Por Ángel Gregorio Cabello
El otro tema que constituyó una satisfacción fue el enunciado de la llamada
Doctrina Drago. Se difundió a fines de diciembre de 1902 [...] En mayo de
aquel año había fallecido Amancio Alcorta y yo pedí a Joaquín V. González que
se hiciera cargo provisoriamente de Relaciones Exteriores, lo que hizo hasta
agosto, cuando nombré al joven Luis M. Drago.
Yo no lo conocía pero me habían
hablado de su actuación como diputado y de su versación jurídica [...] Y bien:
fue Drago quien me convenció que la Argentina debía exponer su posición
contraria al uso de la fuerza en el cobro de las deudas públicas.
La nota
estaba dirigida a nuestro ministro en Washington para que la transmitiera al
Secretario de Estado. Sosteníamos en el documento que, cuando un capitalista
presta dinero a un gobierno, lo hace midiendo sus riesgos y evaluando la
seriedad y solidez del deudor, por lo tanto no puede llamar en su auxilio a su
gobierno para que éste le oficie de cobrador armado.
Aunque suelo ser bastante
escéptico en materia de declaraciones teóricas, la que redactó Drago tuvo una
sorprendente repercusión años después en diversos congresos internacionales y
ámbitos académicos.[1]
EL ESTADISTA
Jurista, sociólogo, político. Contribuyó con su accionar a dejarnos la
enseñanza de una acendrada consagración al respeto del país, al ejercicio de
las instituciones y al imperio de las normas políticas y jurídicas.
Su figura trascendió las fronteras de Hispanoamérica asignándole singulares
relieves tanto como ministro de Relaciones Exteriores de Roca (2/8/1902 a
18/7/1903) cuanto con motivo de su actuación en la Conferencia Internacional
de la Haya (1907) o en su misión como árbitro en el pleito de las pesquerías
del Atlántico Norte -Terranova - suscitado entre Gran Bretaña y Estados Unidos
(1910).
Drago fue convocado a la Cancillería luego de haber realizado lo tradicional
en los varones de su generación.[2] Transitó el periodismo: La Tribuna
Nacional, de Andrade; El Diario, de Lainez; El Censor, de Sarmiento; La
Nación, de Mitre. Trazó rumbos en la magistratura: juez, fiscal y camarista de
Mercedes y La Plata y – luego – fiscal de Estado de la provincia de Buenos
Aires. Fijó posiciones en la cátedra (profesor de Derecho Civil en la
Universidad de Buenos Aires) y en el libro (varios son sus ensayos sobre
jurisprudencia, sociología, antropología, etc).[3]
En política (luego de un breve paso por la Cámara Joven bonaerense) fue
proclamado candidato por el P.A.N. y elegido diputado nacional por Buenos
Aires en 1902 y, posteriormente, por la Capital Federal en 1906 y 1912.
En un parlamento en el que se destacaron no pocos talentos su labor se perfiló
con nitidez. Palabra de hombre de leyes, carácter independiente y enérgico,
llegado el caso no vaciló en defender sus ideas o declinar posiciones
expectantes para salvaguardar lo valioso y permanente: la consideración que
cada uno se debe a sí mismo y a los demás. Así, en la Cámara de Diputados, lo
expresó al salir al cruce de apasionadas – e intencionadas – críticas
formuladas a su actuación internacional:
Yo no busco de ninguna manera el éxito; he querido simplemente salvar mis
opiniones. Creo que en política y en circunstancias difíciles, la verdadera
destreza consiste en una valerosa buena fe. El carácter salva a los hombres de
muchos peligros en que la sutileza naufraga, y es una firme sinceridad lo
único que puede dar solidez al éxito o dignificar la derrota [...] Los
principios que se ajustan al ideal inmanente de justicia valen por sí y poco
importa la fuerza de que se disponga cuando son proclamados. Tarde o temprano
se imponen.[4]
EL HECHO
La situación latinoamericana a comienzos de diciembre de 1902 era
extremadamente seria: naves inglesas, alemanas e italianas bloqueaban y
bombardeaban puertos venezolanos (Maracaibo, La Guayra y Puerto Cabello),
amenazando con un desembarco y ocupación del territorio, configurando un
verdadero casus belli.
