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Los golpes constitucionales

Emilio J. Cárdenas

 


La comunidad internacional debería insistir para que Honduras no altere el calendario electoral presidencial que tenía en marcha, única manera de que el país regrese al pleno Estado de Derecho.

La secuencia de lo ocurrido en los últimos días en Honduras no sólo es confusa, es también una muestra acabada de cómo algunos, operando desde la propia Constitución, procuran demoler a la democracia y, particularmente, a su sistema de equilibrios, contrapesos y garantías. Lo hacen mientras aparentan respetarlo.

Desde el “eje bolivariano” ha aparecido una modalidad común. Nueva. La de los “golpes constitucionales” que ocurren en un marco de opacidad. El objetivo es siempre el mismo: mantenerse largamente en el poder y concentrarlo fuertemente, transformando a todos los Poderes del Estado en acólitos de la Presidencia, que deviene así la columna vertebral del totalitarismo. Nada más lejano a la democracia. El peligro es real, inmediato y claro. En nuestra región han aparecido “lobos con pieles de ovejas” que, por un sendero diferente al de la década de los 70, procuran encerrarnos en el autoritarismo que en aquel entonces promovieron sin éxito a través de la violencia.

El caso de lo que acaba de suceder en Honduras es paradigmático. Su Constitución (de 1982) parece clara. Cualquier reforma constitucional debe ser decretada por el Congreso, con dos tercios de los votos, para ser luego ratificada por la Legislatura posterior. Más aún, según reza la Constitución (rígida), en su artículo 374, hay en su texto unos pocos artículos “pétreos” que no pueden, jamás, modificarse. Entre ellos, el que establece la duración del período presidencial y el que prohíbe la reelección del primer mandatario.

Quizás por ello la referida Carta Magna dispone que hasta se puede perder la calidad de ciudadano por incitar, promover o apoyar el “continuismo” o la reelección del Presidente de la República. Y que quien propone la reforma de la Constitución (por caminos distintos de los previstos en la Carta Magna) si es funcionario, cesa de inmediato y queda inhabilitado para volver a la función pública por una década. Duro. Pero es así.

Obviamente, la Constitución hondureña reconoce que la alternancia en el poder, como valor central, pertenece a la esencia misma de la democracia. Para los líderes “bolivarianos”, que son totalitarios, la alternancia es anatema, lo contrario de lo que se creen: predestinados de por vida.

Honduras, pese a la claridad de sus normas, está en medio de una crisis profunda, provocada ex profeso por su Presidente, José Manuel Zelaya Rosales, más conocido como Don “Mel”, un poderoso terrateniente maderero y empresario proveniente de la oligarquía local, que luego de haber sido electo Presidente por la fuerza política de centro tradicional de su país, dio una tan inesperada como inmoral “vuelta de campana” para transformarse, de la noche a la mañana, en un “zurdo” más, aliado de Hugo Chávez y Fidel Castro. Un hombre al que, queda visto, la coherencia ideológica y la ética política lo tienen sin cuidado y la lealtad con sus votantes, menos aún.

Su mandato constitucional vence en siete meses. Por ello, Honduras ha convocado y tendrá elecciones presidenciales el próximo 29 de noviembre. Estas elecciones, pese a lo sucedido, se mantienen. Y, de ser necesario, podrían adelantarse. Cual tabla de salvación para preservar el Estado de Derecho.

Razones de la crisis

Zelaya, un hombre de físico imponente y bigote intimidante, ama al poder. Por ello no se resigna a no ser reelecto. De allí que, descaradamente, intentó eliminar todas las restricciones constitucionales que se lo impiden. Con la complicidad de sus asesores bolivarianos.

Para tratar de mantenerse en su cargo pergeñó una repentina convocatoria a una “consulta no vinculante” que era, en rigor, solo el primer paso de una estrategia que pretendía una reforma constitucional que terminara con las restricciones a la reelección. Parecida (no por casualidad) a la que sugiriera Fernando Lugo en el Paraguay, luego de su reciente viaje a La Habana, a abrevar con los Castro.

La instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, conforme al derecho de Honduras, supone la disolución del Congreso Nacional y de la Corte Suprema. De esta manera, Zelaya procuraba deshacerse -de un plumazo- de quienes, tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia, no comulgan con sus ideales.

La aludida consulta popular debió haber tenido lugar el domingo 28 de junio pasado. Así la diseñaba y organizaba Zelaya. Entre gallos y medianoche, hasta con urnas importadas desde Caracas.

