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UN MATRIMONIO

CONTRA LA NATURALEZA

 

 

 

 

UN MATRIMONIO CONTRA LA NATURALEZA
por Jorge R. Enríquez (*)

Una jueza del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la dra. Beatriz Seijas hizo lugar a un amparo interpuesto por dos hombres contra la decisión del Registro Civil de denegarles el casamiento entre ellos.

Para fundar ese pronunciamiento, que es contrario a la letra expresa de la ley, declaró inconstitucionales los artículos 172 y 188 del Código Civil que establecen que el matrimonio sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, instruyó que no se apelará el fallo judicial, por lo que este quedó firme. De hecho, quienes promovieron el amparo ya solicitaron turno en el Registro Civil para contraer enlace el 1º de diciembre próximo.

Varios comentarios despierta esta situación.

Ante el silencio generalizado - ya sea a favor o en desacuerdo con el tema planteado - de los dirigentes políticos, temerosos de transgredir el severo código verbal de lo “políticamente correcto”, me cabe una vez más procurarle mi voz al ciudadano común, el que, ocupado en su trabajo y en su familia, angustiado por la inseguridad, la pobreza y el desempleo, observa estos temas con preocupación pero no tiene adecuados canales para expresarse.

En cuanto al fondo de la cuestión, entiendo que se está propiciando un cambio de una profundidad tal que importa la modificación de instituciones jurídicas consolidadas a lo largo de siglos.

La humanidad siempre entendió al matrimonio como lo que aparece naturalmente: la unión de un hombre y una mujer. Las normas reconocieron un dato de la realidad, no lo crearon.

El matrimonio y la familia son realidades muy valiosas, que las comunidades sociales se han preocupado históricamente por fortalecer y fomentar.

En ese sentido diversos tratados internacionales, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.16), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.17.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.23.2) sólo reconocen derecho al hombre y a la mujer - esto es no prevén uniones entre personas del mismo sexo- para casarse y fundar una familia.

Desde mis íntimas convicciones religiosas y personales esta verdad no requiere mayor demostración. Pero no es necesario adscribirse a religión alguna para comprobar que el orden natural no admite un matrimonio que no sea el de un hombre y una mujer.

Se pretende incorporar a la institución del matrimonio elementos que atentan contra la naturaleza, alterando una realidad que por su misma índole natural y significado social, debe ser tutelada jurídicamente.

Es por ello que no nos encontramos frente a un hecho privado o una opción religiosa, sino ante una realidad que tiene su raíz en la misma naturaleza del ser humano, que es varón y mujer.

El matrimonio como relación estable entre el hombre y la mujer, que en su diversidad se complementan para la transmisión y cuidado de la vida, es un bien que hace tanto al desarrollo de las personas como al de la sociedad.

Esto no significa alentar ninguna forma de discriminación basada en la orientación sexual, porque el plan de vida de cada uno, los aspectos reservados a la esfera de su intimidad ya están protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos y, por ende, no necesitan ser objeto de una regulación especial. Pero una cosa es respetar una preferencia, un modo de vida, y otra es asignarle determinadas consecuencias jurídicas que fueron elaboradas a lo largo de infinidad de generaciones, para otro tipo de relaciones.

La bandera de la discriminación no resiste el menor análisis. Esta se da sólo entre iguales. Si la ley dice que dos hombres o dos mujeres no se pueden casar entre sí, no está discriminándolos, pues la naturaleza – y no la ley - impiden que puedan procrear y éste es uno de los fines principales del matrimonio.

La ley no discrimina al establecer ese distingo. La discriminación que la ley no puede hacer es la arbitraria, pero esta no lo es porque se origina en la tradición más que milenaria de la cultura occidental y en la propia naturaleza de las cosas.

La norma se limita, entonces, a regular los efectos de aquello que la naturaleza y la costumbre ya han sancionado.

