PROPUESTA DE PAZ INTEGRAL, NACIONAL Y MUNDIAL

Por: Apóstol de Paz
lapazmundialesposible@gmail.com, vivamosampm@gmail.com,
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CLÁUSULAS DEL PROYECTO DE ACUERDO DE PAZ INTEGRAL NACIONAL

ACUERDO NACIONAL DE NO VIOLENCIA POR LA PAZ INTEGRAL EN UN PAÍS
(EN EL PAÍS CABEMOS TODOS)
PUNTOS DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD GOBERNADA, PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA NACIONAL.
EL gobierno nacional y todos los sectores de la sociedad gobernada, en adelante las partes, acuerdan lo siguiente:

1. CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES
A partir de la firma del presente acuerdo habrá convivencia pacífica en el país y amistad entre los actores firmantes. Este cese al fuego debe ser un proceso irreversible, corto, dinámico e inmediato a la firma del presente acuerdo. Cualquier violación de cese al fuego será investigada por el organismo internacional veedor.
Los grupos armados del Estado y todos los combatientes al margen de la ley se obligan recíprocamente a cesar el fuego y a poner fin a todas las hostilidades, secuestros,  extorsiones y todo acto de guerra por tierra mar y aire. Los que sembraron minas antipersonales (quiebra patas) se obligan a retirarlas; pues, son ellos quienes saben donde están.
El Estado con la colaboración de todos los sectores económicos del país y la ayuda exterior, asumirá el sostenimiento de los combatientes civiles, en sus respectivos campamentos de concentración con la presencia de todas las instituciones del Estado, tanto fuerzas armadas como civiles; porque el despeje no debe favorecer la realización de actividades ilegales.
Los desmovilizados llevarán a cabo misiones de carácter no bélico necesarias para cumplir el presente acuerdo, por ejemplo: participar en programas de desactivación, retirada y eliminación de minas quiebra patas; para efectuar abastecimientos y suministros logísticos; para disfrutar de permisos, atención médica u otros motivos humanitarios, en ropa civil debidamente carnetizados y sin armas; para llevar a cabo rotaciones y relevos de excombatientes sin poner en peligro el cese al fuego.
La entrega de armas se hará en la fecha en la cual la Asamblea Nacional Constituyente apruebe las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen el cabal cumplimiento de todo lo pactado en el presente acuerdo, mediante la redacción de una nueva Constitución Política. Este punto es complementario con el No.30
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: a la Asamblea Nacional constituyente se debe llegar con un mandato ampliamente definido. La paz vale el compromiso serio de todos. Y no más conejo. La paz también es rentable y es una rentabilidad que exalta la vida.

2. LIBERTAD PARA TODOS LOS SECUESTRADOS
Absolutamente todos los secuestrados en manos de grupos combatientes por fuera de la ley  recuperarán su libertad de manera inmediata a la firma del presente acuerdo.
Nota: Todos estamos secuestrados.  Aquel que ha sido secuestrado o ha estado en la cárcel, sabe lo que significa libertad. Tampoco son libres quienes operan en la clandestinidad.

