamento y el 30 de junio de 2001 inclusive, quedara autorizado para la prestación del servicio de

telefonía local, deberá realizar una inversión mínima en infraestructura de telecomunicaciones para

brindar el referido servicio, equivalente a DOS (2) dólares estadounidenses por cada habitante del

Area Local del Servicio Básico Telefónico, en la cual desee iniciar la prestación del servicio telefónico

local. La inversión mencionada deberá concretarse antes de transcurridos los primeros SEIS (6) meses

a contar desde que se encuentre registrado para brindar el servicio de telefonía local de referencia.

17.6. La exención contemplada en el apartado 14.1.(i) del presente Reglamento se aplicará a

partir del 1 de enero de 2001.

ANEXO II

REGLAMENTO NACIONAL DE INTERCONEXION (RNI)

Capítulo I: Objeto, alcances y definiciones.

Capítulo II: Objetivos y Principios Generales.

Capítulo III: Intervención de la Autoridad de Aplicación. Funciones y Procedimientos.

Capítulo IV: Elementos técnicos de la Interconexión.

Capítulo V: Aspectos económicos de la Interconexión.

Capítulo VI: Disposiciones adicionales

Capítulo VII: Disposiciones transitorias

CAPITULO I

OBJETO, ALCANCES Y DEFINICIONES

Artículo 1º. Objeto.

El objeto del presente Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) es establecer:

a) los principios y normas reglamentarias que regirán los Convenios de Interconexión entre los

distintos Prestadores

b) en particular, las normas que rigen el derecho de solicitar y la obligación de conceder la Interconexión,

así como su modificación en el tiempo.

Artículo 2º. Alcances.

El presente Reglamento comprende los mecanismos económicos, técnicos y jurídicos en base a

los cuales los Prestadores concretan los acuerdos de Interconexión, para proporcionar a sus clientes

y/o usuarios acceso a servicios y clientes y/o usuarios de otros Prestadores.

La Interconexión se regirá en general por los principios, procedimientos y disposiciones del presente

Reglamento y en particular por los Convenios de Interconexión celebrados por las partes, los

que no podrán contener términos y condiciones discriminatorios o que se opongan a este Reglamento.

Artículo 3º. Competencias.

3.1. La modificación de este Reglamento se realizará por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional,

con la intervención previa, conjunta, de las Secretarías de Comunicaciones y de Defensa de la Competencia

y del Consumidor.

3.2. Cuando se menciona la Autoridad de Aplicación, y se trate de los siguientes temas, se entenderá

que ésta resolverá e interpretará, en forma conjunta, con la Secretaría de Defensa de la Competencia

y del Consumidor:

a) Determinación de la metodología de cálculo de los precios de los elementos y funciones de red

asociados a la Interconexión

b) Determinación y actualización de los precios referenciales de las Facilidades Esenciales

c) Determinación y puesta en funcionamiento de la metodología de cálculo de los costos

incrementales de largo plazo

d) Análisis de los plazos y condiciones económicas que permitan iniciar la modalidad de Portabilidad

de Números

e) Análisis y definición de los precios referenciales de interconexión correspondientes a los servicios

a NTS.

f) Intervención en caso de divergencias entre Prestadores acerca de la metodología de cálculo de

los costos incrementales de largo plazo.

g) Análisis de la metodología de identificación de prácticas anticompetitivas en el sector de las

telecomunicaciones.

h) En caso de sanción por infracción a lo establecido por el presente Reglamento que determine

la caducidad de la licencia del Prestador.

En aquellos casos que no se refieran a los ítems mencionados en este apartado, resolverá e

interpretará exclusivamente la Autoridad de Aplicación.

3.3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, los Ministerios a los que pertenezcan

las dos Secretarías respectivamente, pueden, a través de una resolución única, decidir otros casos en

los que ambas Secretarías deban resolver en forma conjunta.

Artículo 4º. Definiciones.

A los fines del presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:

¨ Area Local del Servicio Básico Telefónico: Zona geográfica de prestación, en la cual el tráfico

telefónico del Prestador Histórico se cursa sin un prefijo de acceso al servicio de larga distancia

–nacional e internacional— independientemente de que dicho tráfico se origine o termine en su red de

telecomunicaciones, alámbrica o inalámbrica y por el que se cobra una tarifa independiente de la

distancia.