La insólita – aunque tradicional – agresión respondía al rechazo del
presidente Cipriano Castro al ultimátum de esas potencias para que, en el
perentorio término de cuarenta y ocho horas, reconociera el pago de ciertas
obligaciones pecuniarias, cuyo cumplimiento reclamaban de tiempo atrás
comerciantes y financistas de esas nacionalidades. Se trataba de
indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de las frecuentes revoluciones
que se producían en Venezuela. Después de arduas gestiones a las que Caracas
respondió asegurando que una vez restablecida la paz interior honraría todas
sus obligaciones, se produjo el apresamiento de barcos de la pequeña armada
local con la abierta (y aviesa) intención de apoderarse de la aduana de la
ciudad de La Guayra.
El ataque conmocionó a toda Hispanoamérica y, en especial, a la Argentina. El
enojo y la zozobra eran legítimos dado que la deuda externa – producto de las
grandes inversiones foráneas, hechas al amparo de nuestro enorme crédito – y
la constante prédica colonialista de las naciones acreedoras hacían sospechar
que, ante algún eventual atraso en el pago de los servicios, podía sucedernos
lo mismo que a Venezuela.
Agresión que – por otra parte – sólo había ocasionado el siguiente comentario
del presidente Theodore Roosevelt quien, con un lenguaje profético y por demás
elocuente, manifestó ante el congreso norteamericano (1901) que:
...no había nada que comentar respecto de este tipo de represalias contra un
Estado que se conduce mal ...[5]
Todos estos hechos y otros similares acaecidos en las entonces denominadas
naciones débiles, hoy países en vías de desarrollo o mercados emergentes, no
sólo en Latinoamérica sino también en Egipto, Túnez, Turquía, Grecia, China,
etc. advirtieron y preocuparon a muchos. Drago, con posterioridad diría:
... en aquella época, yo mismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores no
hacía sino recibir reclamaciones a cada instante, cada vez más violentas, con
cualquier pretexto.[6]
La opinión pública, la prensa – en general – y la mayoría de los intelectuales
y políticos execraron la actitud de la coalición europea y la pasividad – casi
cómplice – de Estados Unidos. Exigieron, entonces, acciones decididas y
solidarias con la república hermana. Manuel Lainez avanzó sobre el problema
con palabras que cobraron vigencia perenne:
Los intereses nos vinculan más con Europa, pero el corazón y quizás algo más
recóndito – la adivinación de un peligro común que avanza sordamente – nos
vincula hacia la causa de Venezuela.[7]
En este estado de cosas el gobierno de Caracas envió a su par de Buenos Aires
una comunicación denunciando los hechos bélicos y solicitando apoyo
diplomático. Por su parte, Drago insistía al presidente para que nuestra
Cancillería estableciera oficialmente y de manera precisa la casi unánime
opinión del país ante la coacción acreedora.
Roca vacilaba, con argumentos de peso, ante la postura del ministro y sus
seguidores (Pellegrini y Mitre, entre los más notorios). Al fin – sopesando
costo y beneficio – accedió. Así, por la vía diplomática de rigor, el 29 de
diciembre de 1902, Drago en nombre del gobierno argentino dirigió al
representante en Washington (Martín García Merou) una nota a la Secretaría de
Estado cuyo texto fijaba de manera explícita nuestra posición ante los
sucesos.[8]
LA CAUSA
Ya en la última década del siglo XIX la política imperialista de los países
fuertes – dado que el status quo del reparto colonial en el resto del mundo
estaba prácticamente resuelto – se encaminó, sin dilaciones ni disimulos,
hacia los países atrasados de Hispanoamérica; en los cuales la avidez de
radicar inversiones financieras era estimulante por múltiples motivos,
fundamentalmente por:
- Escasez de capitales nativos
- Baratura de las tierras
- Precio muy módico para los productos primarios
- Salario casi inexistente
- Fortísimo retorno de las colocaciones pecuniarias
Esta política definirá el futuro de
nuestros estados y la definirá en consecuencia de los réditos financieros de
los grupos internacionales, los que se encaminaron – desde un primer momento –
hacia los commodities, las comunicaciones y la operatoria bancaria.