Zelaya trató de llevar adelante la referida consulta pese a que ella había sido declarada ilegal, sucesivamente, por el Ministerio Público, el Procurador General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional Electoral y el Comisionado de los Derechos Humanos. Contra viento y marea. Poniéndose por encima de la ley. Su actitud fue repudiada por el Consejo Nacional Anti-Corrupció n, la Iglesia Católica y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

Ante la sensación de que la consulta -ilegal- iba adelante, la oposición política, equivocada, respondió en un primer momento a la propuesta de consulta llamando a un “boicot”, lo que naturalmente era “hacerle el caldo gordo” a Zelaya. Cometiendo así el mismo error que la oposición venezolana cometiera en su momento respecto de los referéndums de Hugo Chávez. Abandonar el escenario supone cederlo al adversario.

Cabe agregar que el Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras es autónomo e independiente y había también declarado “ilegal” ese intento de consulta. Lo mismo había hecho el propio Congreso Nacional de Honduras. Ante esto, el Presidente Zelaya informó a las Fuerzas Armadas su decisión de organizar, de todas maneras, el referéndum. Desoyendo los fallos judiciales y revelándose sin pudor alguno contra la ley. Cual insólito (y ridículo) Luis XIV centroamericano.

El Congreso Nacional designó -con razón- una comisión para revisar la ilegalidad del proceder del Presidente Zelaya. Esa comisión recomendó su inhabilitació n, la que fue aprobada por dicha asamblea por aplastante mayoría.

Cuando, ante lo sucedido, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Romeo Vásquez, se negó a cumplir una orden ilegal, esto es la de custodiar los comicios, Zelaya lo destituyó de inmediato. Lo que originó que las Fuerzas Armadas salieran a la calle, primero sin deponer a Zelaya, para marcar la ilegalidad de la convocatoria, y luego para detenerlo y expatriarlo, aparentemente en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, pero equivocados violando la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia -a pedido del Ministerio Público- había ya repuesto rápidamente al Jefe de Estado Mayor en su cargo, mientras Zelaya nombraba presurosamente a su reemplazante, para simular normalidad.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia o Nicaragua, en Honduras no se han asentado aún ni el ejército, ni los agentes venezolanos. Tampoco ha llegado masivamente la inteligencia cubana. De allí que el Ministerio Público, el Parlamento, el Tribunal Nacional de Elecciones, la propia Corte Suprema de Justicia y el Fiscal Nacional se animaran todos a declarar “ilegal” la conducta del Presidente Zelaya. Su propio Ministro de Defensa, Ángel Orellana, no dudó un minuto en presentar su renuncia.

Siguiendo el procedimiento constitucional para la acefalía, el Congreso de Honduras -ante la negativa del Vice-Presidente en hacerse cargo de la situación- designó a Roberto Micheletti, como Presidente del país. La comunidad internacional, al menos por ahora, rechazó la designación de Micheletti.

Aparece la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA), al considerar la grave situación, decidió conferir a Honduras un plazo de 72 horas para “reponer” a Zelaya en su cargo. Para después, de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre de 2001, en su artículo 21, suspender a Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

Por el momento, las gestiones diplomáticas del Secretario General de la OEA (quien, deseoso de ser reelecto, corteja activamente a los “bolivarianos”) no han tenido resultado. Nuestra Presidente, buscando protagonismo, aceptó acompañar al ex sacerdote marxista, ayer Canciller nicaragüense D’Escoto y actualmente Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un “bolivariano”, y a Rafael Correa, Presidente de Ecuador, y Fernando Lugo, Presidente de Paraguay, también “bolivarianos”, en la materializació n del regreso de “Mel” Zelaya a su país. Lindo grupo.

En un auténtico sainete (pieza dramático-jocosa, en un acto) Zelaya simuló intentar aterrizar de regreso en Tegucigalpa (en un avión venezolano, con pilotos venezolanos, que violó el espacio aéreo de Honduras). Para seguir luego a otro paraíso “bolivariano”: Managua. Y de allí, a El Salvador. Todo cubierto (“en cadena”) por la televisión regional encolumnada por la estatal venezolana Telesur, con locutores con encendido tono de izquierda radical (“cadena” que -de pronto- incluyó insólitamente a la propia CNN). Mientras las cámaras filmaban el alto sobrevuelo de Zelaya, el propio Hugo Chávez salía al aire y nos daba a todos “lecciones de democracia”, lo que es insultante al sentido común. Un “show mediático” increíble, gracias a Hugo Chávez, nuestro nuevo “líder” de la “democracia”.