3. ESTADO DE DERECHO
En el presente acuerdo nacional las partes aceptan promover la creación de una Asamblea Nacional  Constituyente, abierta a la participación de todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales de la sociedad.
El 50% (cincuenta por ciento) de los miembros de dicha asamblea será integrada por los representantes de los grupos combatientes desmovilizados y las fuerzas armadas del Estado (FARC, ELN, Paramilitares, Comandante General del Ejército y de la Policía, etc.) por los representantes legales de todas las organizaciones no gubernamentales, de los gremios económicos, de los sindicatos, de las iglesias, todos los ministros del gobierno nacional etc. (El número de miembros que constituyen este cincuenta por ciento determinará el número-igual- de los escogidos por elección popular)
El otro 50% (cincuenta por ciento) será elegido por voto popular, para darles participación a los partidos políticos. Los organismos del Estado asumirán la realización de dichas elecciones.
En la redacción de una nueva Constitución Política, de unidad nacional, multiétnica, pluricultural, multilingüe y pluripartidista, la reconciliación social se hará sobre la base de una clara redefinición del poder político, económico y militar que haga  posible la construcción, entre todos, de una democracia económica y social real, plena, funcional y participativa, que garantice a todos los habitantes el derecho a la vida digna, a la libertad real, a la justicia, a la seguridad, a la paz y al desarrollo integral.
La nueva Constitución Política permitirá el acceso a la consulta ciudadana sin pasar por el Congreso. El pueblo como constituyente primario es quien debe ostentar el poder decisorio, por siempre.
La nueva Constitución política deberá ser normativa, es decir, la realidad nacional será fiel reflejo de la letra constitucional, para superar su carácter nominal (conjunto de artículos de nombre “Constitución” que no se aplica) y de disfraz (gobiernos que pagan con subsidios parlamentarios la redacción de una constitución política favorable a los que ostentan el poder)
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo. Se debe buscar una participación equilibrada entre lo público y lo privado; es decir, entre el sector  gremial y productivo, el ejecutivo nacional, las fuerzas armadas del Estado, los combatientes al margen de la ley y el sector político.

4. REESTRUCTURACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
La Asamblea Nacional Constituyente, en beneficio de la unidad, responsabilidad, estabilidad  en la jurisprudencia, credibilidad y armonía en el ordenamiento jurídico, se compromete a  eliminar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y en su defecto  reestructurará la Corte Constitucional en los siguientes términos:
La Corte Constitucional tendrá veintisiete (27) miembros; quienes integrarán las tres salas, cada una de nueve (9) miembros: la sala constitucional, la sala  de la jurisdicción ordinaria y la sala de la jurisdicción contenciosa administrativa. La Ley señalará a cada una de las salas y secciones los asuntos que deba conocer separadamente antes de llevar a la aprobación de  la corte en pleno. (Esto evitará el choque de competencias)
Los primeros veintisiete miembros serán cubiertos por los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; pero en lo sucesivo para reemplazar cualquier miembro de la nueva Corte Constitucional se requiere  ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener dos títulos: Ser abogado y el otro título correspondiente a las disciplinas económicas, puede ser  economista o administrador público o Administrador de empresas y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber dictado cátedra universitaria en disciplinas jurídicas y económicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
La Corte Constitucional en pleno elegirá  por mayoría simple los reemplazos de cualquiera de sus miembros, de candidatos pertenecientes a la carrera judicial enviados por el Consejo superior de la Judicatura. 
Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos para períodos individuales de 12 años. No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio de acuerdo con la carrera judicial y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso de 70 años.
Son atribuciones de la Corte Constitucional darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.
El Gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.
La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.
La Corte en pleno elegirá al Fiscal General de la Nación de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido
La Corte Constitucional tendrá autonomía administrativa y presupuestal

5. ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS GRUPOS COMBATIENTES A LA LEGALIDAD
La Asamblea Nacional Constituyente redactará y aprobará la Ley de Reconciliación Nacional (LRN), cuyo articulado promueva una cultura de concordia y respeto mutuo, de eliminación de toda forma de revancha o venganza, de mecanismo de resarcimiento y asistencia a las víctimas, dando prioridad a las mujeres, a los niños y a los discapacitados.
Esta Ley de Reconciliación Nacional (LRN) declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva Constitución Política. La ley especificará exactamente qué artículos fueron violados del código penal.
La Ley de Reconciliación Nacional (LRN) facultará a las autoridades judiciales para que declaren el sobreseimiento definitivo de los implicados en delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, contra la administración pública, contra la tenencia y porte de armas y municiones. Igualmente, facultará a las autoridades judiciales para que declaren la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos cometidos en el enfrentamiento armado, entendiéndose por tales aquellos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos y respecto de los cuales no se pueda demostrar que tuvieron como móvil un fin personal.
La Ley de Reconciliación Nacional (LRN) permitirá que los miembros de los distintos frentes guerrilleros y paramilitares se integren a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.
El Estado mediante esta ley  reconocerá  como partido político a los integrantes de los sectores desmovilizados (guerrilleros y paramilitares) que así lo deseen. El Estado garantizará a los desmovilizados el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física comprometiendo a los sectores ultraderechistas a no asesinar a los nuevos líderes políticos. En consecuencia todo nuevo grupo paramilitar debe ser prohibido, dentro del nuevo Estado de Derecho.
La LRN creará, temporalmente, la Comisión Especial de Incorporación que tendrá por funciones la coordinación del programa de Incorporación que incluirá la documentación, de manera ágil, para los desmovilizados; asesoría jurídica de los desmovilizados que ingresan a la legalidad constitucional; incorporación de los excombatientes a programas de capacitación laboral; implementación de programas de reconocimiento, validación y legalización de los estudios formales y no formales realizados por los desmovilizados, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.
La LRN creará la policía cívica rural, un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismo de formación y adiestramiento y nueva doctrina. Se incorporará a los desmovilizados, que no presenten graves antecedentes penales, con cédula de ciudadanía, mayores de 18 años (prohíbase el reclutamiento de menores). Dentro de la nueva ley de servicio militar quedará prohibida toda forma de reclutamiento forzoso. El reclutamiento se hará con base en el registro voluntario. A los desmovilizados que quieren hacer parte de la policía cívica rural se le exigirá un curso gratuito en la academia de policía en donde recibirán formación policíaca, cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, a la democracia y obediencia a la ley.
La policía cívica rural en compañía de la policía cívica urbana velará por la convivencia ciudadana rural y citadina. Quedando la responsabilidad de la defensa de la soberanía Nacional en manos de un pequeño ejército nacional profesional, que ejerza en los municipios fronterizos. Dicho ejército profesional debe ser de una elevada formación académica y técnica para desarrollar programas socioeconómicos, tales como campañas de sanidad preventiva, vigilancia ecológica, aperturas de vías de penetración, construcción de puentes y carreteras, desplazamiento de equipos multidisciplinarios para beneficio de ciudadanos en litorales, ríos y regiones de difícil acceso. Estimular dinámicas de autogestión en poblaciones de escasa presencia estatal.
Los miembros, de alto rango, de cualquiera de las fuerzas armadas del país están inhabilitados para participar en política aún después de su retiro del servicio activo. Las fuerzas armadas son instituciones ajenas a cualquier participación en política y deben obediencia a las autoridades constitucionales. La participación en la Asamblea Nacional Constituyente debe ser algo excepcional y coyuntural.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: Es necesario garantizarle a los excombatientes el derecho real al trabajo y a unos ingresos mínimos, de lo contrario, seguirán delinquiendo para poder subsistir. Necesitamos un Acuerdo Nacional de No-Violencia para garantizar la subsistencia a quienes están combatiendo por física necesidad material. Aún más, la policía cívica rural la podemos crear ya para disminuir los combatientes al margen de la ley.

6. INDULTO
La LRN creará un tribunal civil con autoridades judiciales nacionales y representantes de países amigos para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos que han causado sufrimiento a la población.
El tribunal se integrará, instalará y empezará a funcionar a partir del día de la firma de la nueva Constitución Política. Las funciones del tribunal durarán un período de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables por seis meses más, si así lo requiere el volumen del trabajo por realizar. La constitución y sede de dicho tribunal se hará pública por todos los medios posibles e invitará a los interesados a que den su información y testimonio sobre los hechos violatorios. Los informes del tribunal no tendrán efecto judicial en el presente, pero sí lo tendrán en el futuro para casos de reincidentes. La ausencia de comparecencia de los interesados no impedirá que el tribunal se pronuncie sobre los casos.
El indulto será nominal, es decir, que los prisioneros serán puestos en libertad previa confesión individual de la ofensa, acto de contrición y compromiso de reparación pública a que hubiere lugar ante el mencionado tribunal para futuras identificación de los reincidentes y violadores del presente pacto de confianza, porque el perdón anónimo y colectivo va en contravía de una reconciliación funcional. Lo mismo se hará con los desmovilizados uno por uno.

