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PLAN DE R. LAVAGNA PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS

 

 

 
El país tiene una oportunidad histórica que nos ha costado mucho conseguir a los argentinos. Se percibe, sin embargo, que el gobierno ha perdido el rumbo. Comete demasiados errores.

En abril de 2002 asumí con un equipo la conducción de la economía en la peor crisis que tuvo el país. Fue, en realidad, la conducción de la economía más la política exterior, la relación con las provincias, los programas sociales… por la gravedad de la crisis. Cada vez que salía del país había alguna maniobra para desestabilizar. En condiciones extremas pudimos implementar un plan y con el apoyo de la sociedad salimos adelante, ahora también podremos lograrlo.



En definitiva se trata de recuperar el rumbo perdido e implementar medidas concretas para atender los problemas de la gente: el empleo, la educación, la seguridad, la vivienda. No es cierto que para gobernar Argentina sea necesario falsear la inflación, crear enemigos reales o ficticios, enfrentar a unos argentinos con otros argentinos. Eso nos desvía del rumbo. Para retomar el sendero del desarrollo tengo ideas y planes concretos que voy a compartir con ustedes hoy y en el camino a la elección de octubre.

Los primeros cien días de gobierno suelen sellar la agenda de una administración. Por eso, más allá del detalle sobre los doce planes específicos que Ustedes irán encontrando en el sitio www.planlavagna.com (cada semana presentaremos uno de aquí hasta las elecciones), les quiero presentar la agenda, las acciones, programas y proyectos de ley que vamos a impulsar en los 100 primeros días de gobierno:

Nuestro compromiso firme, en esos primeros 100 días, es emprender las
acciones necesarias en el Poder Ejecutivo, con el Congreso Nacional y con el conjunto de los Gobierno Provinciales, según corresponda, para ejecutar un programa de gobierno que

permita crear más y mejor empleo;
permita tener calles más seguras y
lleve a un mayor bienestar general y de los más pobres en particular.

Como gran parte del gasto y la inversión en áreas neurálgicas del programa: vivienda, salud, educación, seguridad, medio ambiente, lo hacen las jurisdicciones provinciales, la primera medida de gobierno -el día uno- será enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de coparticipación federal para aumentar la proporción de los recursos tributarios totales que van a las provincias, con garantía de automaticidad en las transferencias y simplificación y transparencia en el proceso de coparticipación. El aumento de recursos automáticos para las provincias se dará por vía de una participación mayor en los recursos incrementales (coparticipacion incremental) sin alterar la distribución secundaria entre las jurisdicciones provinciales.

El segundo compromiso con los argentinos es

Corregir los desvíos de los dos últimos años y llevar el programa económico de regreso a su curso original.
Dar una lucha integral contra la inflación con la introducción de incentivos a la inversión, promoviendo el empleo y fortaleciendo el superávit fiscal. Un superávit alto es esencial para:

mantener alto el valor del dólar;
bajar las tasas interés,
reducir la deuda publica.

Está demostrado que los controles de precios no sirven como sistema para frenar la inflación, sino que por el contrario, agudizan el problema. El freno a la inflación, en un contexto de alto nivel de actividad económica, es esencial para que vuelva a mejorar la distribución del ingreso y por ende para garantizar que el consumo continúe siendo la “locomotora” de la economía.


I. En materia de empleo y producción: trabajaremos para lograr más y mejor empleo en especial en las Pymes.
Con ese objetivo, impulsaremos las siguientes acciones:

Cero impuesto a las ganancias para las Pymes que inviertan y generen empleo.
Bajar los impuestos al trabajo a los empleos adicionales que generen las Pymes. Esta rebaja se hará convirtiendo las contribuciones patronales de las Pymes en una suma fija (y no una tasa ad-valorem) que permita, además, dar beneficios sociales a los trabajadores que se incorporen a la nómina salarial de las Pymes.
Desgravar la inversión en capacitación técnica para trabajadores menores de 25 años.
Poner en marcha, previa concertación con los sectores productivos, un plan de expansión agrícolo-ganadero que nos lleve a producir 120 millones de toneladas de granos y 70 millones de cabezas de ganado. Los detalles del programa ganadero fueron presentados el viernes 3 de agosto en la rural.
Poner en marcha, previa concertación con los sectores productivos, un plan de incorporación tecnológica y valor agregado en la industria y los servicios.
Suprimir los fondos fiduciarios que paralizan la obra pública y fomentan la corrupción. Ese esquema será reemplazado por inversiones privadas y asociaciones público-privadas (PPPs) con capital privado y tarifa social.
Para asegurar la energía necesaria vamos a darle prioridad absoluta a la ejecución de las obras demoradas en materia de generación de energía eléctrica: suba de la cota de Yacyretá; construcción de las plantas de ciclo combinado de Timbúes y Campana; finalización de Atucha II y a la expansión de la infraestructura de transporte de gas. El financiamiento de las obras se hará con el redireccionamiento de los fondos fiduciarios, con los recursos producidos por la venta -pública y transparente- de las participaciones del Estado como socio minoritario en emprendimientos que no justifican el rol de accionista (aeropuertos, aerolíneas, Telesur, etc.) y con capital privado.
Finalizar los estudios e iniciar la implementación de un programa que contemple en 2007-2011 la construcción de dos nuevas centrales nucleares con una capacidad instalada de 1,600 MW; la incorporación de 600 MW de capacidad instalada de fuente energía eólica; 500 MW de fuente bionergía; 200 MW de fuente geotérmica; 1,830 MW de capacidad instalada de fuente hidroeléctrica. Se prevé, de este modo, diversificar la matriz energética con la expansión de fuentes no convencionales y alternativas al uso de combustibles fósiles
Implementar un plan de uso racional de la energía con especial énfasis en el ahorro del gobierno por la emergencia y para evitar despidos o suspensiones de personal de empresas privadas, tal como ocurre hoy.