Afirmar la heterosexualidad del matrimonio no es discriminar sino partir de una nota objetiva que es su presupuesto.

Los aspectos privados de las personas deben quedar reservados a su intimidad y en modo alguno necesitan ser objeto de una regulación especial.

Respetar la intimidad de las personas es servir a un principio básico, necesario para la convivencia entre seres humanos. Pero pretender trastocar el orden natural, asimilando al estatuto matrimonial ciertas uniones más o menos prolongadas que no cumplen los fines que la sociedad ha tenido siempre en miras para proteger a la familia, resulta poco atinado, además de jurídicamente erróneo.

Como lo expresara hace algún tiempo en un lúcido editorial “La Nación”, no se debe igualar lo que es esencialmente diferente: “El matrimonio y la familia son realidades muy valiosas, que las comunidades sociales se han preocupado históricamente por fortalecer y fomentar, en respuesta a los mandatos de la naturaleza humana o a motivaciones de carácter religioso o filosófico”.

La tradición en los países de América Latina respeta a las parejas homosexuales, pero protege a la familia concebida a partir de la unión entre un hombre y una mujer, los derechos y responsabilidades que de esa figura jurídica emanan, así como asegurar el bienestar y la educación de los hijos.

Debo añadir, incidentalmente, que como convencional constituyente porteño me opuse a la inclusión en el artículo 11 de la Constitución local de la “orientación sexual” como impedimento para establecer discriminaciones, precisamente para evitar interpretaciones antojadizas como las que ahora se ensayan, y no para cercenar el derecho a la privacidad, que la Corte Suprema ha ido perfilando con gran nitidez desde el caso testigo “Ponzetti de Balbín”.

En el plano normativo nuestra Ciudad exhibe un antecedente respecto a la cuestión planteada en el fallo cuestionado, cuando el 13 de diciembre de 2002, la Legislatura porteña sancionó la ley 1004 de uniones civiles, a instancias de la Comunidad Homosexual Argentina, que tuvo por objeto atribuir a las uniones formales de dos personas mayores de edad que conviven en una relación de afectividad estable y pública análoga a la familiar, con independencia de su sexo u orientación sexual, los mismos derechos y beneficios que la ley civil otorga y reconoce a parientes y matrimonios.

Integrando dicho cuerpo legislativo, fundamenté mi voto en contra por las mismas razones que argumento en el presente artículo, sosteniendo además que la norma era cuestionable desde otros puntos de vista, que son aplicables para el presente caso.

Así entendí que el tema era ajeno al poder legislativo local, toda vez que se regulaban relaciones supuestamente análogas a las matrimoniales, como las que surgían de la ley promulgada, inherentes al ámbito del derecho de familia, que es propio del Código Civil y sus leyes complementarias. Al integrar estos cuerpos normativos lo que se denomina el derecho común o civil, corresponde de manera privativa al Congreso Federal, en virtud del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.

Se creó una figura jurídica para la unión de homosexuales, porque era obvio que ellos eran los únicos destinatarios de la ley sancionada, habida cuenta que los heterosexuales facultados para contraer una unión civil, lo están para celebrar el matrimonio civil y si no lo hacen es porque no les interesa legalizar su unión, exista o no la innovación propiciada.

Vigente el divorcio vincular en el país, era absurdo proponer una figura jurídica superpuesta con el matrimonio civil, la cual podría abrir el peligroso cauce de facilitar, bajo el ropaje de elementos tan subjetivos y azarosos de probar (“relación afectiva y estable de dos personas”), la constitución de uniones fraguadas para desbaratar o conculcar legítimos derechos de terceros o inherentes a las relaciones de familia, u obtener sus integrantes beneficios que, quizás, en virtud de las normas vigentes no le correspondían.

La ley no buscaba, por lo tanto, equiparar a las parejas homosexuales sino privilegiarlas.