7. EXILIADOS Y DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
La LRN  facilitará a los ciudadanos en el exilio ejercer el derecho a residir y vivir libremente en el territorio nacional. En tal virtud, el gobierno se compromete a asegurar las condiciones que permitan y garanticen el retorno voluntario de las personas exiliadas a sus lugares de origen o al sitio que ellos elijan, en condiciones de seguridad y dignidad. Las personas que deseen permanecer en el exterior, el gobierno llevará a cabo las gestiones y negociaciones necesarias con los países receptores a fin de garantizarles su situación migratoria estable.
La LRN contemplará que los desplazados por la violencia dentro del territorio nacional reciban atención especial, y haga particular énfasis en la protección de viudas cabeza de hogar, dentro de una estrategia global de carácter excepcional que asegure en el corto plazo su ubicación en condiciones de seguridad y dignidad, y permitan su pronta integración libre y plena a la vida social, económica y política del país.
El Gobierno Nacional se compromete a dar urgente solución a la falta de documentación  e identificación de los desplazados por la violencia, en el país y en el exterior, que le impiden el ejercicio de sus derechos civiles.

8. REFORMA AGRARIA y DESARROLLO RURAL
La nueva Constitución Política a partir de la fecha de su firma eliminará la explotación  individual del suelo rural y la economía campesina de subsistencia. (No estoy hablando de expropiar)
El Gobierno Nacional, y los propietarios de tierra en el área rural se obligan a crear  cooperativas agroindustriales grandes, medianas y pequeñas con criterio de eficiencia agro ecológica, económica y social. Se garantizará el pleno empleo en el campo y en su defecto,  el desempleado será cubierto con el seguro de desempleo rural, en cuya creación participarán las cooperativas agrícolas y el gobierno nacional, aportes de países amigos, y el compromiso de todos los sectores productivos de la nación.
El gobierno nacional hará inversión urgente en infraestructura básica de comunicaciones, carreteras, caminos rurales, riego, electrificación, saneamiento ambiental, almacenamiento  de productos agrícolas y asistencia financiera y crediticia apropiadas.
El gobierno nacional desarrollará programas de asistencia técnica y de capacitación que incrementen la calificación, diversificación y productividad de la mano de obra rural.
El gobierno nacional desarrollará un sistema de recopilación, sistematización y difusión de información agropecuaria, pesquera, forestal, agroindustrial, que permita al campesino contar con información para sus decisiones en materia de pesca, cultivos, insumos, cosechas, precios y comercialización, y tener elementos de juicio para la afiliación a una determinada empresa campesina asociativa.
El gobierno Nacional promoverá mecanismos adecuados de comercialización de los productos agroindustriales y artesanales para cubrir mercados locales, nacionales y extranjeros. (Podemos ser la despensa mundial de alimentos)
Los desplazados de sus tierras por la violencia recuperarán sus derechos de propiedad, de posesión, y otros derechos reales, al presentar los correspondientes títulos. Es necesario actualizar las normas concernientes a titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos para poner fin a la  desprotección  jurídica que impidan integrar las cooperativas agroindustriales. El Estado, con la veeduría  internacional, expropiará  las tierras a quienes se nieguen a devolverlas a sus legítimos dueños.
El gobierno nacional creará la asesoría jurídica gratuita mediante una Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos para los reclamos de tierras. Será mandato constitucional la creación de un fondo de tierras estatales compradas o expropiadas por el gobierno nacional; para proveer de tierras preferentemente a los campesinos que la perdieron y que por alguna circunstancia no la pudieron recuperar. El fondo se conformará inicialmente con las siguientes tierras: tierras de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la Nación; tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos de países amigos, de ONG`s internacionales y préstamos de organismos financieros internacionales, tierras ociosas, expropiación de tierras arrebatadas a sus legítimos dueños durante el conflicto y tierras que el Estado pueda adquirir a cualquier título y donaciones de todo tipo. El gobierno nacional impondrá un impuesto anual sobre tierras ociosas tan alto que obligue a entregarlas al Estado.
En los centros de enseñanza rural se debe incluir en los currículos todo lo concerniente a legislación agraria y formación agrícola.
En el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y a otros recursos productivos, que garanticen seguridad jurídica y que posibilite la resolución pacífica de conflictos.
La erradicación de los cultivos ilícitos se hará manual para proteger el medio ambiente previa concertación de sustitución con el dueño del mismo.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: En concertación con el mundo se debe buscar, en el mediano plazo, la legalización de la droga. El narcotráfico es la mayor fuente de financiación de los insurgentes. No debemos ignorar la historia del tabaco y de los licores. No seamos miopes frente a la historia.