No en vano, durante nuestra crisis de 1890, Miguel Cané-ministro en París-
alertaba:
Estamos al borde del abismo [...] el gobierno inglés se está poniendo de
acuerdo con Alemania para imponernos la intervención de Europa bajo la forma
de una comisión financiera encargada de recaudar nuestros impuestos [...] El
golpe está montado y es terrible. Si llegan a poner las manos sobre nuestro
país, por más promesas que hagan de pronta desocupación, adiós
independencia.[9]
Además, este avance del neocolonialismo encontró terreno propicio en la
situación casi feudal – supérstite del período hispánico – imperante en los
países iberoamericanos.
En el caso de Venezuela, luego de 1830, acaecida la balcanización de la Gran
Colombia bolivariana y ante la carencia de poder efectivo los subordinados del
Libertador, sumergieron la situación política en un inacabable desacuerdo
donde los intereses regionales, sectoriales y personales terminaron por hundir
al país en el aquelarre de las luchas intestinas durante setenta años.
En un paisaje plagado de conspiraciones, con una realidad económico – política
y socio – cultural anclada aún en la época colonial, las presiones de las
distintas zonas productivas disputaron el poder de las autoridades que –
malamente - ejercían el control gubernamental. Entre 1830 y 1899 estallaron
treinta y siete revoluciones acaudilladas por señores de la guerra que
respondían – o eran ellos mismos – banes de los llanos, de Coro o del oriente
los que según su habilidad y suerte se alternaron en el poder central.
Finalmente, en 1899, la escena política mostró un profundo cambio. De la forma
tradicional - es decir: por las armas- se impusieron los hombres de los Andes,
cuyo líder el general Cipriano Castro tomó el gobierno apoyado por los estados
cordilleranos y su, entonces, poderosa economía basada en el monocultivo del
café. Este producto inclinó la balanza regional hacia el oeste donde Tachira,
Mérida y Trujillo relegaron al resto del país manteniendo su control
administrativo hasta 1945.
Castro desde su llegada a la presidencia enfrentó las consabidas revoluciones.
Con los métodos de la época (palo y palo) a los que sumó algunos rasgos de su
personalidad y la importante e interesada ayuda de su lugarteniente Juan
Vicente Gómez (luego presidente per se o por delegación desde diciembre de
1908 hasta su muerte, en diciembre de 1935) las venció unas tras otra. Debió,
además, arrastrar una dificultad extrema. En los primeros años del siglo XX la
situación financiera atravesaba una crisis terminal: el Estado no podía
cumplir sus compromisos con la banca extranjera. Al segregarse de la Gran
Colombia, Venezuela tomó a su cargo los servicios que le correspondían y
continuó adquiriendo nuevos empréstitos que – leoninamente acordados e
interesadamente administrados – la llevaron a la virtual cesación de pagos.
Para colmo se sumó, en el mercado internacional, la baja a casi un tercio de
la cotización del café.
Ante el caótico hecho, Castro apeló a la toma de deuda interna. Los banqueros
nativos a los que acudió – en forma poco atenta – utilizaron la situación para
complotar. Con la aquiescencia de intereses extranjeros se coaligaron con
todos los sectores de oposición (la Libertadora) con el fin de deponer – por
las armas – a la Restauradora. Castro descubrió que sus adversarios habían
sido financiados por capitales foráneos y accionó, entonces, en forma decidida
y audaz: desligó al Estado del resarcimiento a terceros – tanto nativos cuanto
extranjeros – por los perjuicios no producidos por su gobierno. Luego (marzo,
1902) declaró la cesación temporaria de pagos de la totalidad de los servicios
de la deuda, con el compromiso de honrarlos posteriormente. De inmediato,
obtuvo como respuesta el envío de una armada de las potencias implicadas que
actuaron – cuando menos – con la anuencia implícita del gobierno de Roosevelt.[10]
A su vez, en medio del desarrollo del desatado problema externo, en el frente
interno, Juan V. Gómez logró aniquilar la sublevación de la Libertadora con la
captura de Ciudad Bolívar, en julio de 1903.[11]
Sin embargo, los problemas de los inversores europeos se mantuvieron a lo
largo de todo el mandato de Castro, que duró hasta diciembre de 1908. Sin
dudas, paradigma de los caudillos latinoamericanos de la época, Castro asumió
una política exterior de respeto hacia los intereses nacionales frente a la
desmesura y rapiña de los países fuertes. Cerril, su díscola postura hacia el
capitalismo neocolonialista, su animosidad contra las divisas lo convirtieron
en un estorbo para el mundo civilizado que no hesitó en bajarle el pulgar para
luego entenderse y medrar durante los largos y tristes años de la dictadura
gomecista.[12]
LA DOCTRINA
Al proclamar los postulados de Monroe, el gobierno de Estados Unidos no
requirió el apoyo argentino. A su vez, en ningún momento, Argentina brindó
oficialmente su respaldo.
