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lecturaLa provincialización del conflicto de Malvinas

 

 

 

 


Por Eduardo Mariano Lualdi*
5 de septiembre de 2011


“Cuando Inglaterra ocupó nuestros territorios en 1833, lo hizo sabiendo la importancia del control del paso interoceánico Atlántico Sur – Pacífico Sur y que ese dominio le garantizaba un punto de apoyo para sus objetivos geoestratégicos en America del Sur en donde tenia (y tiene) importantes intereses. Y cuando nos hizo la guerra en 1982, lo hizo sosteniendo aquel postulado geopolítico de 1833 y agregando su decisión de controlar la puerta de la Antártida y nuestra Patagonia. Desde Malvinas también, el Reino Unido consolida sus posiciones hacia la otra gran orilla del Atlántico, el continente Africano.
Con el respaldo de la Unión Europea avanzó en sus pretensiones colonialistas y presentándose como país ribereño en el Atlántico Sur en la Comisión de Limites de las Naciones Unidas, obtuvo así un claro triunfo político.
La diplomacia argentina viene sosteniendo desde 1989 como un “triunfo” argentino, la imposición del paraguas británico de soberanía y el control de policía de nuestras FF.AA. aceptados en los llamados Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y febrero de 1990 respectivamente. A esos Acuerdos les siguieron otros, públicos y secretos, tan lesivos como los mencionados y que fueron consolidando la presencia británica en el Atlántico Sur. Hoy el Reino Unido con el respaldo de la UE, aspira a colonizar más de cinco millones de kilómetros cuadrados y respalda esta decisión estratégica en la más importante base militar inglesa en estas latitudes la base de Mount Pleasant que se articula con otras de la OTAN.
La ocupación colonial de nuestros territorios australes para transformar el Atlántico Sur en un lago británico y poseer una plataforma de acción inmejorable para el control y dominio de la Antártida y el subcontinente suramericano es una política de Estado del colonialismo británico
Argentina, desde 1982, siguió una política de sumisión frente a la ocupación colonialista inglesa. Su más descompuesta versión fue la del ministro Di Tella, quien ridiculizó a la Nación Argentina con su política de “relaciones carnales” como política exterior y de “seducción y ositos winnie pooh” para los kelpers. Entre otras muchas medidas, la Argentina retiró de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su votación el tratamiento de la cuestión Malvinas en donde siempre resulto favorable incluso en 1982 -y hasta 1989-, y redujo el reclamo al Comité de Descolonización o Comité de los 24, organismo de las Naciones Unidas de rango subalterno y sin poder de resolución alguno. Hace algunas semanas, la Argentina se hizo presente en dicho Comité con resultados similares a los que se suceden año tras año. Allí Argentina no tiene mucho para ganar -como lo demostró recientemente la visita a Buenos Aires del Presidente del Comité- y Gran Bretaña nada para perder.
De Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner, el discurso oficial fueron rotando: de la “cobarde agresión argentina contra el Reino Unido” del primero, a la caracterización de guerra justa de su esposa, luego.
Pero ese viraje de Cristina Fernández de Kirchner no es acompañado por medidas que afecten realmente los intereses económicos, diplomáticos y militares del Reino Unido. Por el contrario, muchas medidas benefician los intereses británicos, como fue en su momento, la concesión del principal yacimiento petrolífero en territorio continental (nos referimos a Cerro Dragón) hasta el 2047 a la empresa Panamerican Energy propiedad de la British Petroleum en un 60%, o los esfuerzos para pagar al Club de Paris la deuda contraída por la Argentina en tiempos de la dictadura militar, mediante las gestiones que llevó adelante el ministro Amado Boudou en conjunto con la Banca inglesa Barcklays, lo que fue oportunamente denunciado por el Dip. Nac. (MC) Ing. Mario Cafiero. Debe incorporarse entre estas gravosas medidas la llamada Ley antiterrorista respondiendo al reclamo de los gobiernos de George Bush y Tony Blair, elaborada por el Dr. Néstor Kirchner, impulsada en el Parlamento por la entonces Senadora Fernández de Kirchner y defendida en el ámbito del Senado por la Dr. Vilma Ibarra. El discurso oficial en defensa de Malvinas no encuentra aun ningún respaldo en el ámbito de la política, la economía, la diplomacia y la defensa nacional.
Al colonialismo inglés no se lo va a desalojar de nuestros territorios con declaraciones, “paper”, ni Resoluciones. Todos ellos son necesarios pero nunca determinantes. Apoyándonos en la más amplia unidad americana, esa que Perón sintetizó “del Río Grande al Polo Sur”, es decir, con el trazado de una política continental frente a los enemigos externos de la Argentina y la región, se hace indispensable tomar medidas que golpeen “la víscera más sensible del imperialismo inglés”, su bolsillo. Y en esa unidad americana de la que hablaba Perón, también diseñar una estrategia antártica continental. Ocupadas las Malvinas y controlado de hecho el Atlántico Sur por el imperialismo inglés, bajo el paraguas de la UE y el Acuerdo de Lisboa, y con la asistencia de la IV Flota de EE.UU., la soberanía nacional (y por ende suramericana ) en la Patagonia, el Atlántico Sur, archipiélagos australes y Antártida, está gravemente comprometida.”
Estos son algunos de los párrafos que pertenecen al artículo “La necesidad de definiciones contra la ocupación colonial británica” de 24 de junio de 2011. Reafirmamos su contenido.
Otro aspecto no abordado en dicho artículo por el enfoque del mismo, es la política oficial sobre la cuestión Malvinas: la provincialización del conflicto de Malvinas.
Al respecto conviene releer detenidamente el trabajo “Lo que se viene en Malvinas” del Ing. Mario Cafiero y Javier Llorens quienes analizaron este tema de manera profunda.
Para no repetir los múltiples temas del ensayo de Cafiero-Llorens, señalamos:
La provincialización del conflicto de Malvinas no tiene nada que ver con el federalismo, aunque se pretendiera presentar como ejercicio del mismo;
La llamada política de provincialización del conflicto de Malvinas es una política dirigida directamente por el Ejecutivo Nacional a través de su ministerio de Relaciones Exteriores;
Su objetivo es permitir que el Poder Ejecutivo eluda sus indeclinables obligaciones frente a la ocupación militar colonial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El PE nacional usa la provincialización de la causa de Malvinas como si se tratase de una medida extraordinaria, pero esta tiende a "encapsular” la lucha por la definitiva recuperación de los territorios usurpados, reduciéndola a un problema de carácter “provincial” cuando se trata del mayor conflicto de ocupación colonial contemporáneo, y encubre el negociado de los recursos petroleros de la Nación;
El gobierno nacional se niega a denunciar los Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 (paraguas británico de soberanía) y febrero de 1990 (poder de policía de parte de la potencia ocupante sobre nuestras FF.AA.), derogar la Ley de Garantía a la inversiones británicas; y denunciar y derogar todos los Acuerdos, entendimientos, etc., públicos y secretos (1) que desde 1982 han perjudicado gravemente los intereses nacionales frente a la fractura territorial de la Argentina a manos de un potencia militar extranjera, entre otras necesarias medidas;

El gobierno nacional impulsa la llamada política de provincialización del conflicto de Malvinas minimizando y/o ocultando que la Argentina es un país con parte de su territorio ocupado por una potencia militar extranjera y un país dividido por dicha ocupación militar colonial, amenazada la soberanía de más de 5 millones de km2, su territorio continental y todo su Sector Antártico;

El Poder Ejecutivo Nacional continua con la política de indefensión frente a las potencias extranjeras, en especial del Reino Unido de Gran Bretaña que es quien ocupa militarmente nuestros territorios.

Es necesario revertir esta política de provincialización del conflicto de Malvinas denunciando sus nocivos efectos contra los intereses soberanos de la Argentina.