¨ Autoridad de Aplicación: es la SECRETARIA DE COMUNICACIONES.

¨ Autoridad de Control: es la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES.

¨ Precio de Interconexión: Precio que debe pagar el Prestador Solicitante por el uso de los

elementos y funciones de red del Prestador Solicitado. Este precio deberá ser justo, razonable, no

discriminatorio entre Prestadores y no superior al ofrecido a los usuarios o clientes por la provisión de

servicios similares.

¨ Cliente: es el usuario vinculado contractualmente a un Prestador.

¨ Convenio de Interconexión: es el acuerdo jurídico, técnico y económico que celebran dos o

más Prestadores, con el objeto de que los clientes y/o usuarios de cada uno de ellos tengan acceso a

los servicios y clientes y/o usuarios del otro.

¨ Costo Incremental de Largo Plazo: el costo incremental de largo plazo de un servicio o elemento

de la red es la diferencia en los costos atribuibles de largo plazo de inversión y operación

causada por el incremento en la producción del servicio o instalación adicional del elemento de la red

de que se trate, incluyendo el costo de oportunidad del capital para actividades de similar riesgo y

características sobre estos recursos y activos, calculados tomando en cuenta los principios básicos

indicados en el artículo 29 de este Reglamento.

¨ Elemento de red: es una facilidad o equipo utilizado en la prestación de un servicio de telecomunicaciones

e individualizado a los fines de la Interconexión. Este término incluye, entre otros, características,

funciones, cualidades y capacidades como, por ejemplo, acceso local a abonados, conmutación,

bases de datos, sistemas de transmisión y de señalización, así como la información necesaria

para la facturación, cobranza y encaminamiento.

¨ Facilidades Esenciales: se entienden por facilidades esenciales las funciones y elementos de

una red pública de telecomunicaciones que: a) son suministradas exclusivamente o de manera predominante

por un solo Prestador o por un número limitado de Prestadores y b) cuya substitución con

miras a la prestación de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

¨ Interconexión: Es la conexión física y funcional de las redes de telecomunicaciones utilizadas

por el mismo o diferentes Prestadores, de manera que los clientes y/o usuarios puedan comunicarse

entre sí o acceder a los servicios de otros Prestadores.

¨ Oferta de Interconexión de Referencia: Listado de elementos y funciones de red con capacidad

de ser utilizados para la Interconexión y que son ofrecidos por un Prestador en las condiciones y

precios que en esa Oferta se indican.

¨ Operadores Independientes: Los licenciatarios del servicio básico telefónico en áreas locales,

conforme fueran definidos en el Capítulo XIX del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Decreto

N. 62/90 y sus modificatorios.

¨ Portabilidad numérica: es la capacidad que permite a los clientes mantener sus números

cuando cambien de Prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en la que recibe el servicio,

de acuerdo a las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional.

¨ Práctica Predatoria: prestar servicios a precios inferiores a sus costos, sin razones fundadas

en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de

producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de

bienes o servicios.

¨ Prestador: es un licenciatario de servicios de telecomunicaciones.

¨ Prestador con Poder Dominante: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Dominante en

la prestación de un servicio cuando los ingresos generados por su prestación superen el SETENTA Y

CINCO POR CIENTO (75%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio

de que se trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

¨ Prestador con Poder Significativo: Se entenderá que un Prestador tiene Poder Significativo

en la prestación de un servicio, cuando los ingresos generados por su prestación superen el VEINTICINCO

POR CIENTO (25%) de los ingresos totales generados por todos los Prestadores del servicio

de que se trate, en un área determinada o en el ámbito nacional, según fuera el caso.

¨ Prestador Histórico: Se consideran tales a cada una de las licenciatarias del servicio básico

telefónico (LSB) en la región norte o sur, en los términos del Decreto Nº 2347/90 y del Decreto Nº 2344/

90 respectivamente.

¨ Prestador Solicitado: Prestador al que se le solicita la Interconexión.

¨ Prestador Solicitante: Prestador que solicita la Interconexión.