9. SEGURIDAD JURÍDICA
Para garantizar la imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley, los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado se comprometen en la lucha frontal contra la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema judicial.
Nota: La impunidad incita a delinquir.

10. DEMOCRATIZACIÓN ECONÓMICA
Los planes de desarrollo social en los niveles nacional, regional, departamental, municipal, comunal y de unidades productivas rurales y urbanas debe ser el resultado de la concertación para estimular y estabilizar la dinámica económica y social.
Habrá redistribución de ingresos democratizando la propiedad mediante la conversión de las empresas individuales en cooperativas, solidarias, y mixtas en las ciudades y en el campo.
El Gobierno Nacional y la legislación del mercado de capitales estimularán la incorporación  de los trabajadores como socios en sus empresas.
Nota: Aportando todos la cuota obtenemos más justicia social. Todos podemos ir de paseo dentro de un país en paz.

11. DESARROLLO SOCIAL
Corresponde a todos los sectores de la sociedad coordinados por el Estado el desarrollo socioeconómico del país, es decir, que con el compromiso del conjunto de la sociedad, se logre en forma integrada, el crecimiento económico que garantice la satisfacción de necesidades que eleven el nivel de vida del humano.

12. SOBRE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y  DERECHOS HUMANOS
El órgano nacional legislativo adoptará las disposiciones pertinentes para reconocer, proteger, respetar y promover los idiomas y dialectos del país. (Recuérdese que la nueva Constitución Política será de unidad nacional, multiétnica,  pluricultural,  multilingüe y pluripartidista)
Todas las partes firmantes reafirman su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los Derechos Humanos, así como su voluntad de respetarlos y hacerlos respetar en sus áreas de acción.
Tanto la policía cívica rural como la policía cívica urbana y el ejército nacional recibirán amplia formación en Derecho Internacional Humanitario (DIH, propuesto por mí) y en la salvaguardia y respeto de los derechos humanos universales.
Nota: anexa a mi propuesta de paz propongo un nuevo DIH.

13. DERECHOS DE LA MUJER
Toda la sociedad continuará promoviendo la eliminación de cualquier forma de discriminación de la mujer y, por el contrario, fortalecerá la participación de las mujeres en el desarrollo político, económico y social. Las partes coinciden tener en cuenta la situación económica y social específica de las mujeres a la hora de realizar los planes de desarrollo gubernamentales.
Adecuar la legislación laboral en forma tal que garantice la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones laborales y respeto de su dignidad. El órgano legislativo nacional se obliga a tipificar el acoso sexual como delito digno de ejemplar castigo.

14. LIBERTAD DE CULTO
El gobierno nacional reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicada en su territorio. Los lugares de oración (templos, iglesias, etc.) serán respetados como lugares santos de congregación. Se resaltará en todos los ciudadanos la paternidad de Dios Padre Espiritual  y la fraternidad entre todos los humanos. A partir de este principio general se garantizará la libertad de escoger el grupo religioso.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: El país y el mundo necesitan algo más que plegarias para pacificarse. Imagine por un minuto que todos diésemos el diezmo de nuestros ingresos para inversión generadora de empleo. Quien tiene poco, poco dará.