Nuestro país afianzó, entonces, el liderazgo de la desaprobación
latinoamericana contra cualquier manifestación de injerencia extranjera que-a
la postre- intentara conllevar la puesta en juego de la soberanía. Así, en
1868, Carlos Calvo expresó su postura doctrinaria acerca de las inversiones
foráneas: los financistas sólo podrían acudir a los tribunales
correspondientes al estado deudor.
Con posterioridad (Primera Conferencia Panamericana, 1889) ambos países
acordaron el principio de arbitraje para el hemisferio pero únicamente
enunciaron un esbozo blando e improductivo, debido a que – en pleno desarrollo
interno – otras prioridades, probablemente, hayan debilitado el interés en tal
empresa.
En un clima de desconfianza – como hemos visto – dadas las situaciones creadas
por la política expansionista europea en diversos países débiles de otras
partes del mundo, estalló el problema de Venezuela. Problema que estableció
una provocación tanto a la Doctrina Monroe como a la postura iberoamericana
contraria a la intromisión armada de las potencias centrales. La idea de que
Venezuela podía llegar a convertirse en un enclave enfocado contra la
hegemonía norteamericana en el Caribe y la posición Argentina en América del
Sur fue muy meditada en los círculos políticos y diplomáticos de Washington y
Buenos Aires. Drago – entre otros – estaba persuadido del apetito que los
colonialistas europeos tenían por los territorios latinoamericanos. Así
expresó sus sospechas de que la gestión oficial de esos gobiernos – con el
objeto de hacer efectivos los intereses de los empréstitos a naciones cuyo
desequilibrio político y económico condenaba a la insolvencia – encubriera la
intención de apoderarse de espacios estratégicos.[13]
En consecuencia manifestó que: El cobro militar de los empréstitos supone la
ocupación territorial para hacerlo efectivo y la ocupación territorial
significa la supresión o subordinación de los Gobiernos locales en los países
a que se extiende.
Tal situación aparece contrariando visiblemente los principios muchas veces
proclamados por las naciones de América y muy particularmente la doctrina de
Monroe con tanto celo sostenida y defendida en todo tiempo por los Estados
Unidos, doctrina a la que la República Argentina ha adherido solemnemente
antes de ahora. Y, puntualizó:
... lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran
satisfacción consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela, por una nación
que como los Estados Unidos goza de tan grande autoridad y poderío, es el
principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en
América, ni opresión de los pueblos de este hemisferio, porque una desgraciada
situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el
cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver
reconocido, es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención
armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas
por una potencia europea.[14]
La nota despertó el interés del departamento de Estado no sólo por su
contenido sino también por proceder de una cancillería que había dado largas a
las proposiciones panamericanistas que, en un primer momento, emanaron de la
Doctrina Monroe. Empero, en torno de la agresión europea a Venezuela,
Washington no internalizó – según la opinión de algunos autores – el alcance
de la comunicación argentina. O, suponemos, hizo caso omiso de la misma, dado
que al reducir su geopolítica a evitar contrariedades con las potencias
bloqueadoras (en particular con el acuerdo que intentaban acuñar Chamberlain y
Guillermo II) Estados Unidos no captó -o, mejor, no le interesó captar - el
propósito de Drago. Propósito que – entre otros – pretendía ser una
consecuencia de la Doctrina Monroe.[15]
Además, entendemos, que Washington tenía muy en claro que su propio
expansionismo lo llevaría a terciar en el desenvolvimiento de los gobiernos
caribeños. Quería mantener las manos libres en la zona que consideraba de su
exclusiva influencia (su mare nostrum); por lo tanto no aceptaba un cambio a
la lectura unilateral de la Doctrina Monroe.