II. En materia de seguridad ciudadana: pondremos toda la fuerza de la ley para castigar a los delincuentes y proteger a nuestra gente.
Para ello, impulsaremos las siguientes acciones:

Trazar un mapa del delito para identificar modalidades, lugares y horarios donde se deberá concentrar recursos para aumentar la vigilancia del espacio público. Cada peso invertido en prevención del delito evita tener que multiplicar esa inversión en persecución y castigo.
Promover una reforma administrativa en todas las jurisdicciones para aumentar la proporción de personal policial en las calles en tareas de prevención del delito. La nación auxiliará a las provincias con financiamiento para la adquisición de patrulleros y elementos de seguridad.
Promover la descentralización de la función de seguridad para dar a consejos vecinales, esto es a los vecinos, poder de decisión sobre la elección y la continuidad de los comisarios.
Promover la creación de juzgados y fiscalías especializados para concentrar los recursos, aumentar la probabilidad del castigo y reducir los tiempos procesales para los delitos graves: homicidio, secuestro, robo con armas, violación y abuso sexual.
Crear una policía de elite abocada a los delitos federales con presencia real y efectiva en todo el territorio nacional para combatir delitos complejos como el tráfico de drogas, la trata de personas, etc. Esta policía deberá tener presencia efectiva en el territorio, cosa que no ocurre hoy, para efectuar inteligencia criminal y prevenir la comisión de delitos. El nuevo modelo de fuerza de seguridad incluirá mayores remuneraciones, exigencias de mayor profesionalización y equipamiento nuevo.
Crear un registro de violadores y un régimen de seguimiento y control por parte del Patronato de Liberados.


III. En materia de políticas para erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso: daremos una lucha frontal para terminar con la pobreza extrema en cuatro años.
Con ese objetivo, impulsaremos las siguientes acciones:

Implementar un programa nacional de vivienda social para construir 1,650,000 viviendas en cuatro años lo que permitirá reducir a un tercio el déficit de vivienda en Argentina. Para ello se destinará una inversión de 2 puntos y medio del PIB al año.
Implementar un programa nacional para financiar la jornada completa en todas las escuelas de zonas urbanas pobres del país (alrededor de 5,800 escuelas); las escuelas abiertas sábados y domingos e incentivos para llevar los mejores maestros a las escuelas pobres. En la Argentina, el 94% de los alumnos asisten a escuelas de jornada simple de 4hs, mientras que en países como Perú, Costa Rica, Bolivia o Guatemala los alumnos tienen jornada de seis horas.
Hacer, en el inicio del año escolar 2008, una prueba de nivel en todas las escuelas del país. El último operativo se hizo en 2005 pero los resultados no son públicos. Los resultados serán públicos y servirán para mejorar el rendimiento de aquellas escuelas con resultados no satisfactorios.
Implementar un programa nacional para construir o remodelar en el lapso de cuatro años, 10/15 hospitales de excelencia en el gran Buenos Aires y el interior del país siguiendo el modelo SAMIC (caso Garraham) integrados a una red de centros de atención primaria. Con autonomía administrativa, cargos concursados y financiamiento compartido entre nación y provincias.
Implementar por intermedio de la Superintendencia de Salud y el sistema de obras sociales nacionales (incluido el PAMI) un programa de asistentes terapéuticos a domicilio, especialmente para la tercera edad, que permita mejorar la calidad de la atención y optimizar la utilización de las camas de hospitales
Impulsar un impuesto que grave las ganancias de capital generadas en las transacciones financieras de corto plazo y las resultantes del ingreso de capitales especulativos que no creen empleo o permitan incrementar la producción
Reducir a la mitad el IVA para los alimentos básicos.
Implementar un programa de seguro social universal que beneficie a todos los hogares pobres y que sea condicionado a la presentación del certificado escolar y de salud de los chicos. Este programa reemplazará al Programa de Jefes y Jefas y otros programas de transferencia de ingreso diseñados para la emergencia.
Impulsar una tarifa social para servicios públicos esenciales. La aprobación de este proyecto permitirá eliminar el esquema de subsidios cruzados al sector privado en sectores como la energía y el transporte. Estos subsidios no son transparentes, no benefician a los sectores postergados y no contemplan compromisos de inversión o mejoras en la calidad del servicio.
Separar los recursos de ANSESS y PAMI de las cuentas de ingresos y egresos del presupuesto general para garantizar que esos recursos sean usados exclusivamente para las jubilaciones y los servicios sociales a jubilados, excluyendo otros usos posibles.
Crear cuentas de capitalización individuales e intangibles para los aportantes al régimen jubilatorio que han decidido pasarse al sistema de jubilación estatal.
Reglamentar la ley de aguas, la ley de gestión de residuos domiciliarios y la ley de gestión de residuos industriales entre otras normas que han sido aprobadas por el Congreso pero no son operativas por falta de reglamentación de parte del Poder Ejecutivo. Es imprescindible contar con criterios mínimos uniformes de protección nacional, consensuados con las provincias, a fin de asegurar un umbral seguro de salud y calidad de vida de las poblaciones en todo el país.