Y es necesario revertir esta política de indefensión que abarca:

La destrucción de todo el sistema de Defensa Nacional, empezando por la destrucción de su estado espiritual porque, como señaló el My. (R) VGM Vizoso Posse en su discurso este 2 de abril próximo pasado, el principal problema para la defensa nacional es “ir formando los guerreros, porque el guerrero lo primero que necesita es el espíritu, después necesita un arma, pero primero necesita el espíritu”;

Recuperar un equipamiento moderno y acorde para defender la Patria de la voracidad de las potencias extranjeras, especialmente de la potencia ocupante;

Recuperar la industria y el desarrollo técnico y científico para la Defensa;

Y terminar con la extranjerización de tierras de frontera estableciendo una nueva y moderna Ley de tierras de frontera integradas a la Defensa Nacional, que incluya acuerdos con los pueblos y naciones originarios, sosteniendo el camino de los Padres de la Patria de construir una patria en la que “la cordillera de los Andes sea la columna vertebral de una nueva y gloriosa Nación”. (2)

1) Si se desea un ejemplo más de estos Acuerdos secretos que venimos señalando, aprovechamos para recordar el Acuerdo entre el Estado argentino y Gran Bretaña durante el gobierno del Dr. Fernando de la Rua, que permitió levantar el veto británico contra nuestro país que impedía que este fuera sede de la Secretaria del Tratado Antártico; la ciudadanía aun no conoce los términos reales de dicho Acuerdo.

2) Jorge Manuel Vizoso Posse


* Eduardo M. Lualdi es Coordinador Nacional del Foro Patriótico y Popular y Director de CUADERNOS para el encuentro en una nueva huella argentina



Lo que se viene en MALVINAS

La entrega del petróleo que el gobierno se trae bajo el poncho

La provincialización del conflicto de Malvinas, y el Fideicomiso Austral, por el que se cedió el 50% de las regalías petroleras offshore a Tierra del Fuego

Por Mario Cafiero y Javier Llorens

Junio 2010

Resumen ejecutivo
Una noticia se repite rutinariamente todos los años para esta época referida al conflicto de Malvinas, monótona como las gotas de lluvia. Ella nos dice que el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una nueva resolución, donde pide a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a dicha controversia. La resolución no solo no es ninguna novedad, sino que no tendrá ningún efecto práctico. El Comité de Descolonización no tiene relevancia alguna en la estructura de la ONU, al punto tal que hay que encontrarlo con lupa en el organigrama. Hace más de 20 años que no produce resultado alguno. Y además este año finaliza el plazo que se le fijó para la eliminación del colonialismo, sin que se haya definido su continuidad.
Los medios nos informaron que en dicha sesión nuestro flamante canciller lanzó un durísimo discurso anticolonialista. Los cuales generalmente, conforme a la experiencia desde Menem en adelante, que prometía tomar a las Malvinas a sangre y fuego, cuantos más duros son para conformar a la tribuna, más inconsecuentes son en relación a los hechos. Si es que a la par no viene camaleónicamente un gato escondido por liebre, como sucedió con Menem. Esa teatralización parece repetirse nuevamente en esta ocasión. Posibilitando que tras las bambalinas se consolide definitivamente el formidable negocio de la explotación del petróleo de Malvinas por parte del Reino Unido, mediante la conjugación de dos medidas dictadas recientemente por el actual gobierno, que pasaron enteramente desapercibidas para la opinión pública. Con las cuales en la práctica se ha establecido una peligrosísima diplomacia paralela en relación a ese álgido conflicto.
Una fue la ley 26.552 de fijación de los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, por la cual las islas Malvinas y la Antártida Argentina pasaron a ser jurisdicción de esa provincia. Que se convirtió así en la más extensa de la Argentina y con la relación habitante por territorio más baja del planeta. Pese que se ha querido mostrar a esta ley como una medida de reafirmación de nuestra soberanía en los territorios usurpados, en los hechos provoca una capitis diminutio o minimalización del conflicto por Malvinas, que pasará en la práctica a ser un conflicto interno de dicha provincia, y no de la Nación Argentina. El conflicto geopolítico actualmente más importante en el planeta Tierra, por el dominio de las islas del Atlántico Sur y los extensos territorios marítimos circundantes, cuyos verdaderos antagonistas son el REINO UNIDO, con sus aliados europeos; y ARGENTINA con sus potenciales aliados sudamericanos, se ha minimizado así en una disputa de poca monta entre malvinenses británicos y fueguinos argentinos.
La otra medida fue la cesión que hizo el Poder Ejecutivo Nacional del 50 % de las regalías de la explotación off shore de petróleo, incluidos los de la zona en disputa, a favor del Fideicomiso Austral creado por dicha provincia, mediante un acuerdo firmado con el ministro de Planificación e Infraestructura De Vido. El mismo protagonista de los fideicomisos con Venezuela.
Si el Congreso Nacional destinara proporcionalmente su tiempo a los montos económicos en juego, por cada hora que se ha abocado a investigar los fideicomisos de Venezuela, debería dedicar 10.000 horas a investigar este Fideicomiso Austral firmado por el ministro De Vido. Además el Congreso debería analizar no solo la necesidad y conveniencia de este convenio, sino la validez del mismo dado ya que con él se habría violado el Art. 103 de la Constitución Nacional, que establece que “los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos”.
La articulación de esas dos medidas, dictadas en simultáneo al desembarco británico con miras a explotar el petróleo de Malvinas, sumadas a la facultades constitucionales otorgadas a las provincias respecto a dominio originario de los recursos naturales, y de realizar acuerdos internacionales, posibilitan que la gobernadora Fabiana Ríos puede concretar discretos acuerdos de explotación de petróleo con las compañías que están operando o pretenden operar en la zona de disputa. Y que encuentran como obstáculo legal la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no innovar unilateralmente en la explotación de los recursos del área en disputa. Recibirá así Tierra del Fuego el pago de una simbólica regalía del orden del 3 %, que la contraparte británica o los isleños, como ya lo han deslizado de distintas maneras, no imputarán como pagos de regalías (que puedan esgrimirse como un reconocimiento de soberanía argentina) sino como servicios ambientales prestados desde las costas del continente.
Esta trasnochada solución, en la que el gobierno parece estar operando en tándem con los intereses petroleros británicos, acarrea gravísimos peligros para la posición jurídica argentina en el diferendo Malvinas; incurriendo así los funcionarios intervinientes en negociaciones perjudiciales que violan abiertamente la disposición transitoria Primera de la Constitución. Allí se establece la "soberanía imprescriptible" y el "ejercicio pleno de la soberanía" sobre las Malvinas, respetando solo "el modo de vida de sus habitantes" y no sus “deseos”.
La jugada en la que parece estar empeñado entre gallos y medianoche el gobierno, debilita absolutamente el ejercicio de la “soberanía plena” por parte de Argentina sobre las islas y sus recursos, en este caso su petróleo. Este vital recurso no renovable, que ha desencadenado las guerras libradas en el último siglo, incluida la corta pero sangrienta Guerra de Malvinas de 1982.
Por esta razón el RU astutamente insiste en que la cuestión del petróleo es “un asunto exclusivo de los isleños”, porque es la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos. Cuya explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar una era de prosperidad a Argentina, como sucedió con Noruega, Dinamarca, Holanda, y Gran Bretaña con los yacimientos del Mar del Norte.
Muy lejos de este plan de entrega del petróleo, la catástrofe protagonizada por BP en el Golfo de México, debería haber llevado a nuestro país a fijar un curso de acción totalmente distinto. El sur del Atlántico Sur y la Antártida es un ecosistema frágil, que debe ser preservado de contaminación a toda costa. Conforme los principios de prevención (riesgo cierto, daño dudoso) y de precaución (riesgo dudoso) que rigen en el Derecho Ambiental, avalados por la OEA y la ONU, Argentina, lejos de pretender asociarse muy minoritariamente a los usurpadores y potenciales contaminadores -con todos los peligros diplomáticos y ambientales que ello implica-debería requerir que se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la misma.
Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente, conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una aventura que podría deparar resultados catastróficos.
Seguidamente se expone pormenorizadamente esta gravísima cuestión, en el entendimiento que esta información debería servir para que se reflexione sobre los graves peligros que se ciernen y se produzcan rectificaciones absolutamente necesarias para defender nuestro inmenso patrimonio austral.