En este punto, no existía ni existe en la normativa vigente situación alguna de desprotección para las uniones de personas del mismo o de distinto sexo, porque ellas están suficientemente amparadas por las normas que regulan las sociedades, los condominios, el derecho sucesorio y los seguros de vida, de retiro o de pensión.

Por lo demás, cualquier obstáculo humanitario, como las dificultades para las visitas a los hospitales en caso de internación de alguna de las personas integrantes de esas “uniones de hecho” o la inclusión de los beneficios de las mismas en la obra social, podría haber sido resuelto por una simple resolución administrativa.

En su vista, darle beneficios sociales a las parejas homosexuales es injustamente discriminatorio para con otros convivientes que no lo son. Por ejemplo, facilitar el acceso a la vivienda de dos personas por ser lesbianas, discrimina injustamente a dos maestras jubiladas que viven juntas y no tienen aquella preferencia sexual.

No existe, pues, razón alguna para proteger de modo especial la unión de homosexuales.

El tiempo me dio la razón, porque en los primeros 4 años de vigencia de la norma mencionada fueron sólo 821 las parejas que se unieron civilmente, de las cuales 452 estaban constituidas por una mujer y un hombre, 256 las que conforman dos hombres, y 113 la unión de dos mujeres.

Pero, en cualquier caso, como sostuve precedentemente, este es un debate que siempre le correspondió al Congreso Nacional, en virtud del mencionado art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, por ser el órgano encargado de dictar los llamados códigos de fondo, entre los que se halla el Código Civil.

Lo que ha pretendido la jueza Seijas es asumir plenos poderes legislativos. Ha sustituido a un órgano bicameral, que es elegido popularmente y que representa al pueblo y a las provincias, por una sola persona, a la que la Constitución no le confía la facultad de hacer o modificar la ley, sino tan sólo de aplicarla en los casos que, por los procedimientos regulares, lleguen a su jurisdicción.

Ninguna norma en la Constitución Nacional ni en ningún tratado internacional de derechos humanos impide al legislador argentino definir al matrimonio como lo que siempre fue: la unión de un hombre y una mujer.

Para colmo, la magistrada arguye, entre los fundamentos de su sentencia, que la prohibición del matrimonio homosexual es violatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Ello es falso. Como uno de los convencionales constituyentes que sancionaron esa Constitución en 1996, puedo asegurar que no sólo ningún artículo de dicha ley fundamental dice lo que la jueza sostiene, sino que el tema ni siquiera fue objeto de debate en la Convención.

Pero, además, si así hubiera sido, no se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley nacional porque supuestamente viole una constitución local. La jueza no ha leído, evidentemente, el art. 31 de la Constitución Nacional, escrito en 1853 y adoptado, casi a la letra, de la Constitución norteamericana.

Por otra parte, se trata de una cuestión de derecho civil, en la que sólo pueden entender los jueces civiles. No es un tema que corresponda al fuero contencioso administrativo y tributario.

Finalmente, llama la atención, en virtud de las razones expuestas, la decisión de no apelar el fallo. Es cierto que éste sólo tiene efectos "inter partes" y que no deroga los artículos del Código Civil que declara inconstitucionales. Pero los graves vicios del pronunciamiento -en especial, haber sido dictado sin competencia- justifican, más allá de lo que cada uno piense sobre la validez o la conveniencia del matrimonio homosexual, que un fallo de esa trascendencia sea revisado por los tribunales de alzada y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por lo demás la apelación de dicha sentencia habría permitido un debate más profundo, amplio y generalizado de una cuestión de significativa trascendencia.

Los argentinos necesitamos encontrar, más que nunca, nuestros grandes denominadores comunes, postergando los aspectos más particulares de las ideas de cada uno a fin de no fomentar divisiones, que hoy serían nefastas.

Dr. Jorge R. Enríquez

jrenriquez2000@gmail.com

Viernes 20 de noviembre de 2009

(*) El autor es abogado y periodista

 

 



 


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