15. GESTIÓN PÚBLICA
Profundizar la descentralización y la desconcentración de las facultades, y recursos concentrados en el gobierno central con el objeto de modernizar, hacer efectiva y ágil la administración pública.
Implementar la carrera administrativa o servicio civil. Que no sea sólo promesa de campaña electoral.
Los que sucumban ante la tentación de robar dineros públicos, tendrán el valor de renunciar a sus cargos, previa devolución de lo robado y sometimiento a un ejemplar castigo. Los corruptos quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

16. POLÍTICA FISCAL
El Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudación de impuestos, justa y equitativa, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes.
Dentro de la política de los egresos públicos tendrá prioridad el gasto social, el financiamiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios, salud, educación y vivienda, la generación de empleo y seguro de desempleo rural y urbano etc.
En lo fiscal estarán exentas de impuestos todas las empresas existentes y nuevas cuyas actividades sean el desarrollo científico y tecnológico que propicien la evolución de un mejor humano tanto biológica como culturalmente.

17. SECTOR PRODUCTIVO
La nueva Constitución política castigará ejemplarmente el enriquecimiento ilícito, pero en aras de la justicia también deberá responder por el empobrecimiento forzado a que ha sometido a los empresarios y por lo tanto, mediante una estructuración de sistemas modernos de seguros empresariales, evitará la quiebra de ciudadanos de bien.
El sector productivo de la  sociedad se compromete a realizar sus actividades económicas con un criterio de lograr sus utilidades por volumen de venta y no por margen de utilidad para que la cobertura de la producción de bienes y servicios satisfaga las necesidades de la población. Paro lo cual, se establecerán controles de calidad estrictos.
La inversión del Estado en la Empresa privada será superior al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB)  tanto en el campo como en la ciudad.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: La actual política neoliberal hizo crisis, actualmente se requiere nuevamente la teoría Keynesiana de pleno empleo, pero actualizada acorde con la experiencia que nos ha proporcionado la aplicación de nuevas teorías económicas.

18. SECTOR FINANCIERO
El sector financiero toma conciencia de su culpabilidad en la crisis nacional y reconoce que no basta  con manifestaciones de rechazo a la violencia, por parte de sus legítimos representantes en los medios de comunicaciones,  sino que por el contrario debe contribuir con acciones concretas dirigidas a reactivar la economía y responder a las necesidades de crédito del sector productivo.
Para tal efecto, el representante legal de las instituciones financieras, por derecho propio, acorde con el presente acuerdo tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente. 
Conscientes de la responsabilidad de todas las entidades financieras en la estabilidad económica y social del país se comprometen a bajar los puntos de intermediación entre la captación y colocación de dineros. De igual manera se comprometen a facilitar el acceso a las distintas líneas de crédito, generadoras de empleo. Se eliminará la exigencia de codeudores y, en su defecto, se institucionalizarán los seguros de crédito. Igualmente se comprometen a bajar las altas tasas de rentabilidad del sector financiero.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: Cuanto más altas sean las utilidades de una entidad financiera, más baja es su participación en el proceso de pacificación del país donde realiza sus operaciones. Es insólito que mientras un país está sumido en su mayor crisis social y económica, una entidad financiera esté obteniendo exorbitantes utilidades y sea galardonada  por organismos internacionales.

19. SECTOR COMERCIAL
El sector comercial también toma conciencia de su culpabilidad en la crisis nacional y reconoce que no basta  con manifestaciones de rechazo a la violencia, por parte de sus legítimos representantes en los medios de comunicación, sino que, por el contrario, debe contribuir con acciones concretas dirigidas a facilitar la satisfacción de necesidades de bienes y servicios de la población; debe obtener sus utilidades por volumen de venta, más que por margen de utilidad en la intermediación entre los productores y los consumidores finales.
Para tal efecto, el representante legal de los comerciantes, por derecho propio, acorde con el presente acuerdo tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: De igual manera se puede afirmar que cuantas más altas sean las utilidades de una empresa comercial, más baja es su participación en el proceso de pacificación del país donde realiza sus operaciones. Es insólito que mientras un país está sumido en su mayor crisis social y económica, una cadena de supermercados esté obteniendo exorbitantes utilidades y se enorgullezca de su eficiencia administrativa y financiera a pesar de que el país donde realiza sus operaciones esté sumido en la más execrable pobreza y en guerra.

20. SISTEMA CARCELARIO
El gobierno nacional se compromete a humanizar el sistema carcelario. Las cárceles serán socializadoras, educadoras y capacitadoras. Serán empresas industriales y comerciales del Estado.