Los antecedentes personales del actual canciller:
Los camaleónicos antecedentes de nuestro canciller Héctor Timerman, le quitan toda credibilidad a sus palabras. En 1976 como director del diario LA TARDE propiedad de su padre, apoyó fervientemente la instauración del Proceso Militar, colaborando en la instalación del clima que justificó el golpe. Pero seguidamente la familia Timerman, pese haber sido un elemento mediático clave para la perpetración del golpe, cayó en desgracia, porque algunos militares toscos no lograban entender la conexión que habían descubierto entre Timerman y el banquero Graiver, que había reciclado los dineros del secuestro de los hermanos Born perpetrado por los Montoneros. Y la relación de ambos con Pedro Jorge Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa propiedad de Graiver, y primo del famoso José Alfredo Martínez de Hoz. No les entraba en su coleto que era todo parte de un mismo paquete. Consistente por un lado, en magnificar el fenómeno guerrillero mediante dudosos e impactantes secuestros, y aún más dudosos rescates multimillonarios, reciclados por Graiver y Martínez Segovia en el Banco Comercial del Plata. (En los que a la larga, el secuestrador apareció como socio del secuestrado, como es el caso de Galimberti y los hermanos Born). Y por el otro magnificar aun más ese fenómeno mediáticamente, para justificar la irrupción del sangriento golpe, que cambió para siempre el curso de la historia, la economía, y la sociedad argentina.
Por esa razón, cargando el peso de ese fracaso de mercenario periodístico al servicio del golpe, del que nunca dio debida cuenta (ni tampoco menciona actualmente en su curriculum) Héctor Timerman se exilió en 1978 a Estados Unidos, donde adquirió ciudadanía norteamericana, que no es nada fácil de obtener. Posteriormente, para borrar su perniciosa actuación anterior (en un vuelco parecido al de Galimberti) regresó como abanderado de los derechos humanos, pese su complicidad en la instalación del golpe que los violó a mansalva. Eso le permitió a su padre cobrar una fabulosa indemnización por los perjuicios que le había ocasionado el Proceso Militar, pese haber sido uno de sus mentores mediáticos.
Luego en el 2003 se postuló como candidato a diputado por el ARI de Carrió. Pero seguidamente con la agilidad de un canguro buscando el calor del poder, pasó a militar en el ultrakirchnerismo, siendo premiado en el 2004, con el consulado en Nueva York. Y luego en el 2007, con el cargo de embajador en Washington, para el que tuvo que renunciar a su ciudadanía norteamericana, desde donde saltó limpiamente a ocupar el puesto de canciller. Al conocer su nombramiento la embajadora de EEUU en Argentina, Vilma Socorro Martínez, manifestó que le parecía “grandioso” que estuviera al frente de la cancillería, alguien que conoce tan bien a su país. Parece que actualmente los requisitos para ser canciller argentino, es tener un alto conocimiento de los Estados Unidos, como debían tenerlo del Reino Unido en los tiempos que estuvimos bajo la férula británica. De esa manera la sobreactuada “V” de la victoria que ostentó el flamante canciller después de su juramento, deja la incógnita de quién es realmente el que ha vencido.
Cabe la pregunta de cómo este señor con los antecedentes que cuenta de ostensible, público y notorio apoyo al Proceso Militar, puede haber llegado a ser canciller de un gobierno que se dice defensor a ultranza de los derechos humanos. Hay algo profundamente grotesco e inauténtico en los últimos treinta años de la política argentina. En donde el pasado de los personajes no existe para nada, o puede ser adaptado para cualquier ocasión, y al final uno no sabe para quién realmente juega. Y donde además, como se verá a continuación, lo que se dice nada tiene que ver con lo que se hace, ni con lo que se piensa hacer. Y menos aun con lo que sensatamente debe hacerse.

El engañoso discurso del flamante canciller ante la ONU
A los dudosos antecedentes del flamante Canciller, se suma ahora su sospechoso discurso. Tras denunciar la “aventura colonialista del Reino Unido en el Atlántico Sur, basada en la rapiña de los recursos naturales no renovables”, Timerman se explayó sobre los enormes riegos ambiéntales que ella supone, trayendo a colación la catástrofe ambiental producida por la plataforma de BP (British Petroleum-Amoco) que se incendió en el Golfo de México. Además dijo que esos riesgos podrían multiplicarse, al carecer esa aventura de apoyo logístico en las costas del continente. Pero ni se le ocurrió apuntar la hipócrita desmesura de la postura del Reino Unido, que afirma que “nada tiene que ver con la prospecciones en las aguas de las Malvinas, que es un asunto de los isleños”. Pese a que estos son solo 2.000 personas, que supuestamente quieren explotar para su exclusivo beneficio, como jeques de un extenso emirato marítimo, el área del millón y medio de kilómetros cuadrados que rodean las islas, equivalentes a la mitad del territorio de Argentina, con todos los riesgos que ello implica.
Seguidamente Timerman se despachó diciendo: “Mi Gobierno no es contrario a cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos que se derivan de la situación de hecho imperante en el Atlántico Sur, bajo el debido resguardo jurídico y con el objeto de crear el marco propicio para que las dos partes podamos reanudar las negociaciones. El Reino Unido, sin embargo, se considera por encima de los llamados de la comunidad internacional, y desdeña la opinión de las Naciones Unidas. Se arroga el derecho de ser el único árbitro, de cuándo, cómo e incluso de si se va o no a negociar, y, por el momento manifiesta no estar dispuesto a hacerlo, quizás con el objetivo de pretender consolidar su ilegítimo acto de fuerza nunca consentido por la Argentina. Esto es inadmisible”.
La frase “cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos”, tiene un rancio sabor a la nefasta política de los 90´ de “cooperación” y “seducción”, que se materializó en los -aún vigentes-Acuerdos de Madrid, de Menem, Cavallo y Di Tella. Ya nuestra presidenta Fernández de Kirchner había hablado de “cooperación” en la reciente cumbre de Jefes de Estado latinoamericanos realizada en febrero pasado en Cancún.
Pero ¿cuál es la cooperación que ahora se propone con el Reino Unido? La pista la encontramos en la siguiente fotografía, donde aparecen ufanos a la diestra de Timerman, el embajador en la ONU Jorge Argüello, y a la siniestra la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fabiana Rios, ex ARI y cercana ahora al gobierno nacional.
El primero con una carrera parecida a la de Timerman, pasó del menemismo, al cavallismo, y luego al macrismo, y pudo asi conservar su banca en diputados. Pese a la aparente divergencia en la visión de las relaciones exteriores entre el kirchnerismo y el macrismo, Arguello fue premiado con la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y en consecuencia en el 2006, ocupó la presidencia del flamante Observatorio Parlamentario Malvinas, en cuya gestión recibió agudas críticas por la tendencia probritánica de algunos miembros del Consejo Asesor que designó. No obstante ello, su filiación macrista y los nulos resultados del Observatorio, en el 2007 Argüello fue nombrado nada menos que embajador ante la ONU, donde la cuestión de Malvinas tiene su centro de gravedad.
Por su parte Ríos, debutó en las lides internacionales cambiando la bocha de la soberanía por la del medio ambiente, ya que se despachó diciendo: “Se trata de un problema medio ambiental en una jurisdicción sobre la cual no podemos ejercer ninguna autoridad como es Malvinas. Eso es lo que más nos preocupa”. A lo que Timerman agregó “que las empresas británicas no le han presentado a la Argentina ningún tipo de garantías ambientales”.
¡Caramba¡ Se trataba de una cuestión de “colonialismo y rapiña” en abierta violación a “la soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio y el sostenimiento de un enclave colonial contra el imperio del derecho, la historia, la razón y la justicia” como dijo Timerman en su resonante discurso. O solo una cuestión de polución ambiental. Son cosas muy diferentes, como comenzar hablando de religión y del destino del hombre en el cosmos, y terminar hablando de los hábitos de higiene bucal. Pero lamentablemente no se trata de furcios verbales o frases sacadas de contexto, sino que están en perfecta sintonía con hechos concretos que se han mantenido ocultos, o se han aprobado sin el suficiente debate. Y que marcan un curso de acción que necesariamente conduce a la entrega del petróleo malvinense.