Absorto por la estrategia trazada por Roosevelt, el Departamento de Estado no
apreció que al procurar para el hemisferio una acción multilateral contraria a
cualquier intromisión ajena al mismo – encaminada al cobro punitivo de los
servicios de la deuda – Drago y Roca se aproximaban más que todos los
gobiernos anteriores al concepto interamericanista de cooperación mutua.[16]
En su nota el canciller no requirió a Estados Unidos que ratificara sus
opiniones y – luego de un meduloso estudio de la misma – el secretario, John
Hay, le respondió cuando Venezuela ya había pasado por lo peor y la situación
bélica se encontraba cercana a solucionarse (febrero de 1903). En su
contestación se limitó a acusar el envío del memorándum, reiterando las
seguridades que Roosevelt había brindado a los estados latinoamericanos sobre
su integridad física; aunque - cuidadoso – alertó sobre posibles
desaprobaciones por mala conducta, pero desechó puntillosamente toda
ratificación o rectificación de la propuesta argentina.
La nota de Drago no coadyuvó en forma efectiva a la solución del conflicto. No
obstante, fue muy oportuna y positiva: la prensa norteamericana recibió – casi
en su totalidad – calurosamente la propuesta. Y, más aún, alertó al
Departamento de Estado a que notara que la misma mostraba un cambio de actitud
a tenerse en cuenta.[17]
A su vez, en nuestro país y en el resto de iberoamerica la propuesta suscitó
un beneplácito análogo en la mayoría de las redacciones, en la opinión pública
y en los círculos afines al poder. Roca – como hemos visto – expresó su agrado
por el recibimiento que tuvo la nota, aún cuando los Estados Unidos se habían
reservado el modus operandi a seguir ante las exigencias de las potencias
respecto al cobro compulsivo de la deuda pública.
Desde luego, no faltaron posiciones contrarias (incluso en Venezuela). Algunos
especialistas estimaron – y estiman – que el manifiesto de Drago no fue
especialmente innovador ni una consecuencia forzosa de la Doctrina Monroe.[18]
Si bien entendemos que el numen de la proposición fue lograr réditos políticos
y diplomáticos para nuestro país – lo que de por sí es ya valioso – lo cierto
e importante fue que se aprovechó una coyuntura específica e inexcusable para
fijar ante el mundo una actitud precisa, mediante la cual los frágiles países
del sur del Río Grande procuraban rechazar la prepotencia de las capitostes de
turno.
Por otra parte, la respuesta de Hay – redactada a mezza voce – posibilitó que
Washington enunciara una norma contundente y a su medida: el mezquino e
hipócrita Corolario de Roosevelt a la Doctrina Monroe. De acuerdo con su
contenido los Estados Unidos se arrogaban la reserva del Caribe, la tutela de
sus tambaleantes regímenes políticos y sus vacilantes finanzas. También – de
paso – autodecretaban el ejercicio de un poder de policía internacional.
Al disponer en forma unilateral y exclusiva la fiscalización dejaron las
puertas abiertas para las más diversas tropelías, que no tardarían en llevar a
la práctica.[19]
Era evidente, en aquellos años, que la política norteamericana para el
hemisferio no manifestaba la menor intención de apoyar la Doctrina Drago.
Los manejos diplomáticos del Departamento de Estado se notaron claramente en
la Conferencia de Río de Janeiro (1906). Allí, la misión estadounidense
sostuvo que la Doctrina era apropiada para imputarse al mantenimiento del
orden universal con el objeto de retacear de la zona de influencia hemisférica
la aplicación de la norma. Drago que – entre otros motivos – sospechaba esta
jugada, no asistió al encuentro.