21. EDUCACIÓN
Para asegurar el acceso a la educación créase el Seguro Nacional de Educación para que el conocimiento sea el motor dinamizador de la economía y la convivencia social.
La educación formal y la capacitación técnica y profesional de los humanos en sociedad son de vital necesidad para el desarrollo cultural, económico, político y social del país.
EL sistema educativo debe responder a la diversidad cultural y lingüística del territorio nacional. Habrá mayor compromiso con sistemas de becas y bolsas de estudio.
Todos los colegios y universidades públicas y privadas se comprometen a exigir resúmenes de los debates realizados por los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, escuchados por los estudiantes en forma presencial o por televisión, en los respectivos recintos de la geografía nacional.
El Ministro de Educación tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Durante el tiempo de deliberaciones de la ANC en el ministerio ejercerá el viceministro.
La formación profesional y técnica de los colombianos debe estar en relación directa con la información actualizada permanentemente, de la demanda de mano de obra de la sociedad.
Nota: Por todos los medios posibles se buscará el mejoramiento del índice de lectura por persona. Tenemos uno de los índices más bajos. Recuerde mi slogan: El primer paso hacia la paz lo damos leyendo más.

22. SALUD
Las entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas garantizan el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población. La prioridad del  sector salud debe ser  el combate a la desnutrición, el saneamiento ambiental, las soluciones de atención primaria materna infantil, invalidez, vejez.
Todo humano nacido en el territorio nacional será en parto sin dolor y en agua, y financiado integralmente por el Estado. Científicamente se sabe que son humanos pacíficos.
Todos los médicos del país se comprometen de manera real al cumplimiento del juramento de Hipócrates.
El ministro de Salud tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Durante el tiempo de deliberaciones de la ANC ejercerá el viceministro.

23. VIVIENDA
El Estado será el mayor productor de materiales de construcción para suministrarlos a, precios bajos,  a la población más pobre y dará prioridad y exclusividad a quienes no poseen vivienda propia. La nueva Constitución Política contemplará normas antimonopolio en la producción de materiales de construcción.
La construcción de vivienda popular debe hacerse en terrenos hábiles y con servicios eficientes, en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental bajo normas homogéneas claras y sencillas. Amplios subsidios para la demanda de vivienda popular exclusivamente para los que no poseen vivienda propia.
Quienes obtengan ingresos por arrendamiento de bienes raíces de estratos 4, 5 y 6 aportarán el 10% del canon para subsidiar a los que viven en alquiler en los estratos 1º, 2 y 3
Nota: Es contradictorio e ingenuo hablar de paz, mientras todos los días están perdiendo sus viviendas muchos colombianos. Señor propietario de muchas casas y apartamentos es más efectiva su participación con el 10% en la pacificación del país que perder tiempo saliendo a las calles a decir NO MÁS. Anexo a mi propuesta encontrará un rotundo no más al NO MÁS