¨ Presuscripción: es la selección que hace un cliente de un determinado Prestador del servicio

de larga distancia, para que el Prestador del servicio telefónico local le enrute su tráfico de larga

distancia sin necesidad de marcar un código de identificación de aquel Prestador en cada llamada.

¨ Punto de Interconexión: punto de acceso de un Prestador donde se produce la Interconexión

con otro Prestador.

¨ Reglamento o RNI: este Reglamento Nacional de Interconexión.

¨ Tarifa: Precio que paga el cliente y/o usuario al Prestador por el servicio que le brinda.

¨ Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u

otros sistemas electromagnéticos.

¨ UIT: UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

¨ Usuario: es toda persona física o jurídica que utiliza los servicios de un Prestador.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5º. Objetivos.

De acuerdo a la política nacional establecida para el sector de telecomunicaciones, la finalidad de

la Interconexión es el beneficio del usuario, para lo cual se procuran alcanzar los siguientes objetivos:

a) Promover el ingreso al mercado de nuevos Prestadores a fin de permitir la mejora de la calidad

y la reducción de los precios que los usuarios pagan por los servicios, asegurando su libertad de

elección ante la diversidad de servicios disponibles.

b) Promover la integración de las diferentes regiones del país mediante los servicios de telecomunicaciones.

c) Garantizar condiciones equitativas en la prestación de los servicios evitando toda imposición

que implique un uso ineficiente de los recursos de los Prestadores.

d) Asegurar la Interconexión e interoperabilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones.

e) Fundar la Interconexión en principios de orientación a costos, transparencia, igualdad, reciprocidad

y no discriminación.

Artículo 6º. Principios Generales.

Se establecen los siguientes principios generales en materia de Interconexión:

a) Acuerdo entre partes: Los Prestadores tienen libertad para convenir precios, términos y condiciones

de Interconexión. Los acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones técnicas que

impidan, demoren o dificulten la Interconexión.

b) Obligatoriedad: Todos los Prestadores están obligados a estar interconectados. Los Prestadores

Solicitantes tienen el derecho de pedir la Interconexión y los Prestadores Solicitados están obligados

a concederla, interconectándose directamente y, si ello no fuera técnicamente razonable, de manera

indirecta.

c) No discriminación: Los Prestadores tienen derecho a obtener iguales condiciones técnicas o

económicas que aquéllas que se ofrezcan a otros Prestadores que requieran facilidades similares,

independientemente del servicio que presten.

d) Compensación Recíproca: Los Prestadores tienen el derecho de establecer compensaciones

recíprocas para el origen, transporte y terminación de las comunicaciones.

e) Eficiencia: Ningún Prestador podrá imponer términos y condiciones de Interconexión que generen

un uso ineficiente de las redes y equipos de los Prestadores interconectados.

f) Arquitectura Abierta: Los Prestadores tienen la obligación de utilizar, en la Interconexión, normas

técnicas acordes con las normas y recomendaciones de la UIT y con los Planes Fundamentales.

g) Precios en base a costos incrementales de largo plazo: los Prestadores Solicitantes tienen

derecho a que los precios de las Facilidades Esenciales, se determinen en función de los costos

incrementales de largo plazo.

h) Comercialización de servicios: Los Convenios de Interconexión no podrán tener cláusulas que

impongan a los Prestadores, condiciones discriminatorias o que les restrinjan la libertad de ofrecer y

comercializar a otros Prestadores servicios que permite la Interconexión.

CAPITULO III

INTERVENCION DE LA AUTORIDAD DE APLICACION.

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

Artículo 7º. Intervención de la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación intervendrá:

a) Ante la negativa de un Prestador a otorgar la Interconexión requerida por un Prestador Solicitante.

b) A requerimiento de alguna de las partes, cuando, con posterioridad a la solicitud de Interconexión,

en cualquiera de las etapas de la negociación, hubiera demoras injustificadas y/o falta de

acuerdo que dificulten o impidan celebrar el Convenio de Interconexión.

c) A requerimiento de alguna de las partes, cuando no hubiera acuerdo respecto a las condiciones,

precios de la Interconexión o cuando, con posterioridad al Convenio de Interconexión, se demore

injustificadamente la concreción de lo pactado en el Convenio o se verifica un tratamiento discriminatorio

respecto de un Convenio celebrado con otro Prestador.

d) De oficio, en todo momento, cuando fundadas razones de interés público lo requieran o cuando

se afectare lo dispuesto en este Reglamento.

e) Ante la impugnación de un tercero interesado, conforme lo dispuesto por el artículo 11 del

presente Reglamento.

f) Periódicamente, de oficio, a efecto de revisar los precios de Interconexión referenciales de las

Facilidades Esenciales.