Los dimes y diretes diplomáticos continuaron en la Conferencia de La Haya
(1907) donde Washington formuló una interpretación reducida de la doctrina
argentina. La moción del general Porter vedaba las medidas punitivas para
satisfacer los servicios exclusivamente en los casos en que el estado moroso
no aceptara la mediación de terceros. Ante la magnitud del manipuleo de su
teoría, Drago intervino manifestando que:
... la República Argentina proclamó la doctrina que excluye del continente
americano las operaciones militares y la ocupación de territorios, derivadas
de empréstitos de Estado. Aun cuando se apoya en consideraciones muy serias y
muy fundamentales, se trata de un principio de política, y de política
militante, que no puede ser, y que no admitiríamos que fuera discutido ni
votado en esta Asamblea.
Lo enuncio, sin embargo, para reservarlo expresamente, y para declarar en
nombre de la Delegación Argentina, que ella entiende mantenerlo como doctrina
de su país en toda la integridad del despacho del 29 de diciembre de 1902, que
nuestro gobierno dirigió a su representante en Washington, con ocasión de los
sucesos de Venezuela. Con esa reserva, que será debidamente consignada y que
versa sobre la deuda pública o deuda nacional proveniente de empréstitos de
Estado, la Delegación Argentina aceptará el arbitraje, rindiendo así nuevo
homenaje al principio que tantas veces su país ha consagrado.
Drago, con antelación, no había logrado la admisión de una enmienda que
acordara que el arbitraje se emplearía únicamente luego de acudir a los
estrados judiciales del país deudor, que – como vimos – era lo estipulado por
Calvo casi cuarenta años atrás.
Solicitó, entonces, claramente, se reservara que:
...los empréstitos públicos con emisión de bonos, que constituyen la deuda
nacional, no podrán dar lugar a ningún caso de agresión militar ni a la
ocupación material del suelo de las naciones americanas.[20]
No quedaron dudas: durante el lustro 1902 – 1907 la gestión de Roosevelt
mantuvo la intención de sostener el derecho de intervención exclusivo. Al no
aceptar la posición argentina abortó una actitud que hubiera favorecido la
política de la región. Claro que esa intención tenía largos antecedentes:
aplicado a expandirse en América del Norte, enmarañado en la disputa en
derredor de la esclavitud y la Guerra de Secesión[21]; Washington fue
mezquinando, progresivamente, la amplia trascendencia que en 1823 produjo la
declaración del presidente Monroe.
Del mismo modo – acuciados por su problemática, aislados – los gobiernos
argentinos de entonces poco y nada efectuaron por ampliar los lazos
continentales. Si bien, en su momento, recibieron la Doctrina con afabilidad,
renunciaron a su refrendo. Luego, notaron que la interpretación del postulado
difería de la que él tenían las sucesivas administraciones asentadas en las
riberas del Potomac. Así, el departamento de Estado denegó la apelación
argentina en ocasión de la guerra con Brasil y en el caso de la ocupación de
Malvinas e ignoró las intervenciones francesa (1833 – 40) y anglo – francesa
(1845 – 50).
En síntesis: ambos países no lograron amenguar sus rivalidades. La nota
argentina de 1902, de rechazo continental a las intromisiones de las potencias
extranjeras, fue un exhorto a la acción multilateral , asentado en un
principio geopolítico de concepción panamericanista. Modificó el tratamiento
que sobre el tema mantuvieron durante casi noventa años los gobiernos
nacionales.
Lamentablemente vio la luz en el momento en que los Estados Unidos
proyectaban, inexorablemente, su Destino Manifiesto. Teoría que implicaba
colonialismo a ultranza apoyado en un aparato bélico puesto a su servicio.
LA ADVERTENCIA
La Doctrina Drago, es cierto, suscitó (y suscita) opiniones controvertidas
entre los tratadistas. Pero, a no vacilar, emana de ella un rotundo espíritu
americanista y un llamado de atención aún vigente. Hoy – a poco de cumplirse
su centenario – es notorio que la mayoría de nuestras Repúblicas, deudoras de
poderosas corporaciones supranacionales cada vez más exigentes, se debaten en
situaciones nada felices.