24. DERECHO AL TRABAJO
La pobreza no es un problema del pobre, es un problema social. La sociedad toda toma conciencia de que un desempleado es un problema nacional, es un generador de violencia en potencia. Cuando el seguro de desempleo tenga la cobertura del 100% se sancionará la vagancia laboral con cárcel y en cárceles socializadoras. Las partes coinciden en que el trabajo es fundamental para el desarrollo integral del humano, el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del país.
Las políticas económicas protegerán el ingreso real de los trabajadores. El código laboral se actualizará de tal manera que sea más importante bajar la tasa de explotación (plusvalía) del humano por el humano y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que luchar por mejores ingresos corrientes. En la concertación empleadores-trabajadores acordarán en qué porcentaje de las utilidades participarán los trabajadores, que no podrá ser inferior al 10%  del total de la utilidad neta de la empresa.
Todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados se comprometen a conciliar sus pliegos de peticiones con espíritu de solidaridad, pensando más en los que no tienen empleo. Los sindicalistas se declaran dispuestos a compartir las oportunidades laborales con todos sus hermanos de la especie humana.
Los presidentes de las centrales obreras del país tendrán voz y voto en la ANC.
Todos los trabajadores públicos y privados que devenguen más de tres salarios mínimos se comprometen a donar un día de salario, todos los meses hasta que las circunstancias del país hayan mejorado, para el seguro de desempleo(Es mejor aportar para la paz y no para la guerra)
Todas las empresas públicas y privadas se comprometen a ceder en todo lo que signifique, --sin perder su estabilidad económica, claro está— búsqueda común del pleno empleo.
Se establecerán mecanismos legales de fácil aplicación para evitar el no pago, retención y retraso de los salarios, para exigir condiciones de higiene y seguridad en el trabajo como aspectos vitales en la convivencia laboral y social. Todos los empresarios se comprometen a ser mejores patrones.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: Donde hay trigo hay pan, donde hay pan hay  paz. No es por capricho que para referirnos al estómago usemos la palabra PANZA, que contiene las letras necesarias para escribir PAN y PAZ. ¡Ricos del mundo uníos para acabar con la pobreza, no con los pobres que os hacen ricos! Debe ser el grito unánime de la sociedad  nacional y mundial. Ricos colombianos uníos para adoptar una familia desplazada por la violencia. Con solidaridad en términos concretos no es necesario ir a las marchas a decir NO MÁS. 

25. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La nueva Constitución Política recuperará la propiedad sobre todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y reducirá las tarifas hasta que sus ingresos cubran la autosuficiencia financiera y administrativa. El beneficio social primará sobre la rentabilidad de dichas empresas. Todas serán Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: El costo inicial de  la infraestructura de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios hace mucho tiempo que ya se recuperó  y por lo tanto las tarifas deben ser las requeridas para cubrir el mantenimiento y crecimiento de la cobertura de las mismas. Todas deben operar buscando el equilibrio entre una eficiente y eficaz prestación de servicio y el cubrimiento de los costos operacionales. Deben regresar a sus legítimos dueños: EL PUEBLO.

26. MEDIOS DE COMUNICACIONES
La nueva Constitución política  permitirá el acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones.
Todos los medios de comunicaciones, se comprometen a abrir espacios gratuitos de transmisión de todo aquello que constituya defensa, divulgación, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales para que poseer riqueza vaya aparejado con merecer respeto.
Es decir, un periodismo que exalte la vida, la honestidad, que  integre y no divida, que informe con independencia e imparcialidad, donde lo colectivo prime sobre lo individual, sin subordinación a los partidos políticos y poderes económicos. 
Todos los medios (radio, prensa y televisión) se comprometen a dejar de ser incendiarios, y por el contrario se dediquen a desarmar los espíritus y propiciar la conciliación.
Todos los medios de comunicación, públicos y privados, nacionales y locales, se comprometen, de manera gratuita, a publicar el presente Acuerdo Nacional de No-violencia.

27. REFORMA ELECTORAL
La nueva Constitución Política deberá incluir financiación estatal para la actividad política; circunscripciones especiales en los cuerpos colegiados para permitir la representación de sectores minoritarios; Garantizará mayor eficiencia y eficacia de las herramientas de la democracia participativa.
La nueva Constitución Política impondrá el voto obligatorio estableciendo, a su vez, estímulos y sanciones como por ejemplo, si el ciudadano presenta la constancia de haber votado el Estado le confiere un 10% de descuento en todo lo que le adeuda y si por el contrario no votó se le exija un incremento del 10% en todo lo que deba cancelar al Estado.
Nota: Recuerde lo dicho en la justificación del proyecto de acuerdo: Por favor no aleguen déficit fiscal, pues cualquier presupuesto es pequeño para tantos corruptos que llegan a ocupar los cargos de elección popular a un precio muy alto. Mientras sea tan costoso llegar a cargos de elección popular, es ingenuo pensar que los elegidos sean honestos.
En la medida que se logre incrementar, con formación política de los ciudadanos a temprana edad, el voto de opinión, el voto de conciencia, el voto responsable y gratuito llegará el día en que se cumplirá el derecho a votar de manera voluntaria. Por ahora es urgente el voto obligatorio.

28. POLÍ