El plan de entrega del petróleo malvinense:
Esta política que conducirá a la entrega lisa y llana del petróleo malvinense a los británicos, se aceleró a mediados del año pasado como si el gobierno argentino estuviera operando en tándem con las necesidades británicas. Así a la par que las compañías inglesas se preparaban para despachar la plataforma de prospección Ocean Guardian, el gobierno nacional concretó un súbito acercamiento con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, encabezado por la Rios. Que olvidó su filiación al ARI, se plegó al kirchnerismo, y como se verá, pasó a ser un puntal en esa política de entrega. A la que además se le pretende conferir el carácter de “política de Estado”. Término con el que se denomina en Argentina a aquellas acciones destinadas a joder al pueblo o la nación, sea quien sea el partido que gobierne. Por esa razón acompañaron a Timerman y Rios en su periplo por la ONU, los senadores Filmus, Mestre y Giustiniani.
Pero esta “política de Estado” no es una improvisación del actual gobierno. Se trata de un eslabón más de una misma política, cuyas raíces se echaron en los ´90, producto de la ausencia de voluntad de confrontación real por el tema Malvinas con el Reino Unido. Resultado de una mezcla infame de incapacidad, impotencia, pusilanimidad, y tácita complicidad por parte de la dirigencia, ante un desafío que no se anima a enfrentar, o no sabe como hacerlo.Y por eso lo elude con discursos tan encendidos, como vacíos de contenidos prácticos.
En estas nefastas “políticas de Estado”, no hay diferencias entre el gobierno y los “monopolios mediáticos”. Por el contrario desde estos permanentemente y desde hace mucho tiempo, se alienta un posibilismo pedestre y supuestamente realista, propio del que se declara vencido de antemano, sin aceptar el enorme desafío que implica la cuestión de Malvinas. Recientemente el editorialista de CLARIN Eduardo Van der Kooy (23/06/10) lo expresó con todas las letras, al abordar la noticia de la asunción de Timerman y las cuestiones pendientes en su cartera: “El litigio eterno por las islas Malvinas ha perdido intensidad, quizás porque la guerra de la dictadura tornó impotente cualquier intento nacional.”
El editorialista de CLARIN, en línea con la postura adoptada por el Reino Unido, hizo mención a la guerra del ’82, como si fuera definitoria. Si así fuere, si las guerras definieran todo, que sería Europa ahora, luego de atravesar guerras de altísima intensidad, con masacres y genocidios incluidos. Van der Kooy niega la realidad, y niega el presente de hiperactividad e hiperintensidad del conflicto en el Atlántico Sur, que está en las páginas de los diarios. Parecería que ni siquiera lee el diario CLARIN. Pero mas allá de los discursos más duros o más blandos, sobre estos pusilánimes fundamentos sintetizados por Van der Kooy, se ha desenvuelto la política de Malvinas desde 1982 en adelante. Y especialmente desde 1989 en adelante, pese a lo prometido previamente por Menem con su ¡Siganmé que no los voy a defraudar!
Por su lado el Reino Unido la cosa la tiene clara. A la reunión del Comité no concurrió ningún diplomático inglés. Solo fueron dos concejales de la Asamblea Legislativa de Malvinas, supuestos representantes de los isleños, pero que no han nacido en las islas. Emma Edwards, nacida en Portsmouth y experta en petróleo. Y Gavin Short, ex miembro de la fuerza de defensa de las islas, quién se encarga de estimular permanentemente el chauvinismo de los kelpers, reclamando que se embandere “cada casa, cada hogar, flameando el emblema de las Falklands”.
La actual política de entrega se asienta en un conjunto de decisiones y acciones, que solo pueden calificarse de absurdas o suicidas, si se la mira desde la óptica del interés nacional. Al tratarse de acciones que claramente debilitan la posición argentina y fortalecen la posición británica. Es como si las decisiones propias las tomara el enemigo, y pavimentara así su plan de conquista. No se puede encontrar otra explicación a dos cruciales decisiones que se han adoptado recientemente: la ley de fijación de límites de la Provincia de Tierra del Fuego (Ley Nro. 26.552); y la creación del Fideicomiso Austral.
La primera, con el asesoramiento de la cancillería, fue sancionada a los apuros, y sin ningún tratamiento por parte del Congreso a fines del año pasado, fijando los límites a la provincia argentina más austral. Que se convirtió así en la provincia más extensa del país, al incorporar a ella todas las islas del Atlantico Sur, y la Antártida hasta el Polo Sur, donde la gobernadora Ríos no llegó nunca. De esta manera las islas Malvinas y las Georgias pasaron a ser virtuales municipios de dicha provincia. Y en consecuencia el conflicto de Malvinas bajó dos escalones. De una contienda internacional, pasó a ser prácticamente una contienda intraprovincial, bajo la órbita de la gobernadora Ríos.
Por su parte el Fideicomiso Austral fue creado en el pasado abril, a la par que plataforma Ocean Guardian iniciaba sus tareas en Malvinas, como consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Planificación nacional y la Provincia de Tierra del Fuego; que aún no tuvo aprobación en la legislatura fueguina, ni tampoco fue autorizado por el Congreso Nacional. Mediante este acuerdo, el Ministro De Vido cedió a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 50% de las regalías petroleras que le correspondían a la Nación en toda la plataforma continental austral. Y en el que se estipula expresamente que el acuerdo incluye las aguas en disputas por el conflicto de Malvinas, que actualmente se encuentran bajo dominio inglés.
La palabra fideicomiso en manos de De Vido, lamentablemente en Argentina es sinónimo de corrupción y gato encerrado. Y en este caso lo es con creces, al manchar el conflicto de Malvinas, que se cobró la vida de casi setecientos argentinos que yacen en las islas o la profundidad del Océano Atlántico, de una forma absolutamente promiscua e indebida.
La excusa para crear este fideicomiso fue la misma con la que Menem y Néstor Kirchner llevaron a cabo en los ´90 la rifa de la petrolera de bandera YPF: regalías supuestamente mal liquidadas. En este caso un conflicto por regalías en un área off shore situada en el mar argentino frente a Tierra del Fuego, que abarca solamente algunos miles de kilómetros cuadrados. Y para supuestamente zanjar el mismo, se le otorgó a Tierra del Fuego el cobro de regalías sobre un área de tres millones de kilómetros cuadrados. Como si todo el Mar Argentino perteneciera a esa provincia insular perdida en el confín de la patria. Como si el resto de las provincias no existiera. Y como si el conflicto de Malvinas tampoco existiera.
La clave de bóveda de ese plan de entrega del petróleo, es justamente la cuestión ambiental, de la que se esmeraban de rezongar tanto Timerman y Rios. El cobro simbólico de regalías por parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico, de un minúsculo 3 % (muy lejos de la apropiación de la renta petrolera por parte del Reino Unido, que llegará al 50 %) le permitirá a este presentar la cuestión no como un pago de regalías con la que ha resignado soberanía, sino como una compensación por un servicio ambiental a prestarse desde las costas del territorio argentino.
La oferta implícita que obra en el párrafo del canciller Timerman previamente citado, en el contexto de las medidas comentadas, es clara. A cambio de que el Reino Unido se avenga a sentarse de vez en cuando en una mesa para charlar sobre la soberanía de Malvinas, se puede llevar todo el petróleo que quiera, dejando a cambio el pago de unas simbólicas monedas. Imputables por nuestra parte como regalías petroleras, y por la contraparte como servicios ambientales. De esta manera el Reino Unido soluciona olímpicamente el impedimento de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a las partes a no tomar medidas unilaterales en la explotación de los recursos en el área en disputa. Un contubernio de esta naturaleza ni siquiera requeriría la intervención del Congreso, ya que en la práctica este y el Poder Ejecutivo han delegado sus atribuciones a la Legislatura y la Gobernación de una provincia de solo 130 mil habitantes, de menor dimensión que la más modesta comuna de la ciudad de Buenos Aires.
Esta trasnochada solución, en las que el gobierno parece estar operando en tándem con los intereses petroleros británicos, acarrea un gravísimo peligro inverso; que el gobierno parece no haber advertido. O peor aún, que deliberadamente ha dejado de lado. Incurriendo así en negociaciones perjudiciales que violan abiertamente la disposición transitoria Primera de la Constitución; que establece la "soberanía imprescriptible" y el "ejercicio pleno de la soberanía" sobre las Malvinas, respetando solo "el modo de vida de sus habitantes" y no sus deseos...
La jugada en la que parece estar empeñado entre gallos y medianoche el gobierno, debilita absolutamente el ejercicio de la “soberanía plena” por parte de Argentina sobre las islas y sus recursos, en este caso su petróleo. Y en especial sobre ese vital recurso no renovable, que ha desencadenado las guerras libradas en el último siglo, incluida la corta pero sangrienta Guerra de Malvinas de 1982. Por esta razón el RU astutamente insiste en que la cuestión del petróleo es un asunto exclusivo de los isleños, porque es la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos. Cuya explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar una era de prosperidad a Argentina, como sucedió con Noruega, Dinamarca, Holanda, y Gran Bretaña.
Lejos de este plan de entrega del petróleo, la lectura de la catástrofe protagonizada por BP en el Golfo de México, debería haber llevado a nuestro país a fijar un curso de acción totalmente distinto. El sur del Atlántico Sur y la Antártida es un ecosistema frágil, que debe ser preservado de contaminación a toda costa. Conforme los principios de prevención (riesgo cierto, daño dudoso) y de precaución (riesgo dudoso) que rigen en el Derecho Ambiental, avalados por la OEA y la ONU, Argentina, lejos de pretender asociarse muy minoritariamente a los usurpadores y potenciales contaminadores -con todos los peligros diplomáticos y ambiéntales que ello implica-debería requerir que se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la misma. Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente, conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una aventura que podría deparar resultados catastróficos.