Artículo 8º. Procedimiento

8.1 El Prestador que solicite la intervención de la Autoridad de Aplicación deberá detallar las

características y los antecedentes de su propuesta de Interconexión, especificando los puntos controvertidos

o hechos que se denuncian. Los Prestadores deberán aportar las pruebas y antecedentes

que sustenten su posición, incluyendo los precios propuestos, con su fundamentación.

8.2 La Autoridad de Aplicación convocará a las partes a una audiencia, en el término de DIEZ (10)

días, a fin de escuchar las posiciones. Dentro de los DIEZ (10) días siguientes, la Autoridad de Aplicación

arribará a una determinación preliminar con la información que posea, y ordenará la conexión

física y funcional y la aplicación de los precios, términos y condiciones que correspondan. Dispondrá

que la parte beneficiada por tal orden deberá garantizar, en las condiciones que establezca la Autoridad

de Aplicación, la devolución a la otra parte de las sumas pertinentes, con más los intereses de ley,

si la decisión final de la Autoridad de Aplicación diera la razón a esta última.

8.3 A partir de la determinación preliminar, la Autoridad de Aplicación iniciará una investigación de la

cuestión y decidirá dentro de un plazo razonable, que no podrá exceder los CUARENTA (40) días, dictando

una resolución que establezca los precios, términos y condiciones definitivos de la Interconexión.

8.4 En cualquier momento, antes de la decisión definitiva, las partes podrán llegar a un acuerdo y

desistir de la intervención de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 9º. Criterios de evaluación en caso de conflictos

A efectos de dirimir los conflictos que se pudiesen plantear entre las partes que negocian un

acuerdo de Interconexión, o ante la solicitud de otro Prestador o tercero con interés legítimo, que

considere que los términos o condiciones de un Convenio de Interconexión que ha sido celebrado

entre Prestadores, son discriminatorios o no respetan los principios generales de Interconexión previstos

por este Reglamento, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

i) el interés del usuario;

ii) las obligaciones y condiciones impuestas por las respectivas licencias;

iii) el interés del Gobierno Nacional de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a

los usuarios de una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, en todo el territorio nacional;

iv) la disponibilidad y, en su caso, generación de alternativas técnicas y comercialmente viables

para la Interconexión solicitada;

v) la igualdad en las condiciones de acceso;

vi) la naturaleza de la solicitud, en relación con los recursos disponibles para satisfacerla;

vii) las posiciones relativas de las partes en el mercado;

viii) el interés público.

Artículo 10. Obligación de Informar de la Autoridad de Aplicación. Publicidad.

10.1 Los Convenios deberán ser presentados en el término de DIEZ (10) días, contados a partir

de la fecha de su celebración ante la Autoridad de Aplicación para su registro, en soporte magnético y

en papel.

10.2 Dentro de los TRES (3) días de su registro, y a fin de que los interesados tomen conocimiento

de la celebración de dicho Convenio, las partes, a su cargo, publicarán en el Boletín Oficial y en un

diario de circulación nacional y en uno de circulación local o regional, los Prestadores involucrados y el

tipo de Interconexión establecido. Los Convenios se considerarán informados luego de efectuada

dicha publicación.

10.3 Los Prestadores publicarán los Convenios de Interconexión completos en su página institucional

en Internet. Los Convenios registrados son públicos y pueden ser consultados por los interesados.

Sólo se reservará la información confidencial, a petición de cualesquiera de las partes intervinientes.

Artículo 11. Revisión de Contratos.11.1

Los Convenios registrados podrán ser observados por otros Prestadores y por terceros interesados

durante el término de TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha de la publicación

indicada en el apartado 10.2. Aquellos que efectúen observaciones o impugnaciones deberán hacerlo

fundadamente, por escrito y con copia en soporte magnético, en los formatos que indique la Autoridad

de Aplicación, para el traslado a las partes involucradas.