IV. En materia institutucional e inserción internacional del país: recuperaremos el equilibrio de una república debilitada por la ambición hegemónica.
Con ese objetivo, impulsaremos las siguientes acciones:

Derogar la reforma al régimen del Consejo de la Magistratura que dio al Poder Ejecutivo el control del proceso de nombramiento y remoción de jueces.
Eliminar los superpoderes presupuestarios que le permiten al Presidente hacer con el presupuesto votado por el Congreso lo que le da la gana.
Reintegrar a los funcionarios del INDEC indebidamente desplazados de sus cargos y elegir los cargos vacantes por concurso. Darle autonomía respecto al poder político y restablecer el apego del organismo a las metodologías estadísticas aceptadas internacionalmente. Proceder de la misma manera para revertir el copamiento político de órganos técnicos como la Comisión de Defensa de la Competencia, el ONCCA, la SIGEN, la Oficina Anticorrupción, etc.
Derogar la ley que dio al Presidente el poder de nombrar y remover a la cabeza de la Unidad que se ocupa del control de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo (la UIF) y establecer un régimen de control colegiado.
Impulsar una ley de acceso a la información pública que garantice transparencia de los actos de gobierno, la rendición de cuentas a la sociedad e incluya la obligación en cabeza del Presidente y sus ministros de dar un mínimo de cuatro conferencias de prensa al año.
Incluir en el directorio de los medios de comunicación del Estado nacional (Canal 7, TELAM, Radio Nacional) y de las empresas relacionadas (Papel Prensa SA) participación de la oposición y también de los trabajadores de esos medios (10%).
Impulsar una reforma política que contemple el voto electrónico, la eliminación de listas sábanas, las tachaduras en las listas, el control de la publicidad oficial y otros aspectos de la agenda de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía y perfeccionar el funcionamiento de la democracia de partidos.
Llevar un mensaje claro a la comunidad internacional: Argentina ha decidido normalizar sus relaciones internacionales con todos los países y guiar su política exterior sobre la base de los siguientes principios:
i) prioridad a la relación estratégica con los países del MERCOSUR con énfasis en la relación con Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile;
ii) mantener una activa participación en los foros multilaterales y en particular en los referidos
al comercio;
la protección del medio ambiente;
la defensa de los derechos humanos y
la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

iii) afirmar nuestra integridad territorial


Estos son los compromisos que asumo con los argentinos.

Es un plan de gobierno de cuatro años. Para dejarle a mi sucesor en 2011 –que, con certeza, no será de apellido Lavagna- un país más próspero y equilibrado que el que recibiré en Diciembre.

En el cuarto y último año de gobierno convocaré a una Concertación Nacional de partidos políticos y de todos los sectores de la vida nacional, que defina los lineamientos estratégicos y políticas de Estado. Estos servirán para enmarcar la campaña electoral y como contribución para la administración que asuma a fines del 2011.

En diciembre de 2011 quiero dejar en manos de una nueva administración una Argentina creciendo sostenidamente, sin volatilidad, sin pobreza extrema, sin violadores impunes, sin patoteros, en buenas relaciones con los otros países y particularmente con los países vecinos. En definitiva, mi compromiso es dejar una república, en todo el sentido de la palabra, en paz, sin miedos, en armonía entre nosotros y con el resto del mundo.


Fuente: PresidenteLavagna.com

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