Política & Petróleo & Negocios
El general Leopoldo Galtieri, encandilado por las señales engañosas provenientes de Estados Unidos y el Reino Unido, ocupó militarmente las islas sin un plan para la defensa de ellas; ya que su plan de ocupación estaba basado en las premisas de la no reacción militar británica, y que la mediación norteamericana permitiría cambiar el petróleo por soberanía. El plan del actual gobierno es un pobrísimo remedo de esa estrategia, ya que, implorando nuevamente la ayuda diplomática estadounidense, pretende cambiar el petróleo por algunas esporádicas charlas diplomáticas sobre soberanía. Asunto en el cual los ingleses han demostrados ser unos maestros en ganar, o mejor dicho en perder el tiempo.
Así seguramente el actual gobierno presentará como un notable triunfo diplomático de su gestión, que izará como bandera electoral, el hecho de conseguir que unos displicentes diplomáticos ingleses, se sienten de vez en cuando a charlar entre bostezos respecto la cuestión de la soberanía. Como sucedió en los años previos a la guerra de 1982, sin ningún resultado concreto.
Pero además, sabiendo la debilidad del gobierno por la Política & Negocios, que le impide formalizar ningún acto administrativo, sin contemplar paralelamente su costado crematístico, que conlleve beneficio para sí, o sus empresarios amigos, es de colegir que en esta ocasión, también existirá esa cara por ahora oculta de la Luna. En la que no hay mucho que repartir, sino más que muchísimo, al estimarse que las riquezas petroleras de Malvinas podrían ascender a varios billones (millones de millones) de dólares. De esa manera las comisiones indebidas del Fideicomiso de Venezuela que tanto preocupa hoy a los legisladores de la oposición, pasarían a tener la categoría de monedas.
En tal sentido no es casual que haya sido BP, la petrolera de bandera del Reino Unido (actualmente en apuros por sus aventuras en el Golfo de México) la primera beneficiada con la prórroga de las concesiones petroleras hasta el año 2047, gracias a la ley corta de hidrocarburos sancionada a instancias de Néstor Kirchner. Quién además fue el que digitó personalmente la prórroga de la concesión que detenta BP en sociedad con Bridas, en el yacimiento Cerro Dragón. El más importante de Argentina continental, que se extiende en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta prórroga despertó serios reparos en la provincia de Santa Cruz. Y en Chubut deparó la renuncia del ministró que la negoció, Norberto Yahuar, quien pasó a ocupar la subsecretaría de Pesca de la Nación.
Lamentablemente este gobierno y el que le precedió con el mismo apellido, apesta a petróleo. Por ello los precios de los combustibles internos no dejan últimamente de subir, a partir de que empresarios “compinches” del gobierno, la familia Eskenazi, se hizo del control de YPF. Subas que se acentuaron desde que Cristóbal López, otro empresario “compinche” del gobierno, tomara recientemente el control de la destilería de Petrobras en San Lorenzo, y de 250 estaciones de servicios de esta. Por esa razón también el affaire del Fideicomiso de Venezuela, está directamente relacionado con importaciones de fuel oil de mala calidad. Los autores de esta nota, junto con el Dr. Ricardo Monner Sans fuimos los primeros en denunciar penalmente este negociado, cuando en el año 2006 investigamos la subfacturación de exportaciones de gas y la importación de fuel. Que no eran necesarias, al exportar Argentina simultáneamente una similar cantidad de calidad superior. Pero que sin embargo permitió organizar un tráfico de influencias en torno de los fondos con que se pagó el fuel oil, que debían revertirse en compra de productos argentinos. El petróleo, que actualmente en el mundo es la “divisa de divisas”, es aun mas poderoso caballero que Don Dinero.

La inacción suicida o cómplice ante el conflicto
En este marco de situación, no es desatinado colegir que la reciente renuncia del canciller Jorge Taiana, precisamente en vísperas de la reunión en el Comité de Descolonización, no habría tenido relación con el Fideicomiso de Venezuela, como enfatiza la prensa opositora, sino con la renuencia por parte de dicho canciller de rancia prosapia peronista, a proseguir con este curso de acción para la entrega del petróleo, basado en el Fideicomiso Austral. Que frente una perspectiva electoral, encontraba una oportunidad propicia para su planteo ante el Comité de Descolonización, por la paralela catástrofe ambiental acaecida en el Golfo de México. Por esa razón Taiana habría manifestado al renunciar, que tenía serias discrepancias con la orientación de la política exterior. Lo que fue retrucado de inmediato por el canciller designado Timerman, quien adoptando una postura ultraverticalista (impropia de un ministro que debe refrendar con su firma las decisiones en su cartera) manifestó que la política exterior la fija exclusivamente la presidenta… aunque ella sea favorable al Reino Unido.
Este curso de acción solapado en connivencia con el Reino Unido, explica la inacción y ausencia de innovaciones por parte del actual gobierno respecto el conflicto. Timerman hizo resonantes declaraciones ante un opaco Comité de Descolonización, pero nada dijo de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. Para poder concretar esto, Argentina debería ya estar trabajando, para rearticular los apoyos diplomáticos que históricamente cosechó a su favor, sumándole ahora la cuestión ecologista; pero teniendo en cuenta que los votos en la Asamblea se consiguen de a uno. Tampoco habla de hacer acuerdos con Brasil, Uruguay y Chile, para impedir la asistencia logística, tanto a la actividad petrolera como pesquera que se desarrolla en Malvinas. Y menos aún está pensando en trabar la venta de los yacimientos en manos de Pan American en Argentina, propiedad de la británica BP, de los que esta tendría que desprenderse para hacer frente a la catástrofe ambiental que protagonizó en el Golfo de México, para impedir que los transfiera a compañías de otros países no involucrados en el conflicto. Y mantener así a favor de Argentina otra prenda de negociación en el conflicto.
Pero fue frente al incidente de los super aviones de guerra con asiento en Malvinas, que amenazan al territorio argentino, y solicitaron cruzar el mismo rumbo a Punta Arenas, donde el gobierno defeccionó absolutamente, demostrando una total falta de imaginación, lindante con la complicidad. Cualquier país serio del mundo les habría negado el permiso a cruzar el territorio. Y los habría autorizado en todo caso a aterrizar en un aeropuerto propio, y luego demorado burocráticamente su partida, hasta que se cumplieran los requisitos administrativos de rigor.
Habría mostrado así ante los ojos del mundo, las debilidades de esa amenaza carente de sustento territorial y moral, y la disposición pacífica por parte de Argentina ante el conflicto. Y a la par habría impedido que quedara consentido y establecido que Punta Arenas es el aeropuerto alternativo al de Malvinas. Cuestión que es de suma importancia, dado que los vuelos de larga distancia no se pueden despachar si no existen aeropuertos alternativos en las cercanías del destino. Con la explotación petrolífera los vuelos transcontinentales seguramente se multiplicarán, por lo que este incidente también parece ser parte del plan.
En los informes Ulises IV (setiembre 2008), Ulises VII (octubre 2008) , Ulises XIII (noviembre 2009) y en “Malvinas -Otra estrategia es posible” (Marzo 2010) alertábamos sobre esta inacción, sobre estos peligros, y manifestábamos nuestras prevenciones respecto que se estuvieran implementando engañosas “políticas minimalistas”, las que lamentablemente ahora se están cumpliendo con creces. Adjuntamos los capítulos actualizados del último de los informes citados, que se refieren a este inadmisible plan de entrega desarrollado en connivencia con la diplomacia británica. Respecto el cual como siempre, nuestro Congreso está en babia, dado que su agenda no la fijan los representantes del pueblo, sino los medios. En vez de enfocarse en el actual Fideicomiso Austral, que implica la explotación de una riqueza en disputa por billones de dólares, ahora está enfocado en el Fideicomiso de Venezuela, que no llega a mil millones de dólares. Creando para ello una subcomisión en la comisión de Relaciones Exteriores, que tendrá por objetivo averiguar si se han pagado comisiones indebidas en las ventas a Venezuela.
Un verdadero trabalenguas, por parte de un Congreso que en el agudo conflicto con el campo por la resolución 125, creó por ley una comisión para investigar a las aceiteras y exportadoras de granos que se llevaron puestas las enormes retenciones creadas por esa disparatada resolución, que sublevaron al campo, y hasta la fecha ni siquiera se ha integrado. La fábula de “Los dos conejos” del español Tomás de Iriarte, que discutían sobre si los perros que los perseguían eran galgos o podencos, y en consecuencia fueron devorados por estos, que finaliza diciendo, “los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo” parece de plena aplicación para quienes hoy nos representan.