11.2 Vencido el plazo de TREINTA (30) días establecido, si no existieran observaciones o impugnaciones,

los Convenios se considerarán aprobados.

11.3 Si se hubieran presentado observaciones o impugnaciones, la Autoridad de Aplicación deberá

resolver dentro del término de TREINTA (30) días, previo traslado por DIEZ (10) días a las partes

involucradas.

11.4 Los Convenios de Interconexión deberán prever su adecuación inmediata, a requerimiento

del Prestador Solicitante, toda vez que el Prestador Solicitado hubiere convenido con un tercer Prestador

condiciones más favorables.

11.5 Sin perjuicio de lo expuesto, la Autoridad de Aplicación podrá exigir la modificación de un

Convenio de Interconexión cuando su contenido no respetara los principios, pautas u obligaciones

establecidos por la Reglamentación vigente, o cuando resulte necesario para garantizar la interoperabilidad

de las redes.

Artículo 12. Contenidos de los Convenios de Interconexión.

12.1 Los Convenios de Interconexión entre Prestadores deberán contemplar como mínimo:

a) Los principios generales aplicables.

b) La descripción de los servicios de Interconexión objeto del acuerdo.

c) Las contraprestaciones económicas.

d) Las características técnicas y operativas de la Interconexión.

e) Los plazos y las condiciones de la implementación y desarrollo de la Interconexión.

12.2 Los Convenios incluirán, asimismo, cláusulas que contemplen los siguientes aspectos, con

una descripción pormenorizada cuando las modalidades de la Interconexión y las características del

Prestador así lo requieran:

12.2.1. Servicios de Interconexión que se prestarán.

12.2.2. Condiciones de pago, incluyendo los procedimientos de facturación y de liquidación.

12.2.3. Facilidades complementarias de tasación —toda vez que sea técnicamente razonable—,

facturación y cobranza, de acuerdo a los siguientes principios generales:

a) La tasación a efectuar debe comprender un período de facturación homogéneo con el aplicado

por el Prestador Solicitado a sus clientes.

b) Los Prestadores deberán establecer pautas objetivas y razonables que determinen cuándo las

obligaciones pecuniarias son líquidas y exigibles.

c) Los valores establecidos por la gestión de cobranza deberán diferenciar equitativamente los

casos en que esta gestión obtenga o no el cobro requerido;

d) Los Prestadores deberán acordar la forma de tratamiento de la morosidad.

e) El Prestador Solicitado deberá entregar al Prestador Solicitante, respecto de sus clientes, información

desagregada (por período, servicio cursado y tipo de clientes) sobre el tráfico medido, la facturación

registrada, los montos percibidos con moras incluidas, si las hubiere.

f) La falta de pago por parte del Cliente de los servicios facturados por cuenta y orden de otros

Prestadores, no será causal de cese de los servicios brindados por el Prestador Solicitado. El Prestador

Solicitado deberá proporcionar en forma no discriminatoria el bloqueo del acceso de un Usuario y/

o Cliente ante la falta de pago de los servicios brindados por el Prestador Solicitante, cuando éste así

lo requiera, y medie una autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, en la medida que dicho

bloqueo resulte técnicamente factible.

12.2.4. Identificación y localización de los Puntos de Interconexión.

12.2.5. Parámetros respecto a la calidad, confiabilidad y/o disponibilidad de las interconexiones y

las compensaciones por incumplimiento de aquellas.

12.2.6. Recaudos para la operación y el mantenimiento de las interconexiones.

12.2.7. Procedimientos a aplicar en caso que se propongan modificaciones de la red o a los

servicios de Interconexión ofrecidos por una de las partes.

12.2.8. Condiciones en el uso compartido de instalaciones, incluida la coubicación.

12.2.9. Funciones y elementos de red desagregados y Facilidades Esenciales convenidas en su

caso, con sus respectivos precios, forma de pago, plazos de provisión, plazo de vigencia del Convenio,

restricciones y otras obligaciones de las partes.

12.2.10. Protocolos, formatos, señalización, niveles, impedancias, conectores y demás características

necesarias para que la información pueda ser intercambiada en el Punto de Interconexión.

