Enrique Liccardi Sañudo

En 1982, la Argentina perdió la guerra con Gran Bretaña; pero Gran Bretaña perdió los dos argumentos que tenía para justificar su permanencia en las islas:

 La posesión pacífica e ininterrumpida. Esta situación, que venía de 1833 se quebró el 2 de abril de 1982.

 El derecho a la autodeterminación de los habitantes. Después de la guerra, el Reino Unido sancionó una ley reconociendo lo que siempre había dicho la Argentina: los isleños no son un “pueblo”, son parte integral del Reino Unido.

Cierto, los conflictos internacionales rara vez los dirime el derecho. Suelen resolverse a favor del más poderoso.

Sin embargo, el menos poderoso debe invocar su derecho en todos los foros, buscando alianzas que fortalezcan sus reclamos. No es lo que hizo la Argentina en los últimos años. No aprovechó la destrucción de los últimos argumentos británicos.

Esta es una síntesis de la situación jurídica de Malvinas, a lo largo del siglo XX y hoy:

Principios de siglo. Inglaterra sigue justificando la posesión de las islas en supuestas primicias históricas: primer avistaje, primer desembarco, primer asentamiento.

Sin embargo, la propia documentación del Foreign Office muestra que la ocupación de 1833 fue injustificable. 

El historiador británico Peter Beck descubrirá años más tarde, en el Public Record Office, documentos de 1910, 1911, 1935, 1936 y 1940, en los cuales se desaconsejaba someter la disputa a un arbitraje internacional porque –a juicio de los propios expertos británicos– el derecho del Reino Unido sobre las islas era muy dudoso.

Años 30. Gran Bretaña abandona sus endebles argumentos originales y adopta la doctrina de la prescripción: la posesión pacífica e ininterrumpida de un territorio, durante largo tiempo, crea soberanía. La Argentina sostiene que la prescripción fue interrumpida por los reclamos periódicos; pero Londres alega que un reclamo no altera la situación de hecho.

Años 40. Con la creación de la ONU y el fenómeno de la desconolización, la posguerra da fuerza al concepto de autodeterminación. Gran Bretaña (poder imperial) desconocía este derecho, pero desde 1947, tras perder la India y Pakistán, no sólo acepta la autodeterminación sino que estimula a las colonias menores a independizarse.

La población malvinense es escasa para gobernarse por sí misma, frente a una Argentina que reclama el territorio. No obstante, Londres invoca la autodeterminación e ignora lo que sostiene la Argentina: que los isleños son británicos asentados en territorio argentino.

1965. La Asamblea de la ONU reconoce que la disputa es bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Es inadmisible, por lo tanto, que sea arbitrada por un grupo de británicos.

1981. Para mantener su posición, Gran Bretaña hace que sus leyes domésticas nieguen a los isleños la condición de británicos. La British Nationality Act 1981 los considera ciudadanos de un territorio dependiente de Gran Bretaña.

1982. Queda interrumpida la posesión continuada.

1983. Tras la guerra de 1982, el Parlamento británico se siente obligado a sancionar la British Nationality (Falkland Islands) Act 1983, que concede la ciudadanía británica a los isleños. Reconoce, así, que no son un “pueblo”.

Si es paradójico que Londres haya ganado la guerra y perdido los argumentos, también lo es que la Argentina –después de sostener durante años que los isleños eran británicos instalados en territorio argentino– desaproveche la razón que le ha dado el Parlamento británico.

No sólo la desaprovecha. Después de que el Reino Unido reconoció que, efectivamente, los isleños eran británicos, nuestra diplomacia trató de seducir a estos británicos (con Winnie the Poo y otras gentilezas) como si debiera congraciarse con aquellos que pueden resolver el conflicto La doctrina correcta es la de siempre: respetar los intereses de los isleños, sus derechos y su identidad cultural; pero no reconocerles una tercería en la disputa territorial.

 quiquejunior@hotmail.com