La confluencia de las acciones del gobierno con el avance inglés
La provincialización del petróleo
“Con Kirchner es posible conversar, pero en privado”, declaró también Carlos Bulgheroni, dueño de Bridas y socio de BP. Y este es el gran problema del los negocios, especialmente el petrolero. Donde lo que se dice en privado, no se puede repetir en público. En tal sentido Néstor Kirchner es un hombre muy apreciado entre los duros barones integrantes del Club del Petróleo, que saben mucho de golpes mediáticos, militares, y revoluciones. En la reforma constitucional de 1994, fue uno de los autores del ambiguo artículo 124 que dispuso la provincialización del subsuelo, al reconocerles a las provincias el "dominio originario de los recursos naturales" en el territorio de ellas. Y luego como presidente la hizo operativa en relación al petróleo, con la sanción a fines del 2006 de la “ley corta” de hidrocarburos, cuyo proyecto lleva la firma de Kirchner y Lavagna, y le permitió seguidamente a Pan American renegociar a su gusto la concesión de Cerro Dragón.
En esa ley la bancada oficialista apoyada por las provincias petroleras, forzó la interpretación de que el “dominio originario” implicaba también la “jurisdicción” sobre esos recursos. Y en consecuencia fueron traspasados a las provincias, incluyendo los yacimientos of shore hasta una distancia de 12 millas desde la costa. Al respecto el diputado Claudio Lozano expresó:
"Parece mentira que en nombre de un supuesto federalismo estemos a punto de dar sanción a una demanda histórica de las petroleras de nuestro país... es cierto que la Constitución de 1994 plantea una situación de vacío jurídico, pero también es verdad que este es el peor modo de llenarlo... No coincido con lo que aquí se ha dicho acerca de que esta iniciativa respeta en modo absoluto el artículo 124 de la Constitución Nacional.”
Con esta desnacionalización y provincialización del petróleo se revirtió la política inaugurada por el general Mosconi un siglo atrás, dejando nuevamente a las provincias solas frente a las colosales petroleras mundiales. En una relación de pigmeo famélico, generalmente desesperado por la imposibilidad de pagar la nómina de empleados públicos a fin de mes, contra un coloso multinacional ahíto de poder financiero, que generalmente tiene además detrás a una superpotencia que lo apoya.
Como un epitafio a todo proyecto de llegar a ser un Estado – Nación, en una cuestión de tanta sensibilidad, belicosidad y estrechamente relacionada con la seguridad energética y nacional como son los abastecimientos petroleros, las Provincias Unidas del Río de La Plata, pasó a ser los Emiratos Petroleros Unidos. Y se mutó así la crónica corrupción estatal nacional, por la crónica corrupción y estado de necesidad de las provincias. Donde apalancado por las petroleras, siempre aparece algún gobernante que como un jeque árabe borracho, está dispuesto a regalar el petróleo a cambio de un plato de lentejas, ante la imposibilidad de explotarlo por su cuenta. Tal como sucede en las provincias mineras que en su subsuelo detentan metales nobles y preciosos.
Como se verá a continuación, este comentario respecto la desnacionalización del petróleo y su provincialización, no se trata de una digresión. Por inusitado que parezca, una parecida política de provincialización se adoptó en relación con el conflicto de Malvinas; resultando además la provincialización del petróleo concomitante con ella.