12.2.11. Fechas o períodos en los cuales las partes se obligan a cumplir los compromisos de

Interconexión.

12.2.12. La capacidad inicial necesaria y la proyectada para la gestión del tráfico futuro.

12.2.13. El acceso a servicios auxiliares y suplementarios, de así corresponder.

12.2.14.Los procedimientos de resolución de litigios que puedan surgir entre las partes, sin perjuicio

de la intervención que corresponda de la Autoridad de Aplicación.

12.2.15. La determinación de la responsabilidad de cada una de las partes.

12.2.16. Plazo de vigencia y pautas para la renegociación de los Convenios de Interconexión.

Artículo 13: Obligaciones de los Prestadores

13.1 Los Prestadores deberán facilitar la Interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes,

proporcionales, fundadas en criterios objetivos. A este respecto, deberán ofrecer condiciones

técnicas y económicas iguales a las que proporcionen a sus propios servicios, a sus filiales o

asociadas, o unidades de negocio, en particular las relativas a la calidad de los servicios, los plazos de

entrega y las condiciones de suministro. Asimismo, los Prestadores deberán facilitar, a quienes soliciten

Interconexión, información relevante sobre las especificaciones técnicas y funcionales de los Puntos

de Interconexión.

13.2 Ningún Prestador podrá realizar cambios en su red que afecten una Interconexión sin notificación

previa y fehaciente a los Prestadores afectados y a la Autoridad de Aplicación, con CUATRO (4)

meses de anticipación.

13.3 Los Prestadores Solicitados están obligados a proporcionar en forma no discriminatoria al

Prestador Solicitante la facilidad complementaria de tasación –de ser técnicamente razonable y/o

facturación y cobranza por cuenta y orden de éste, consistente en la generación y/o recepción de los

registros, su inclusión en las facturas, su envío al cliente, recepción de pago y liquidación con el

Prestador Solicitante, conforme se establezca en el Convenio de Interconexión respectivo y sujeto a

los principios generales indicados en el apartado 12.2.3. del artículo 12 del presente Reglamento.

Queda exceptuado de esta obligación el Prestador Solicitado que no implemente esta facilidad para sí

en la prestación de su servicio. Estas facilidades deberán ser provistas, si requeridas, por todo Prestador

del servicio telefónico local: a) respecto de los servicios telefónicos de larga distancia nacional e

internacional, b) respecto de la modalidad "abonado llamante paga", c) de otros servicios.

13.4 Los Prestadores que brinden servicio telefónico fijo local y los que brinden servicio de telefonía

móvil, así como aquéllos que, con carácter general, la Autoridad de Aplicación por resolución

fundada así lo determine, deberán implementar sistemas de selección de Prestadores de larga distancia,

según lo establecido en los artículos 22 y 34 del presente Reglamento.

13.5 Los Prestadores con Poder Significativo y con Poder Dominante, deberán establecer sus

precios de Interconexión, conforme los principios de transparencia y de orientación a costos, en los

términos del artículo 26 de este Reglamento y a los del sistema de contabilidad de costos a los que se

refiere el artículo 27 de este Reglamento. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación podrá extender

esta obligación a otros Prestadores.

13.6 Los Prestadores con Poder Significativo y los Prestadores con Poder Dominante deberán

presentar a la Autoridad de Control cuentas separadas de los servicios de Interconexión, incluyendo

los prestados internamente, los prestados a terceros y las de otros servicios, conforme la normativa

que al respecto dicte la Autoridad de Aplicación siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo

28 del presente Reglamento. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación podrá extender esta

obligación a otros Prestadores.

13.7 Los Prestadores con Poder Dominante deberán elaborar una Oferta de Interconexión de

Referencia, en los términos del artículo 24 de este Reglamento, que deberán hacer pública. Dicha

Oferta describirá en forma suficientemente desglosada, las condiciones técnicas y económicas de los

distintos elementos y funciones de red que la componen. La Autoridad de Aplicación podrá extender

esta obligación a otros Prestadores.

