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Entrevista a la Doctora Gabriela Yuba, Juez de Familia y Minoridad del Distrito Judicial Sur. Magíster en Minoridad (Universidad Notarial Argentina).

1. ¿Cree que con la modificación de la ley se podrán remover los patrones de conducta que ya se han convertido en parte de la cultura que considera a los adolescentes incapaces de toda responsabilidad penal?

Considero que una reforma en la Ley penal Juvenil debe ir acompañada de campañas de información, de difusión, de prevención y educación, hacia todos los actores sociales, hacia todos los sectores de la Sociedad, fundamentalmente hacia la familia. Estas campañas de difusión y promoción de los derechos (y obligaciones) de todos, son acciones y objetivos que encuentran fundamento en normativa constitucional y también en las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (que es el órgano encargado de controlar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del niño respecto de los países signatarios.).

2. El proyecto indica que el problema de la criminalidad no se resuelve con penas elevadas o cadenas perpetuas sino que se debe buscar la reintegración del niño/joven con su plan de vida. ¿Coincide con ello?, de ser así ¿Cree usted que la reintegración es un objetivo alcanzable?

Uno de los objetivos señalados por la normativa constitucional (art. 75 inc 22, 23 C.N., con la incorporación de los Tratados Internacionales en la Constitución Nacional) es que se orienten las acciones hacia la reintegración de los jóvenes en la sociedad, que puedan construir su propio proyecto de vida, responsable y autónomo, respetuoso de los derechos humanos de todos. El Estado debe diseñar políticas públicas vinculadas a temáticas de infancia, adolescencia y familias dirigidas hacia ello, teniendo prioridad en su formulación (“garantía de prioridad”. Asi lo establece la Ley Provincial 521 (art. 6) de Protección Integral, Ley 26.061 y la Convención de los Derechos Del Niño. Por norma constitucional, no puede aplicarse a menores de edad cadena perpetua (art. 37 inc. A Convención Sobre los derechos del niño). Existen antecedentes en la Corte Suprema de la Nación en este sentido, en fallos recientes (caso “Maldonado”).

3. ¿Cuáles son las posibilidades de incorporación de los niños infractores y la utilidad de la sanción de este proyecto de ley?

Depende de las políticas públicas que el Estado provincial diseñe y ponga en práctica, como también de los programas de reinserción local que se implementen y se creen a tal efecto. Con relación al dictado de una nueva ley penal juvenil, entiendo que resulta necesario que se dicte una normativa acorde con los tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional, ( a partir del año 1994), ya que la ley vigente ( Ley 22. 278) es una ley que data del año 1978.

4. ¿Qué implicancias tendría la aplicación de esta ley en nuestra provincia?

El dictado de una Ley Nacional , importa la aplicación de la misma en todo el territorio de la República Argentina, aplicando luego la provincia, las leyes locales en materia de infancia, adolescencia y familias, en nuestro caso, la Ley provincial 521 y normativas procesales aplicables al caso.

5. ¿Coincide con aquellos que opinan que el proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores no va a traer ninguna solución. Sólo se trata de otro recurso para distraer a la sociedad cegada por la falta de seguridad?

6. ¿Es la necesidad de cambio tan evidente?

El tema de la inseguridad no se resuelve con el dictado de una ley que baje la edad de imputabilidad de los menores, se requiere un trabajo de prevención en todos los sectores de la sociedad, siendo la educación una herramienta fundamental. También el trabajo CON la familia y EN la familia, como célula básica de la sociedad, fortaleciendo su rol. El trabajo interdisciplinario e intersectorial resulta necesario para lograr los objetivos de brindar a los niños, niñas y adolescentes, el marco de desarrollo adecuado para su protección integral.

7. ¿Qué modificaciones, de haberlas, cree usted que serían necesarias?

Campañas de difusión acerca de las leyes vigentes, reformas de aquellas leyes acorde con la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22, 23 ),campañas de difusión, promoción de los derechos, de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, campañas de sensibilización sobre los derechos (y obligaciones) de los niños, niñas y adolescentes y el rol de la familia.