La provincialización de la disputa por Malvinas
A fines de 2008, junto con el comienzo del nuevo avance inglés por el petróleo, se produjo un inesperado acercamiento entre el gobierno nacional y la gobernadora de la isla de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, Fabiana Ríos. Pese a que esta pertenecía al ARI, el partido liderado por Lilita Carrió furibundo opositor del gobierno. Como mandataria de una provincia en quiebra, Ríos andaba famélica en busca de fondos. Seguidamente el acercamiento se hizo extensivo a los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso, quienes comenzaron a apoyar acríticamente las iniciativas oficialistas. Y así a mediados del 2009, estos presentaron un proyecto para fijar los límites de dicha provincia. Esta había sido creada a principios de 1990, paralelamente con los Acuerdos de Madrid y el restablecimiento de relaciones con el RU, mediante una ley en la que también se fijaban los límites de ella.
Sin embargo esta delimitación fue vetada parcialmente por el presidente Menem y el canciller Cavallo, aduciendo que la delimitación “requería mayores precisiones para adecuarlo al orden jurídico vigente”. Y que “los límites fijados podrían generar, involuntariamente, interpretaciones de terceros Estados que no responden a las posiciones sostenidas en la materia por nuestro país”. Razón por la que el Poder Ejecutivo enviaría en la brevedad al Congreso de la Nación, un texto sustitutivo.
Pasaron casi 20 años, y el texto sustituto por parte del Poder Ejecutivo no apareció nunca, posiblemente por el alto voltaje político que esos limites tienen, relacionados directamente con la disputa de Malvinas. El sustituto provino de los representantes de Tierra del Fuego, con la activa participación y asesoramiento de la cancillería y el vicecanciller Victorio María José Taccetti, quien pese haber hecho una meteórica carrera diplomática en la década de las relaciones carnales de los ’90, sigue hoy en los primeros rangos del ministerio de Relaciones Exteriores. Su texto es el siguiente:
"La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la Isla de los Estados, las Islas Año Nuevo, las Islas Malvinas, las Rocas Cormorán y Negra, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados al Sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo 60º Sur, y las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden".
De entrada llama la atención la redundancia del texto, donde las Malvinas e islas anexas parecen estar contempladas dos veces, al incluirlas detalladamente en el primer párrafo, y al incluirlas genéricamente en el último. En el primero se les asigna jurisdicción sobre el mar territorial de esas islas, o sea las 12 millas a partir de la costa. Pero en el segundo la descripción es mucho más amplia, al referirse a “los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden”, sin aclarar muy bien de qué derecho se trata. Ya se vio en relación a la provincialización del petróleo, la forzada interpretación que se hizo del artículo 124 de la Constitución, y de cómo se puede escribir aparentemente derecho para que resulte torcido.
Pero lo que más llama la atención, es el TAMAÑO DE PROVINCIA que resulta de la abandonada y remota isla de Tierra del Fuego, ya que sus confines están en el Polo Sur, y en el medio del Atlántico Austral, a mitad de camino hacia Sudáfrica. En el Informe ULISES XIII:
“Los peligros de la ley la delimitación de la megaprovincia de Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, publicado en agosto del 2009, antes del tratamiento por parte de las cámaras del Congreso de dicha ley, se planteaba que la misma era un ERROR HISTORICO:
“El día 14/09/09 el diario Ámbito Financiero titula en su pág. 23: “Histórico: Diputados apura fijar límite de Tierra del Fuego” y en la nota señala que el proyecto, cuenta “con contundentes notas de aval de la Cancillería y del embajador Tacchetti”. Coincidimos que es realmente un hecho histórico ya que desde los albores de la humanidad hasta nuestros días jamás ha existido en el planeta una provincia o entidad territorial de este tipo, o siquiera análoga. Ni en el derecho comparado, ni en la geografía, ni en la historia se registra una configuración jurídico territorial tan peculiar. Estaríamos fijando los límites de algo tan singular y único que prima facie parece sorprender a la sensatez y el sentido común. Los hechos históricos generalmente son escasos y excepcionales, en cambio los errores históricos no son escasos en estas latitudes.
Seguidamente advertía que “fijar los límites de un territorio provincial no es un mero trámite cuando este presenta las siguientes características singulares”:
A .Una inmensa superficie de aproximadamente 1.200.000 km2 incluyendo aguas territoriales (60 veces la superficie de la provincia de Tucumán que es de 22.000 km2 y cuatro veces más grande que la provincia de Buenos Aires, la mayor de la argentina, que es de 307.000 Km2).
B. Un litoral marítimo de varios miles de kilómetros, que por lo menos triplica en longitud a las costas de la argentina territorial.
C. Una enorme dispersión entre los diversos segmentos continentales insulares y archipielágicos de una provincia que se extendería desde el Polo Sur hasta el estrecho de Magallanes
D. Población escasa y heterogénea: argentinos, británicos, científicos y trabajadores de más de 30 nacionalidades.
E. Estatus jurídicos diversos: 2% territorio argentino indisputado. 98% territorios litigiosos o controvertidos (reclamos superpuestos con Chile e Inglaterra) y con una comunidad internacional renuente a reconocer soberanía estatal en la Antártida.
F. La cohabitación de autoridades nacionales y provinciales, ya que existen numerosas bases científicas en la Antártida operadas por el Estado nacional bajo responsabilidad de la Cancillería.
G. Existen además en la península antártica estaciones y bases científicas permanentes y transitorias de más de 20 países funcionando de conformidad con el Sistema del Tratado Antártico.
A continuación alertaba respecto la complejidad adicional por los alcances del antes mencionado artículo 124 de la Constitución reformada en 1994. Que además de posibilitar la provincialización del petróleo, al otorgar a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, autorizó a estas a “celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación”. Apuntaba al respecto:
“En 1994 se incorpora a la CN un artículo, el 124, que en teoría venía a reivindicar el espíritu federal, pero que en la práctica solo ha servido para desguarnecer los recursos naturales y posibilitar su explotación en general a manos de empresas transnacionales como el caso de la minería. La lectura, análisis, evaluación e interpretación del art 124 de la CN es un ingrediente esencial del debate que postulamos, con miras a producir un consenso genuino sobre una cuestión que interesa a todos los habitantes del país. ¿Es compatible el federalismo que parte de una noción de equidad e igualdad entre sus componentes naturales o sea las provincias con la existencia de una megaprovincia de
1.200.000 km2 cuando por ejemplo Tucumán tiene solo 22.000 km2? Los recursos naturales están distribuidos aleatoriamente, en especial en zonas donde el dominio originario puede coincidir con el dominio útil o derivado. Esa distribución aleatoria no parece compatible con un federalismo real ni con el recupero o defensa de los mismos frente a terceros Estados o a interesados privados”
Seguidamente denunciaba que detrás de esa inusitada fijación de límites, estaba la diplomacia del RU y la cuestión de Malvinas, insinuando que se trataría de un “blesing in disguise” (una bendición disfrazada) para la diplomacia británica
“Según fuentes oficiosas y confidenciales el avance en la provincialización de zonas litigiosas es valorado como un paso muy positivo para lo consolidación de los intereses británicos en el área. Se trataría de un “blesing in disguise” para la diplomacia británica que por otra parte niega toda participación en un proyecto surgido espontáneamente de fuentes argentinas. En anteriores Ulises hemos descripto el retroceso de la posición argentina en los últimos años. Frente a este avance no parece adecuado descentralizar decisiones políticas, ni mucho menos transferir recursos económicos, ni a la más nueva de nuestras provincias la más añeja de nuestras controversias.”
“La incorporación del art 124 de la CN cambia radicalmente las condiciones y el enfoque con que debe considerarse la definición de los límites de la provincia de Tierra del Fuego. Es muy grande el potencial de futuras polémicas y daños derivados si el texto no fuera lo suficientemente preciso en la delimitación de competencias. Cabe preguntarse si este proyecto que tanto complace a la Cancilleria es beneficioso para el interés nacional o debilita nuestra posición y los legítimos derechos e intereses de toda la sociedad argentina. Y si se trata de un elemento congregante o disgregante. La pregunta no es ni banal ni abstracta. Hay estrategias sutiles que disfrazan de inocuo o histórico algo que si no se toman todos los recaudos del caso puede ser extremadamente dañino.
Terminaba reclamando que la Cancillería argentina explicara las razones que aconsejan el dictado de esa ley, y si ella podía contener riesgos futuros, en especial con referencia a:
“La disposición transitoria de la CN y nuestra integridad territorial. Nuestra reivindicación antártica. El derecho de todos los argentinos a conservación del medio ambiente y la puesta en valor de sus recursos naturales. Creemos que la respuesta a estos interrogantes requieren una análisis serio, profundo y objetivo de las modalidades y características de la legislación propuesta. Dicho análisis debe ser amplio y transparente y abarcar a la totalidad de la población argentina y a todas las provincias, ya que están en juego enormes recursos naturales, renovables y no renovables, patrimonio de todos los argentinos. El debate debe ser naturalmente previo a la sanción de la ley y debe contemplar todos los aspectos jurídico internos y jurídico internacionales, estratégicos, ecológicos y económicos de la cuestión”.
La disposición transitoria Primera de la Constitución, es transitoria, porque se trata de un objetivo. Se parte de la realidad que los territorios están usurpados y se plantea el objetivo de recuperarlos. Mientras ello no sea así, adjudicar a una provincia territorios que aun no hemos recuperado es colocar el carro delante del caballo. Asimismo la cláusula expresa que el mandato es para todo el pueblo argentino y de la Nación toda. O sea es una responsabilidad y un deber de todas las provincias, sean estas litorales o mediterráneas.
Pese a ese requerimiento del grupo Ulises de la necesidad de un debate profundo del tema, el Congreso Nacional, a la par de que se anunciaba en Londres la incursión de la plataforma Ocean Guardian, aprobó velozmente y sin ninguna discusión ese proyecto de ley. La Cámara de Diputados lo aprobó en septiembre del 2009, sin debate y a libro cerrado. Y la Cámara de Senadores lo hizo a fines de noviembre en una sesión sobre tablas, en base a un superficial informe que hizo el senador José Carlos Martínez como único orador. Quién sin embargo destacó que estaba presente en el recinto la gobernadora Fabiana Rios, como si de resultas de esa ley pudieran derivarse pingues resultados para esa empobrecida provincia.

El Fideicomiso Austral
Seguidamente, en una pomposa ceremonia celebrada en Ushuaia el 15 de marzo pasado, con la presencia de la presidenta de la Nación Fernández de Kirchner, el ministro de Planificación Julio De Vido y la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur Fabiana Ríos, firmaron un “Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego”. El acuerdo tiene como objeto poner “fin a las controversias” sobre el dominio de los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental adyacente a la isla grande de Tierra del Fuego. Pero detrás de este supuesto objetivo se comprometen vastísimas áreas y recursos de la plataforma marítima en jurisdicción del Estado Nacional, en su mayor parte en disputa por la soberanía territorial con el Reino Unido.
En el artículo 2 del Acuerdo se incorpora expresamente -sin que queden lugar a dudas-que el territorio de aplicación del acuerdo comprende la Cuenca Malvinas y todas las superficies que la polémica ley 26.552 le asigna a la extensísima provincia de Tierra del Fuego (Malvinas,
Georgias, Sándwich, Antártida, etc.). En el art. 5 del acuerdo se establecen una serie de proyectos de obras de infraestructura sanitaria, vial, energética y portuaria, que serán financiados por un Fideicomiso Austral a ser creado por la Provincia; que se integrará con aportes de la Provincia y del Estado Nacional, durante un plazo que se fija por 10 años.
La Provincia aportará al Fideicomiso el 50 % de las regalías petroleras de las aéreas que se encuentran actualmente en explotación y que en un futuro concesione bajo su manejo. El Estado Nacional aporta treinta y cinco millones de dólares al contado, y el 50% de las regalías correspondientes a las aéreas costa afuera adyacentes a la Isla de Tierra del Fuego y “de las que se concesionen en el futuro” (4.2). Agregándose de una manera tajante en el siguiente acápite (4.3) que ello “incluye expresamente a los territorios de la Cuenca Malvinas y otros que se hallen en disputa de soberanía…”
Resulta a priori muy extraño que la manera de resolver una controversia por regalías en un área de unos miles de km2 (el área offshore adyacente a T del Fuego) sea incorporar al ruedo las regalías de una enorme superficie de millones de km2 del Estado Nacional. La que además están buena parte de ellas en disputa por la soberanía; que tiene como antecedente una breve pero cruel guerra librada treinta años atrás; y en la que ahora está asentada la base más poderosa del Reino Unido y la OTAN en el Hemisferio Sur. Hay algo esencialmente grotesco en esa previsión, equiparable a autorizar la instalación de un kiosco para la venta de bebidas y golosinas, en medio de un campo de batalla en una guerra de trincheras.