13.8 Los Prestadores con Poder Dominante deberán ofrecer Interconexión en las centrales de

conmutación locales y de nivel superior de conmutación y suministrar PURDSI en los puntos de Interconexión

donde se halle disponible a los Prestadores Solicitantes que así lo demanden. Asimismo,

deberán mantener y proveer ampliaciones de señalización R2N (digital) en los Puntos de Interconexión

que el Prestador Solicitante demande, hasta el 1 de enero de 2002. La Autoridad de Aplicación,

por razones debidamente fundadas, podrá modificar dicho plazo o extender esta obligación a otros

Prestadores.

13.9 Los Prestadores con Poder Dominante y con Poder Significativo deberán facilitar el acceso al

bucle de abonado, si fuera técnicamente razonable, en los plazos, condiciones y precios acordados

libremente entre las partes o que determine la Autoridad de Aplicación en caso de desacuerdo.

13.10 Los Prestadores con Poder Dominante que no ofrezcan Interconexión en determinadas

centrales de conmutación, deberán implementar alternativas técnicas que permitan al Prestador Solicitante

interconectarse con ellas. La referida Interconexión deberá proporcionar similares condiciones

técnicas, económicas y operativas a las que serían propias de la Interconexión directa a esas centrales

de conmutación. La Autoridad de Aplicación podrá extender esta obligación a Prestadores con

Poder Significativo.

13.11 Los Prestadores Históricos y los Operadores Independientes podrán modificar sus Areas

Locales del Servicio Básico Telefónico, ubicadas en la región correspondiente a su licencia original,

con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación, la que no podrá ser denegada sin razón

suficiente. Esta autorización no será necesaria cuando aquellos Prestadores, en cada Area Local del

Servicio Básico Telefónico que deseen modificar, acrediten que no revisten la calidad de Prestador con

Poder Dominante.

CAPITULO IV

ELEMENTOS TECNICOS DE LA INTERCONEXION

Artículo 14. Arquitectura abierta de redes, interoperabilidad y compatibilidad.

Las redes de telecomunicaciones deberán adaptarse al concepto de arquitectura de redes abiertas,

entendiéndose por tal la obligación del Prestador Solicitado de permitir el uso eficiente de su red

por parte de los Prestadores Solicitantes, bajo parámetros tecnológicos que posibiliten el acceso y la

individualización de funciones. Los Prestadores deberán prever la compatibilidad e interoperabilidad

de sus redes, a los fines de permitir la Interconexión con las demás redes.

Artículo 15. Puntos y Niveles de Jerarquía de Interconexión.

La Interconexión provista por el Prestador Solicitado no deberá limitar ni condicionar el diseño de

la red del Prestador Solicitante. A estos fines, el Prestador Solicitante podrá requerir Interconexión en

los diferentes niveles de jerarquía de la red y en cualquier Punto de Interconexión que se solicite,

siempre que sea técnicamente razonable. En caso de desacuerdo, intervendrá la Autoridad de Aplicación.

Artículo 16. Equipos e Interfaces.

Los enlaces de Interconexión y los equipos que sirven de interfaz para la Interconexión podrán ser

provistos por cualquiera de los Prestadores. Todo Prestador está obligado a conectar a su red los

elementos de red homologados por la Autoridad de Control, evitando constreñir al otro Prestador en la

selección de sus equipos o en la configuración de su red, aumentando sus costos o demorando la

concreción de la Interconexión. Cada uno de los Prestadores se hará cargo solamente de la capacidad

necesaria para cursar su tráfico.

Artículo 17. Coubicación.

Los equipos para la Interconexión podrán estar localizados en las instalaciones de cualquiera de

los Prestadores. A estos efectos, los Prestadores deberán poner a disposición de los demás Prestadores,

el espacio físico y los servicios auxiliares que se les solicite, en sus propias instalaciones, en la

medida que sea técnicamente factible y en las mismas condiciones que las de sus propios equipos las pactadas con otros Prestadores. La Autoridad de Aplicación definirá los precios referenciales y las

condiciones de la coubicación y publicará un Manual de Coubicación

Artículo 18. Facilidades Esenciales

18.1. Los Prestadores con Poder Dominante deberán proveer, al costo incremental de largo plazo

y en forma desagregada, acceso a las funciones y elementos de su red identificados como Facilidades

Esenciales por la Autoridad de Aplicación, la que está facultada para introducir modificaciones que

determine mediante resolución fundada. Se definen inicialmente las siguientes Facilidades Esenciales:

1. Acceso o terminación local: es el origen o completamiento de una comunicación conmutada en

una red local desde el cliente de un Prestador hacia el Punto de Interconexión o viceversa, esto es,

desde el Punto de Interconexión hasta el cliente, incluyendo su señalización, en condiciones no inferiores

a las suministradas a sus propios clientes.