Sus relaciones de intercambio comercial con los países centrales –
proteccionistas a ultranza – basadas en la exportación de commodities y
productos, en general, de bajo valor agregado se torna cada vez menos
favorable. Acosados por los atrasos de los servicios financieros, con mercados
internos pauperizados, inseguridad y desigualdad social crecientes, conflictos
políticos de desenlace incierto (o, mejor, insertos en las bondades de la
globalización, aprendiendo a balbucear el lenguaje común y a la espera de los
beneficios de la teoría del derrame) se impone de manera capital una nueva y
reflexiva lectura de la Doctrina que ha de servir de urgente aviso y necesario
consejo.
Drago nació en Buenos Aires en 1859 y falleció, en la misma ciudad, en
1921.[22]
[1] Luna, Félix: Soy Roca. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1997.
[2] de Vedia, Mariano: Roca. Cabaut y Cia. Paris. 1928.
[3] Su tratado Antropología Criminal – dado lo profundo y agudo de su análisis
- fue traducido y publicado en Italia por Cesare Lombroso.
[4] Drago, Luis M.: Discursos y escritos. Compilados y precedidos de una
introducción por su hijo Mariano J. Drago. Buenos Aires. 1938.
[5] V.V.A.A.: Historia de la Argentina. Ed. Sarmiento. Buenos Aires. 1992.
(Dirigida por Félix Luna)
[6] Drago, Luis M.: La República Argentina y el caso de Venezuela: documentos,
juicios y comentarios relacionados con la nota pasada al ministro argentino en
Washington. Buenos Aires 1903.
[7] V.V.A.A.: op. cit.
[8] El presidente aducía que: 1) Los países hermanos podían suponer que
Argentina asumía un papel predominante y de amparo. 2) Se trataría de una
norma fugaz, imposible de mantener si el conflicto bélico se extendía
geográficamente. 3) Se habían tomado cuantiosos capitales financieros de las
potencias centrales por lo que sería inapropiada una exigencia como la que
pretendía sustentar el Canciller (Cf. Ibarguren, Carlos: La historia que he
vivido. Ed. Peuser. Buenos Aires. 1955).
Con su consumada pericia Roca – a regañadientes – aceptó dado que advirtió que
la ocasión – probablemente – lo ayudaría a mermar la indiferencia y el
descontento que, en general, habían provocado los recientes acuerdos con Chile
(“Pactos de Mayo”, junio – julio de 1902) que fueron, a todas luces,
favorables a nuestros vecinos. En efecto, Chile incorporó 94.000 Km2 de la
Puna y quedó con las manos libres en Antofagasta, Tacna y Arica. (Cf. Ferrari,
Gustavo: Conflicto y paz con Chile (1898 – 1903). Eudeba. Buenos Aires 1968)
[9] Bra, Gerardo: La Doctrina Drago. Cedal. Buenos Aires 1990
[10] Trias, Vivian: Imperialismo y geopolítica en América Latina. Ed. Jorge
Alvarez. Buenos Aires. 1969.
[11] Gallegos Ortiz, Rafael: La Historia política de Venezuela de Cipriano
Castro a Pérez Jiménez. Imprenta Universitaria. Caracas 1960.
[12] Rourke, Tomás: Gómez, Tirano de los Andes. Claridad. Buenos Aires. 1940.
[13] Bra, Gerardo: La Doctrina Drago. Artículo publicado en Todo es Historia,
Nº 195. Buenos Aires. Agosto 1983
[14] Drago, Luis M.: La República Argentina...
[15] Silva, Carlos A.: La política internacional de la Nación Argentina.
Buenos Aires. 1946
[16] Drago, Luis M.: Discursos ...
[17] Bra, Gerardo: op. cit.
[18] Perkins, Dexter: Historia de la Doctrina Monroe. Eudeba. Buenos Aires
1964. Cf. – además – Rosa, José M.: Historia Argentina. Ed. Oriente. Buenos
Aires. 1977 y Bra, Gerardo: artículo citado.
[19] Weimberg, Albert K.: Destino Manifiesto. El expansionismo nacionalista en
la historia norteamericana. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1968
[20] Drago, Luis M.: Idem.
[21] Faulkner, Harold: Historia económica de los Estados Unidos. Ed. Nova.
Buenos Aires. 1956
[22] Udaondo, Enrique: Diccionario biográfico argentino. Buenos Aires. 1938.
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