Producción Cuenca Marina Austral Regalías percibidas por Estado Nacional
Petróleo 24.393.557 u$s 5.350.922 u$s
Gas Natural 104.676.175 u$s 55.117.702 u$s
TOTAL 129.069.732 u$s 60.468.624 u$s







De acuerdo a información pública de la Secretaria de Energía, los montos de las regalías, tanto por petróleo como gas, del área en controversia (Cuenca Austral Off Shore) para el año 2009 fueron los que figuran en el siguiente cuadro. Los importantes montos que se pueden apreciar en el mismo, distan de requerir sumar como compensación, aéreas hidrocarburíferas inmersas en una disputa internacional; de resultado impredecible; y de la enorme extensión como las que cedió el ministro De Vido.

Sin embargo, a los efectos de una supuesta “reafirmación de la soberanía argentina en el archipiélago”, la subsecretaria de Relaciones Internacionales Carolina Lavori, destacó simultáneamente que la incorporación de las áreas hidrocarburíferas pertenecientes a la Cuenca Malvinas en el Fideicomiso Austral, representaba “un reconocimiento expreso a los efectos de la Ley Nacional 26.552” referida a los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y agregó:
“El acuerdo estipula en su articulado que el Territorio de Aplicación incluye a los espacios marítimos y terrestres irredentos que se encuentran en disputa que corresponden a la soberanía de la nación y que son parte de la Provincia de Tierra del Fuego”, con lo cual se trata “de una categórica reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre el archipiélago y por ende la propiedad de los recursos naturales de la zona”.
El eje del plan de entrega del gobierno: la diada insular En concreto, el gobierno como si operara en tándem con la diplomacia británica, con la conjugación de la provincialización del petróleo; la delimitación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; las potestades de celebrar convenios internacionales que se le acuerdan a las provincias; y la cesión del cobro de regalías a favor de dicha provincia, en vez de regionalizar o sudamericanizar el conflicto, lo ha reducido a una mínima expresión. Lo ha provincializado e insularizado, poniéndolo a cargo de la provincia encabezada por la Isla de Tierra del Fuego. De esta manera, transformándolo en un conflicto entre dos islas, lo ha equilibrado… a favor de Inglaterra, al contraponer no los 40 millones de habitantes de Argentina, contra 1.800 kelpers; sino los menos de 130.000 habitantes de Tierra del Fuego, contra 1.800 isleños. Bajo este enfoque, la disputa de Malvinas no se trataría de un conflicto internacional, sino intradepartamental, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Sur, y su dependencia, departamento, o municipio Malvinas.
En consecuencia la “triada” menemista producto de las relaciones carnales previamente analizada, muto en la “diada” kirchnerista, que se puede visualizar en la imagen adjunta.

La diada insular del conflicto
Producto de la suma de la continuidad de las “relaciones carnales”, encarnada en la cancillería argentina; mas las “relaciones provinciales” llevadas a cabo por parte de caciques de provincias, prestos para hacer cualquier negocio o negociado, sin importarles un bledo una visión integral como Estado – Nación, y los desafíos que este afronta para convivir en un mundo cada vez mas complejo y necesitado de recursos naturales. En vez de “estadistas” que gobiernan estados, se trata de “provincianos”, con la segunda y tercera acepción peyorativa que se da a dicha palabra. Al aplicarse a personas “toscas”, que “tienen mentalidad cerrada e ideas desactualizados y poco desarrolladas”. Y además, como es público y notorio, fuertemente sospechados de corrupción.
El término diada expresa una relación de dos. En psicología la relación entre madre y niño; y esta parece ser la relación que hemos establecido desde un tiempo a esta parte, con el RU y la “Reina Madre” Inglaterra. En medicina es la existencia de dos cánceres distintos en un mismo cuerpo, que es generalmente fatal. En este caso los cánceres fatales son tres: la provincialización del petróleo, la provincialización del conflicto de Malvinas, y la cesión de las regalías petrolíferas por parte de la Nación, a favor de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A principios de año, como si estuviera a la espera de la plataforma inglesa Ocean Guardian, la gobernadora Ríos se ufanaba públicamente de que la provincia cobraría regalías petroleras de Malvinas. Y así, como un último peldaño de nuestra degradación como Nación o República, ahora no será nuestro canciller quién negocie nuestro ancestral conflicto con el RU, con el control del Congreso. Sino que será seguramente un secretario de Hacienda de la gobernadora Fabiana Rios quién -bajo el amparo de ese Fideicomiso y del artículo 124 de la Constitución-saldrá a negociar con los isleños, las petroleras británicas, y el RU, unos acuerdos petroleros aun mas deplorables y denigrantes de los que firmó el canciller Di Tella en 1995, inspirado entonces en la política de las “relaciones carnales”.
Es penoso el periplo seguido por la gobernadora Ríos, que resultó elegida por un reclamo de transparencia, frente la corrupta administración que la precedió. La misma que hoy la denuncia por estar renegociando en forma muy poco transparente los contratos petroleros, al estilo K. Famélica de fondos ante la quiebra en que se encontraba su provincia, finalmente se convirtió en una pingüina empetrolada, que aspira a una auténtica solución K para zafar de sus crónicos déficits presupuestarios provinciales. Los K para salir de la crisis en que se encontraba Santa Cruz en 1991, reventaron a YPF. Y ahora Ríos se ha hecho cómplice para reventar la cuestión Malvinas con el mismo objetivo.
La estrategia británica siempre estuvo clara para el que la quería ver. Vienen por el petróleo y se armaron militarmente para ello. Pero saben que no pueden llevarse el 100 % del botín, porque el mundo empezó a mirar lo que está pasando en el Atlántico Sur. Son 5.000.000 de km2 en disputa, con recursos incalculables. Tienen que mostrar un “acuerdo” aunque sea simbólico con Argentina, que en vez de llevarse el 100 %, les permita llevarse el 97 % o el 94 %.
Por ello, con la complicidad del gobierno nacional, la cancillería argentina, y las autoridades de Tierra del Fuego, están preparando una limosna que para no enervar las pretensiones de soberanía del reino Unido, seguramente vendrá disfrazada como una reparación ambiental, para mantener incontaminadas a las Malvinas de la explotación petrolera. Por eso simultáneamente se habla de la instalación en Tierra del Fuego de una destilería, existiendo desde hace de diez años, un proyecto de la SHELL británica holandesa en tal sentido. Tierra del Fuego, con las exenciones fiscales y aduaneras con que cuenta, se convertirá así en un santuario petrolero, que a cambio de recibir un enorme pasivo ambiental, recibirá también unas propinas como supuestas y equívocas regalías del petróleo de Malvinas. Las que serán destinadas a pagar la nómina salarial de una atribulada burocracia, para construir algunas viviendas para personas carenciadas, o para una u otra escuela. Quedándose seguramente buena parte de ella en el camino, por la corrupción que impera en la obra pública.
Gracias a la explotación del petróleo del Mar del Norte, Noruega y el Reino Unido, y también Holanda, y Dinamarca, impulsaron su crecimiento económico e igualdad social. Y ello fue así porque la “tax” o imposición que aplican sobre el petróleo crudo, no es del 3, ni del 6, ni del 12 %, sino que supera el 50 %. De esa manera no solo han elevado a la cima del mundo el bienestar de la actual generación, sino que además ahorran para el bienestar de las generaciones futuras, para cuando ya el petróleo no exista más en el Mar del Norte.
De eso se trata la cuestión de la soberanía en Malvinas, que no tiene nada de simbólica ni de declarativa. Se trata del bienestar de las generaciones de argentinos, actuales y futuras. Ante el enorme desafío que esto implica, la pequeñez y el enanismo intelectual y moral de nuestros actuales gobernantes “provincianos”, atados a los problemas de caja del día a día, o al poder que momentáneamente otorga la caja, es antológica.
El delito de alta traición se configura cuando un funcionario se “une al enemigo o le presta ayuda o socorro”. Hoy técnicamente el RU no es “enemigo”. Pero igualmente linda con la alta traición el prestarle ayuda para que se apropie hoy de lo que fue en realidad, el motivo por el cual el enemigo de entonces urdió la guerra de 1982, como se verá a continuación.


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