2. Bucle de abonado: son los medios técnicos de conexión entre el punto terminal de la red telefónica

pública nacional, ubicado en las instalaciones del cliente del Prestador con Poder Dominante con Poder Significativo, y la central de conmutación local, sin incluir el acceso a las funciones de

conmutación de la central de dicho Prestador. La facilidad consiste en el enlace propiamente dicho en el aprovechamiento de su capacidad portante y simultánea de distintas informaciones. La Autoridad

de Aplicación, en caso de desacuerdo, definirá los precios referenciales y las condiciones de la provisión

desagregada del bucle de abonado de acuerdo al criterio de costos incrementales de largo plazo.

3. Puerto: es el dispositivo físico terminal en el cual se realiza la Interconexión obteniéndose la

capacidad de entregar y recibir comunicaciones conmutadas. Deberán acordarse, como mínimo, las

interconexiones a nivel de E1 (2.048 Kbits/seg.), según recomendaciones UIT G703.

4. Coubicación: es la facilidad definida en el artículo 17 del presente Reglamento.

5. Servicio de operadora: es el tratamiento de llamadas de emergencias y servicios a la comunidad

y servicios de acceso a información de guía.

6. Tránsito local: es la transferencia del tráfico conmutado, a través de la red de un tercer Prestador

en una misma área local e incluye la facilidad de conexión de troncales de entrada y salida, la

conmutación entre troncales y las funciones que están centralizadas en la central de tránsito como

registro de llamados, enrutamiento de llamados y conversión de señalización.

18.2. Toda solicitud de una facilidad, función o elemento de red requerida por un Prestador Solicitante

y no suministrada por el Prestador Solicitado, podrá ser sometida a consideración de la Autoridad

de Aplicación a efectos de que ésta evalúe: i) la razonabilidad y la factibilidad técnica y/o económica de

lo solicitado, ii) si la negativa a proveer lo requerido impide la prestación del servicio al usuario infringe lo establecido en este Reglamento. En su caso, la Autoridad de Aplicación podrá obligar al

Prestador Solicitado a proveer al Prestador Solicitante la facilidad, función o elemento de red requerido

por aquél, en las condiciones económicas previstas en el punto 26.1. del presente Reglamento.

Artículo 19. Calidad de los Servicios.

Las condiciones de la Interconexión provista por el Prestador Solicitado deben ser por lo menos

de igual calidad a las que él se provee a sí mismo, a sus compañías vinculadas o controladas y/o terceros. El Convenio de Interconexión deberá incluir las condiciones destinadas a garantizar la calidad

de la Interconexión, como así también la calidad de los servicios, según lo establecido en el

artículo 12 del presente Reglamento.

Artículo 20. Interrupciones.

20.1 En caso de interrupciones involuntarias en la Interconexión superiores a DOS (2) horas, los

Prestadores responsables de la misma deberán informar a la Autoridad de Control en un plazo menor

a CINCO (5) días y hacer su máximo esfuerzo para reestablecerla a la brevedad posible.

20.2 Los Prestadores deberán llevar un registro de fallas en las interconexiones que contendrá al

menos: tipo de falla, hora en que se produjo, hora en que se solucionó, causa, diagnóstico, solución y

afectación a la otra red. Este registro deberá conservarse por TRES (3) años.

20.3 La Autoridad de Control podrá intimar al inmediato restablecimiento de la Interconexión e

imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al régimen de penalidades vigente.

Artículo 21. Señalización.

La información transferida en la Interconexión a través de la señalización deberá ser acorde a lo

establecido en el Plan Fundamental de Señalización Nacional.

Artículo 22. Igual Acceso.

Los Prestadores deberán brindar a otros Prestadores de servicios de telecomunicaciones igual

acceso que el ofrecido a sus propios usuarios y/o clientes y servicios y a las compañías vinculadas.

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