Lo cierto es que la noción de “golpe” contra la Constitución de un Estado ha evolucionado, aunque la OEA no lo haya advertido. Esa noción va más allá de las asonadas militares que, nadie se engañe, son condenables. El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana habla de dos hipótesis: (i) la ruptura del orden democrático; o (ii) la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado Miembro. Ambas son “un obstáculo insuperable” para la participación en las sesiones y reuniones de la OEA. Hasta ahora las “alteraciones”, por graves que fueren, han sido siempre toleradas, lo que no puede aceptarse y habla de la fragilidad del organismo regional.

La experiencia “bolivariana” nos demuestra que los “golpes” pueden también llevarse a cabo desde el interior de una democracia en funcionamiento, forzando la interpretació n de las normas constitucionales, desnaturalizá ndolas, presionando, intimidando, “apretando”, de modo de destruir -paso a paso- las instituciones de la República, transformando así a las Legislaturas en los conocidos “sellos de goma” y al Poder Judicial en una suerte de “agente” no independiente del Poder Ejecutivo. Como sucediera en la Argentina, precisamente, transformándose en uno de los factores más importantes del contundente rechazo electoral del pueblo a los Kirchner. Siete de cada diez argentinos así lo entendió, votando contra ellos. Por esto no es impensable que la Presidente pudiera haberse unido al “show” de Chávez, pensando en su propio mañana, que se acerca cada vez más ligero.

Quizás sea precisamente por esto que Hugo Chávez (el campeón mundial de las violaciones a la noción de “no intervención” en los asuntos internos de otros Estados) haya desaprensivamente llamado “gorila” y “traidor” a su colega castrense, el general Romeo Vázquez, quien -pese a su proceder torpe- insiste en que ha estado empeñado en cumplir la ley. Chávez prometió “todo su apoyo” a Zelaya, diciendo: “Nosotros estamos aquí como soldados, a la orden de Honduras, apoyando los cambios que tengan a bien conducir”. Otra vez, la “no injerencia” lo tiene sin cuidado. Chávez ya es un riesgo claro para la paz y seguridad regional. Por su militarismo armamentista. Y por su intemperante personalidad.

Frente a lo sucedido, como cabía esperar, Fidel Castro y Hugo Chávez salieron, presurosamente, en defensa de Zelaya. Para ambos, la legalidad son ellos mismos. Para la democracia, la legalidad es diferente, es la estructura íntegra de la Constitución de un país. Sin capítulos que puedan de pronto borrarse a instancias o conveniencias de un líder providencial de turno que, en rigor, lo que procura es perpetuarse en el poder. Esto desgraciadamente no parece haber sido entendido.

La comunidad internacional debería insistir en que Honduras no altere el calendario electoral presidencial que tenía en marcha. Aquel que preveía elecciones presidenciales para el próximo mes de noviembre. Para regresar el pleno Estado de Derecho y demostrar que en Honduras nadie puede, como pretende Zelaya, apropiarse por largo rato del sillón presidencial. Y que, en cambio, debe respetarse la Constitución.

Para terminar, la descripción más ecuánime (y precisa) de la crisis hondureña es la contenida en el excelente documento “Edificar desde la Crisis” difundido por la Conferencia Episcopal de Honduras. Allí, por unanimidad, los once obispos hondureños, liderados por el valiente cardenal Oscar Rodríguez, no sólo describen la verdad de lo acontecido, sino que marcan cuál es el mejor camino de salida: el respeto al calendario electoral. Sin decirlo, confirman lo de Francisco Miró Quesada (desde las columnas de “El Comercio” de Lima): “Las reelecciones inmediatas son la cara oculta de las dictaduras”. Es así. También aquellas en las que la “reelección” se logra usando a la propia esposa. Mientras la crisis no se ha resuelto, Fernando Lugo está de regreso en el Paraguay. Volvió en el Falcon 50, matrícula YU 2346, a nombre de PDVSA, con tripulación militar. Uno de los “valijeros”, que distribuyen petrodólares por la región, para sostener el expansionismo de Chávez. El vuelo del Falcon 50 y su pasajero paraguayo recuerdan aquello de que “para muestra, basta un botón”.

 

(Ver referencias más amplias en www.economiaparatodos.com.ar )



 

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